La Iglesia cierra el pacto con el Gobierno y el Defensor para reparar a las víctimas de pederastia dos meses antes de la visita del papa a España
La Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones a partir del próximo día 15 de abril.
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El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han cerrado y firmado este lunes finalmente el protocolo para indemnizar y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito.
A partir del próximo día 15 de abril, las víctimas, y a lo largo de un año, prorrogable por otro más, pueden llamar a la puerta del Estado para recibir una "reparación justa". La Iglesia ha accedido a la firma de este acuerdo solo tras un largo tiempo de negociación y de periodos de resistencia. Lo ha hecho apenas dos meses —y unos días— antes de la visita prevista del papa León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio próximos.
"El Vaticano es conocedor del acuerdo. Ha habido conversaciones este mismo fin de semana", afirmó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien también acompañó al rey Felipe VI hace diez días a Roma. Allí, Bolaños se vio con el papa y también con el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado, en una "reunión de trabajo". "El Vaticano ha sido conocedor de esta negociación", remachó el ministro, que quiso agradecer a la Santa Sede sus aportaciones.
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Este protocolo desarrolla el acuerdo que se firmó el pasado 8 de enero. Ese pacto recoge expresamente que la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones. "La Iglesia en ningún caso actúa como juez y parte", manifestó Bolaños. "Se habían dado pasos, pero el de hoy es muy importante. Era una necesidad social, ética y política", dijo el Defensor, Ángel Gabilondo.
El retraso en el cierre del pacto después de la firma de enero, había soliviantado a las víctimas. Uno de los puntos de fricción era qué hacer con quienes ya habían recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024, el sistema PRIVA. Todas ellas pueden acudir a este nuevo sistema. Tanto el ministro Bolaños como el Defensor manifestaron su respeto al trabajo de esa comisión de la Iglesia y a sus profesionales, pero una vez que se abre una ventanilla en la administración, todo el mundo puede acudir a ella, consideraron.
La víctima puede iniciar el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará luego el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.
La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
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El perdón y la confianza
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, habló de que sería bueno explorar la "justicia restaurativa" y admitió que era "verdad" que el plazo que se habían dado "para la firma" era "más breve". "Hemos querido atender rostro a rostro. Hemos querido excluir las referencias a baremos, no se trata de esto. En eso hemos estado de acuerdo las tres entidades. Hemos previsto que los dos equipos de trabajo [el del plan PRIVA y el del Defensor] empiecen a conocerse, pues también compartirán sus criterios. No se trata de establecer cantidades y horquillas".
Argüello destacó: " [Aquí] tiene una importancia grande lo simbólico. Este mismo hecho, que la Iglesia sin estar obligada... aquí estemos. La palabra perdón es una palabra potente. El perdón no sirve sin propósito de enmienda y sin obras concretas, en la jerga eclesiástica se llama cumplir la penitencia", dijo Argüello.
"Hay ámbitos donde la reparación integral es imposible—asumió Argüello—. El daño excede de los acuerdos, de lo que cada uno de nosotros humanamente podamos hacer. Eso no nos exime de abordar las diversas situaciones rostro a rostro. Es muy importante poner el acento en las personas. La experiencia misma de la reparación pide caminar rostro a rostro".
Argüello admitió también que "algunas de las víctimas no han confiado en las congregaciones religiosas". "Insistimos —añadió— en que es posible confiar. Confiamos en el equipo del Defensor y que sea posible una colaboración y trabajar rostro a rostro. La Iglesia ha tomado esta iniciativa y acepta ahora compartir esta iniciativa con la administración publica y singularmente cn el Defensor. Confiamos en el Defensor del Pueblo".
Gabilondo recogió el guante: "Confío en la buena voluntad de los firmantes de este protocolo. Creo en la importancia de la buena voluntad. Si no hay acuerdo, entramos en comisión mixta, en la cual también sería preferible el acuerdo. Espero que no sea necesario discernir si en última instancia no hay acuerdo, pero sé cuál es la responsabilidad del Defensor. Pero solo tras haber trabajado hasta la extenuación por el acuerdo. Esto es un proceso de coparticipación y sin eso, no vamos a llegar a ningún sitio. Y eso se va a concretar en el proceso".
Un número indeterminado
Gabilondo dijo desconocer cuántas personas podrían llamar a la puerta de su institución. Los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica no se han resuelto de manera adecuada y que dé verdadera satisfacción a las víctimas. No hay a día de hoy una cifra conocida, más allá de las aproximaciones que sirven para componer un cuadro que revela un problema de carácter estructural y sostenido en el tiempo.
El Defensor del Pueblo ya hizo público en 2023 un informe demoledor sobre la pederastia en la Iglesia. En ese trabajo, que fue actualizado a finales del año 2024, se encuentran recopilados 681 testimonios, entre directos e indirectos, de abusos a menores (el 83% de sexo masculino), según se puede consultar aquí, en la página 18 de la última actualización hecha pública por el Defensor. 362 se produjeron cuando la víctima tenía entre 6 y 12 años, otros 305 cuando contaba entre 12 y 18 años y otros 14 antes de que cumpliera los seis. Aunque la mayoría de las agresiones informadas por el Defensor se produjeron antes del año 2000, no todos estos casos encajarán finalmente en los requisitos del acuerdo: la casuística de la prescripción es amplia y variada, según abogados penalistas consultados por este medio.
El diario El País tiene contabilizados más de 1.500 sacerdotes acusados y el informe encargado por la Conferencia Episcopal al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, entre críticas de la Iglesia, documentó 1.383 denuncias y 2.056 víctimas de abusos —pero no determinó número de abusadores— desde el año 1905 hasta hoy. La Conferencia Episcopal reconoció en 2023, en un estudio, que hay al menos 2.056 víctimas.
Sin embargo, estas cifras, "no representan más que una pequeña parte de una realidad mucho más extendida", según el informe del Defensor del Pueblo, hecho público en octubre de 2023. El Defensor apuntó entonces, mediante una encuesta, basada en 8.013 entrevistas, que un 1,13% de la población adulta actual había sufrido abusos en el ámbito religioso, lo que equivale a 440.000 personas.
"No sabemos qué cantidad de personas van a acercarse", dijo Gabilondo. "No será lo mismo si nos encontramos con 100 personas que con 500. No tenemos una previsión de gente, lo que tenemos es una voluntad. Si en un año no se llega a resolver este asunto del todo, se puede prorrogar por otro año", añadió al respecto. El Defensor quiso puntualizar: "No se hace un juicio a una institución. En realidad, hay otros ámbitos en los que se producen agresiones sexuales a niñas y niños y hay que abrir esto a otros ámbitos y tenemos que hacerlo todos y hacerlo a través de procesos. [Pero] en la Iglesia es y era singularmente necesario hacerlo, porque se debe y se puede pedir especial ejemplaridad a una institución que vela por las conciencias de las personas, que dirige espiritualmente a personas y que se muestra como una institución de referencia".
Sobre si las víctimas que ya han contado su caso, bien en el Defensor, bien en el Plan PRIVA, deben contarlo de nuevo, Gabilondo dijo: "A las personas que se dirijan aquí, lo que sí haremos es escucharlas. Hay muchas formas de escuchar. Otra cosa es hasta qué punto necesitamos y consideramos suficiente esa escucha. Seremos muy cuidadosos, hemos visto el dolor que supone y no hace ninguna gracia ver a personas de 65 años convertidas en niños en ese instante [cuando recuerdan], y no vamos a jugar con la idea de pasar por eso, pero sí tenemos que escucharlas. Y una vez que escuchemos, haremos una valoración y una propuesta. Y esperamos que, si hay que hablar, podamos debatir y si llegamos a un acuerdo, que creo que es lo que va a pasar, pues estupendo".
Sobre la cantidad de las indemnizaciones, en el protocolo no se especifica ninguna horquilla: "Es verdad —consideró Gabilondo—, pero sí hay unos criterios. Las cosas son de sentido común, edad, intensidad y duración, si es en un lugar reservado donde el disparate es aún mayor o es por alguien de quien se espera un compromiso en valores, con lo cual la decepción en el niño es extraordinaria. Lo cuento porque en todos los baremos del mundo no hay tanta diferencia en los criterios. En la realización de los criterios iremos comprobando y si tenemos que consultar algo, si llamamos a alguna congregación para pedir información, tendremos que trabajar así".
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