¿Pueden el Gobierno y los partidos llamar prevaricadores a los jueces?

"Jueces prevaricadores". La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, definió así la pasada semana en el Pleno las actuaciones judiciales en el marco de las investigaciones a líderes independentistas. Acusaciones similares se verbalizaron por parte de otros grupos como ERC, EH Bildu, BNG, Sumar o Podemos. 

Unas palabras que sentaron muy mal en la judicatura y que provocaron una nueva reacción airada de diferentes asociaciones judiciales y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No era la primera vez. Ante este tipo de situaciones surge una pregunta: ¿Qué puede suponer a nivel legal criticar a un juez? ¿Y a nivel político? 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dice que los jueces y juezas, al formar parte de una institución fundamental del Estado, el Poder Judicial, están sujetos a unos límites más amplios de crítica aceptable que los ciudadanos ordinarios, los que no ocupan cargos públicos.

Es decir, los miembros de la Carrera Judicial pueden ser criticados por el ejercicio de su labor jurisdiccional y el margen de crítica que han de soportar es más amplio, igual que en el caso de los miembros del Gobierno, que los que amparan al resto de la ciudadanía, en el contexto de los delitos contra el honor. 

Pero ¿es un delito llamar prevaricador a un juez si no ha sido condenado por ello? Depende del contexto, indican fuentes jurídicas a este diario. Un juez prevaricador es el que dicta una sentencia o resolución manifiestamente injusta a sabiendas de su injusticia. Acusarle públicamente sin que haya una sentencia que diga que el juez es prevaricador podría suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad, por haberle imputado un delito a sabiendas de su falsedad. La pena que recoge para ello el Código Penal es de entre seis meses y dos años de prisión.

Protección parlamentaria

Sin embargo, en el contexto del debate político el escenario es distinto. Los parlamentarios gozan de inviolabilidad, aun después de haber cesado en su mandato, por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, según recoge, entre otros textos, el Reglamento del Congreso de los Diputados. 

"Llamar a ciertos jueces prevaricadores en ese escenario del Parlamento no es delito, por supuesto. Equivale a decir que sus actuaciones son arbitrarias, inoportunas. Es una crítica política legítima", opina el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. 

El descalificativo "prevaricador" que se profirió desde la tribuna del Congreso durante la fracasada tramitación de la ley de amnistía iba dirigido a jueces concretos, relacionados con las causas del procés independentista: Manuel García Castellón, Joaquín Aguirre y Manuel Marchena. 

La jurisprudencia del Supremo

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en alguna ocasión sobre el asunto de los descalificativos hacia jueces y considera que hay que analizar caso por caso. El TEDH, por su parte, sostiene que es necesario proteger a los jueces de los ataques verbales ofensivos que puedan recibir en el ejercicio de sus funciones, "debiendo examinarse en cada caso las circunstancias concurrentes y la aplicación del parámetro de proporcionalidad, tomando en consideración la injerencia litigiosa a la luz del conjunto del asunto, incluido el tenor de las expresiones referidas y el contexto en el cual fueron formuladas, así como si la injerencia en cuestión era proporcionada a los fines legítimos perseguidos". 

Este extracto procede de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que, aplicando la doctrina del TEDH, anula la condena a un abogado que había acusado de prevaricación a un juez, en el trascurso de un procedimiento penal en el que había participado.

Hay que recordar que el colectivo de abogados y abogadas está protegido en cuanto a su libertad de expresión en el ejercicio de su profesión, en aras del derecho a la defensa de toda persona. 

Pese a esto, el Juzgado de lo Penal 1 de Vigo condenó a un abogado por un delito de calumnias, por haber actuado con "la intención de atentar contra el honor" del magistrado titular de un juzgado de instrucción, imputándole "falsamente la comisión de un delito de prevaricación en escrito de un recurso de apelación". 

La condena fue una multa de seis meses a razón de 12 euros diarios. El abogado condenado recurrió y ahora el Supremo le absuelve, al entender que sus críticas y la acusación de prevaricación al juez, que no fue realizada sabiendo que era falsa, están amparadas en su libertad de expresión. 

El CGPJ no ampara siempre a los jueces de las críticas

Junto con la amnistía, para los independentistas está en juego clarificar el lawfare o guerra judicial que ha sufrido el entorno del procés. En este sentido, el CGPJ ha instado al Congreso y al Senado para que se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren en las comisiones de investigación constituidas sobre este asunto. 

Además, reclama a las Cortes que aseguren "en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando críticas desmedidas que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial". 

En cuanto a la petición de amparo del juez Manuel García Castellón, el CGPJ ha decidido dejarla en suspenso hasta que el Supremo decida si la causa de Tsunami Democràtic continúa en manos de este juez de la Audiencia Nacional.

No siempre ampara el CGPJ a los jueces que lo piden frente a las críticas. Por ejemplo, en 2015 rehusó amparar a los magistrados de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez Valcárcel por la excarcelación del etarra Santi Potros. 

Estos jueces denunciaron "las injerencias por parte del Poder Ejecutivo" y acusaron a la entonces la cúpula del Gobierno de Mariano Rajoy de pretender "perturbar su independencia". 

Más recientemente, ha denegado el amparo al magistrado José Ricardo de Prada, de la Audiencia Nacional, al que un senador del PP le había acusado de dirigir lawfare contra su partido. Este juez es uno de los redactores de la sentencia de Gürtel, que condenó al PP como beneficiario a título lucrativo.

¿Qué hace el PSOE con estos casos?

Al contrario que los partidos independentistas y el espacio hacia su izquierda, en el PSOE miden mucho sus palabras sobre las actuaciones judiciales. "Respeto" es uno de los mensajes más repetidos. De esa línea, sin embargo, se salió hace unas semanas la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. Afirmó, en una entrevista, que García Castellón tiene "cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno". 

La derecha salió entonces en tromba. El PP pidió su reprobación en el Senado y los miembros del CGPJ caducado hace cinco años emitieron un comunicado en el que rechazaban con dureza las palabras de Ribera. Ante el terremoto, Moncloa transmitió enseguida un mensaje de respeto al poder judicial que sonó como una clara rectificación a la vicepresidenta tercera.

De hecho, los socialistas recuerdan que han sido las filas del PP quienes han hecho críticas más duras la judicatura. Recientemente el dirigente popular Esteban González Pons definió al Tribunal Constitucional (TC) como el "cáncer del Estado de Derecho" y luego se disculpó por la comparación. 

Públicamente, por tanto, en el PSOE no dan pasos dialécticos referidos a las críticas a los jueces. En privado, eso sí, fuentes de la dirección socialista no ocultan su hartazgo. Especialmente tras los últimos movimientos judiciales que afectan a Puigdemont. Apuntan incluso a que el objetivo no es la ley de amnistía en sí, sino que estos poderes -políticos, mediáticos y también judiciales- quieren acabar con la legislatura. 

¿Qué opinan los expertos?

¿Por qué el PSOE no critica a los jueces? ¿Puede hacerlo? ¿Le conviene hacerlo? Varios expertos analizan el asunto para Público. Para el politólogo y profesor universitario Pablo Simón, es evidente que en España existe "un problema de politización de la Justicia y de judicialización de la política". Eso se concreta, por un lado, en que "los políticos tienen mucha mano a la hora de influir en los nombramientos judiciales". 

Por otro lado, Simón apunta a que una manera "muy práctica de desembarazarte de tus rivales" políticos para emplear "la pena de telediario" es recurrir a acusaciones que se judicializan, imputaciones que suponen presión y provocan dimisiones, asociaciones pantalla que ponen querellas y jueces "que manejan los tiempos". 

En lo que a comunicación política se refiere, Simón distingue entre tres niveles. La impugnación total que hacen los partidos independentistas al sistema judicial, la posición de Sumar o Podemos, que hablan de "democracia imperfecta" porque han sufrido casos en sus propias carnes y, finalmente, un PSOE que no quiere entrar en el cuerpo a cuerpo. "Entienden que hay cosas que se pueden decir y otras que no en una democracia" para no provocar una "crisis institucional grave", afirma el politólogo. En definitiva, es una ejemplo de las "diferencias ente lo que puedes pensar y lo que puedes decir". 

En términos tácticos, según Simón, al PSOE no le conviene este choque abierto porque los socialistas, al contrario que su izquierda, sí que tienen dentro de los fiscales y jueces asociaciones más cercanas a sus posiciones. "Tiene que contemporizar con estos sectores porque si no te lanzan un comunicado, como ya pasó hace unos meses. El PSOE entiende que no puede perder esos apoyos", afirma Simón. 

Para Simón, este asunto no tiene solución fácil porque la colisión va a continuar y va a haber un desgaste en ambas direcciones. "Es algo que puede darse toda la legislatura porque realmente el Gobierno quiere hacer algo que no depende de ellos. Pueden tener el compromiso de la ley de amnistía, pero no pueden garantizar que se aplique como quieren, ya que los operadores judiciales son independientes", añade. 

Arantxa Tirado, politóloga y doctora en Relaciones Internacionales, destaca que debe haber un reconocimiento de que los jueces se extralimitan de sus funciones judiciales y entran en el terreno de lo político. "En la medida que se extralimitan y entran en ese espacio, haciendo activismo judicial, la consecuencia es que se exponen claramente a la crítica política. Si quieren hacer política, deben estar expuestos también a la crítica política", apunta. 

La politóloga considera insólito que se hayan producido manifestaciones de la judicatura contra un pacto político, en este caso entre el PSOE y Junts. "Los jueces tienen ideología, como es normal. El problema es que meten su ideología de por medio para interpretar la ley de una manera condicionada por esa ideología", señala. 

"El PSOE es un partido de Estado, uno de los puntales del régimen del 78 que ha asumido todo el relato de la Transición. Considera nuestra democracia como plena, que no tiene problemas que se arrastren desde la herencia franquista. El PSOE, en tanto garante de ese relato, no puede romper su propio discurso", apunta Tirado sobre las causas de que los socialistas no den el paso para impugnar directamente a los jueces. 

A pesar de ello, la politóloga considera que el PSOE ha dado pasos impensables hace unos años. Como las palabras de Ribera o poner en un papel, el del pacto con Junts, el término lawfare, que también ha sido mencionado por el propio Sánchez y otros ministros como Óscar Puente. El presidente también ha usado un concepto como "derecha judicial". Aparte del reconocimiento en privado pero transmitido a los medios sobre las injerencias judiciales. 

Los precedentes de América Latina

Autora de un libro titulado El Lawfare: golpes de Estado en nombre de la ley (Akal, 2021), Tirado considera que lo sucedido en América Latina ha podido también alertar al PSOE en este sentido con casos como los de Rafael Correa, Cristina Fernández o Lula Da Silva. "A los que hablábamos de lawfare nos acusaban de querer tapar los casos de corrupción. Pero se fue viendo cómo se cargaron estos liderazgos con gente del poder judicial de ultraderecha, como se ha demostrado. Son enemigos ideológicos del PSOE. En el PSOE saben lo que ha pasado", destaca. 

"La sociedad española está cambiando, el PSOE también y el mapa geopolítico está cambiando, hay una derecha y ultraderecha que está embistiendo. Si no marcas una distancia, te van a comer", apunta. La politóloga considera que con ciertos detalles se está viendo que igual que hay un sector del poder judicial que está haciendo un pulso, el Gobierno está respondiendo a ello. 

Por su parte, el jurista Joaquín Urías parte de una idea clave. "La separación de poderes se inventa en varias direcciones. Cuando se empieza a hablar de estas teorías se pone sobre la mesa la idea de que los jueces no pueden interferir en las tareas legislativas y en otros poderes. Porque el poder que tienen los jueces es tan brutal que hay que ponerle límites. La separación de poderes se inventa para que los jueces no se metan en política", señala.

Pero, según su visión, en estos momentos en España "los jueces creen que pueden interferir libremente en la tarea del legislador y que ni siquiera se les pueden hacer críticas". Para Urías, es un disparate "porque sitúa al judicial como el poder absoluto del Estado sin límites". Algo que supone "un problema grave de España". Porque, recuerda, las leyes las aprueba el Parlamento elegido por el pueblo.

Urías critica también a los jueces vestidos con toga que salieron a protestar a la calle por una ley, a juzgados enteros emitiendo declaraciones por una ley y declaraciones de jueces contra un Gobierno. "Creo que las críticas a las resoluciones judiciales son lícitas y necesarias. El poder judicial se tiene que acostumbrar a recibir críticas a sus decisiones. Seguramente eso no lo pueden hacer los órganos de Gobierno porque contribuyen a deslegitimar a los jueces", opina Urías.

Pero matiza que esto debería ser así en situaciones normales donde los jueces se someten únicamente a sus funciones. No es, según Urías, la situación española. "Incluso que el Gobierno lo haga en la situación actual no debería suponer un problema. No miremos a la vicepresidenta que dijo eso (Teresa Ribera), sino al problema verdadero que tenemos en España, que son jueces que no tienen control ni apariencia de imparcialidad", argumenta.

Como reflexión final del asunto, este jurista considera que hasta que los jueces "no den un paso atrás y vuelvan a someterse a la ley" la "única solución" que hay de "recuperar la democracia" es a través de la crítica. "No hay otra manera de responder a la invasión constante de competencias democráticas por parte de los jueces", concluye.