El Gobierno concedió un total de 204 indultos durante el año 2013, lo que supone la cifra más baja registrada durante los últimos doce años, según los datos facilitados por la Fundación Civio. De estos datos destaca el parón que el Ejecutivo llevó a cabo en el mes de junmio, ya que hasta esa fecha había aprobado 150 medidas de gracia. En junio, el Consejo de Ministros ya había aprobado 150 medidas de gracia, según los datos de la Fundación Civio, recogidos por Europa Press.

La mayoría de los indultos del pasado año, como anteriormente, se concedieron a condenados por delitos contra la salud pública (87 de los 204). Estos fueron seguidos por 28 indultos por delitos por lesiones y otros 24 por robo.

Además, la Fundación Civio destaca que tres medidas de gracia fueron concedidas a condenados por detenciones ilegales y secuestros y cuatro por homicidio.

Para encontrar una cifra similar a la del pasado ejercicio hay que retroceder hasta 2001, cuando se otorgaron 245 indultos. Al otro extremo de la escala está el récord del año 2000, cuando se registraron un total de 1.744.

Aunque la cifra de medidas de gracia fue muy baja el pasado año, el tema de los indultos ha sido bastante mediático, lo que ha podido provocar ese descenso. Notorio fue el indulto al Kamikace condenado a 13 años de prisión por causar la muerte de un joven de 25 años tras conducir durante cinco kilómetros en dirección contraria por la AP-7, en el tramo entre Silla-San Juan, en diciembre de 2003. El Gobierno le indultó y a los pocos días se conoció que el condenado fue defendido por el bufete de abogados en el que trabajaba el hijo de ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón.

El Tribunal Supremo anuló este indulto, concedido con el informe en contra de la Audiencia de Valencia y de la Fiscalía. El abogado concreto que defendió al kamikaze fue Esteban Astarloa, hermano del actual diputado del PP y exsubsecretario del Ministerio de Justicia y exsecretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, que ocupó esos cargos en el Gobierno hasta 2004.  

Este año el Gobierno tiene de nuevo multitud de peticiones sobre la mesa, algunas de personajes públicos como el exjuex Baltasar Garzón -cuya petición ha generado mucha controversia por el retraso en su respuesta y el extravío de su expediente -, el expresidente de Baleares Jaume Matas, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz o el expresidente del Sevilla C.F. José María del Nido.

También ha sido duramente criticas los indultos a miembros de la Fuerzas de Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas, condenados por delitos de torturas y lesiones. El debate también se llevó al Congreso por varios grupos parlamentarios, e incluso jueces y juristas han criticado la potestad del Gobierno para conceder medidas de gracia que den pie a "indultos escandalosos".

El pasado octubre, más de 150 juristas progresistas redactaron una propuesta alternativa a la actual Ley de Indulto [promulgada en el año 1870], para limitar por vía indirecta el actual poder omnímodo que el Gobierno tiene en esta materia, al establecer que las medidas de gracia sólo podrán ser solicitadas por el tribunal sentenciador, y no directamente por el penado, ni por el propio Ejecutivo, ni por la Fiscalía, como dice el texto actual, vigente durante los últimos 143 años. En enero del 2014 el Gobierno se negó a modificar la actual ley.