El Defensor del Pueblo presentará el próximo viernes 27 de octubre en el Congreso de los Diputados su informe sobre denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.

La presentación de las conclusiones de este trabajo llega un año y medio después del encargo de la mayoría del Congreso, el 10 de marzo de 2022, que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox.

Durante estos meses, la polémica se ha centrado en la participación de la Iglesia en esta investigación. La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha rehusado formar parte de los trabajos que ha dirigido Ángel Gabilondo, si bien ha asegurado que le trasladaría toda la información que se le solicitara.

Así, el pasado 29 de marzo, el presidente de CEE, Juan José Omella, explicó que la Iglesia había entregado al Defensor seis volúmenes con todos los datos recopilados por diócesis y congregaciones religiosas sobre casos de abusos a menores.

En esos seis volúmenes, que formaban un informe de más de 2.000 páginas titulado "Para dar luz", había información sobre 706 casos de abusos sexuales en la Iglesia desde el año 1945, de los que 16 habían tenido lugar en 2022 y 186 habían sido notificados este pasado año en las oficinas diocesanas y en las congregaciones religiosas.

Días antes, durante la presentación de la Memoria del Defensor en el Congreso de los Diputados, Gabilondo avanzó que habían comenzado a pedir información a las diócesis y dijo que éste era "el momento de los hechos" y de comprobar cuál es el nivel de colaboración de esta institución.

Durante su investigación, la oficina del Defensor creó una Unidad de Atención a las Víctimas, compuesto por expertos en los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, en la atención a víctimas y el ámbito jurídico y abrió un buzón para la recepción de testimonios.

Asimismo, expertos de esta unidad han viajado por distintas ciudades españolas para entrevistarse con las víctimas. Además del informe del Defensor, está pendiente la investigación encargada por la CEE al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, que previsiblemente verá la luz el próximo mes de noviembre.