El Gobierno del PP y Vox de Aragón remacha la ofensiva contra el catalán en los territorios de habla catalana

Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y los consiguientes pactos poselectorales, han dejado un panorama preocupante para la lengua catalana en distintas comunidades, con la derecha y la ultraderecha gobernando en varias de ellas. Son un claro ejemplo el País Valencià y las Illes Balears, con medidas como la eliminación del catalán como requisito para acceder a la función pública o cambios en la enseñanza combatiendo su uso en las escuelas.

Aragón tampoco se salva de esa ofensiva de los gobiernos del PP y Vox contra el catalán. El nuevo Gobierno autonómico nace del pacto entre ambas fuerzas de derechas con el popular Jorge Azcón como presidente, y con la vicepresidencia para la extrema derecha con Alejandro Nolasco.

El pacto entre PP y Vox se basa en 80 medidas, con un peso muy importante para la ideología. Apuesta por la supresión de ayudas a entidades "de carácter ideológico" y suprimir "organismos ideológicos". Más concretamente, quiere eliminar las "ayudas a entidades sin ánimo de lucro en materia de política lingüística", y que se destinarán a empresas turísticas y culturales que promuevan las fiestas locales y ferias artesanales.

Otro de los objetivos más destacados del nuevo ejecutivo es suprimir la Dirección General de Política Lingüística y trasladar sus funciones a la Dirección General de Cultura y Patrimonio. También quieren revisar la Ley de lenguas y modalidades propias, con voluntad de "prevenir interpretaciones interesadas que perviertan el verdadero espíritu de respeto hacia la libertad de los hablantes".

Además, el programa también contempla velar por la historia y la cultura aragonesa "frente a las manipulaciones interesadas del nacionalismo catalán excluyente y expansionista". El acuerdo programático entre ambos socios incluye la derogación de la ley de memoria democrática aragonesa y se marca el objetivo de reforzar la inspección educativa para "sacar la ideología de las aulas".

Desde la extrema derecha, Nolasco justifica la protección de las variedades dialectales del aragonés oriental. Asegurando que son "firmes defensores de la necesidad de protegerlas" como parte del patrimonio inmaterial de Aragón, advierte que también son "firmes oponentes" que la lengua se utilice como un vehículo de desunión o que se copien modelos como el catalán, vasco o el gallego.

"Solo persiguen dar pasos hacia su construcción nacional, la separación y la ruptura con la unidad nacional", considera el vicepresidente de Aragón. "Por si quedan dudas, en Aragón no hablamos catalán", ha llegado a espetar.

El candidato del PP, Jorge Azcón, superó el debate de investidura en las Corts el pasado 10 de agosto y es el nuevo presidente de Aragón, tomando el relevo del socialista Javier Lambán. Fue elegido por mayoría absoluta, gracias a los 28 votos de los populares, los 7 de Vox y el parlamentario del Partido Aragonés (PAR). Como ya ha ocurrido en el País Valencià, la formación de extrema derecha entra en el gobierno con dos consejerías: la vicepresidencia primera, con Desarrollo territorial, despoblación y justicia, y con la cartera de Agricultura y ganadería.

Preocupación en la Franja y en las entidades

El acuerdo entre PP y Vox en la comunidad se ha recibido con preocupación en la Franja y entre las entidades que defienden la lengua. Según avanzó TV3, crece el temor a que las iniciativas sean un paso previo a más medidas contra el catalán en la escuela, como podría ser eliminar la opción de que se imparta de forma voluntaria como hasta ahora. En caso de que se produzca, se podría realizar una tercera Declaración de Mequinenza, un nuevo frente común por la lengua entre los ayuntamientos de la Franja, las Diputaciones Provinciales y las entidades culturales.

"Actuaremos en consecuencia", aseguró en televisión pública catalana el alcalde de Mequinenza, Antonio Sanjuán. El responsable reivindica que la zona es "absolutamente bilingüe" y no hay "ningún problema" con los dos idiomas oficiales. Pide "no ir hacia atrás, sino hacia delante".

Las entidades que velan por la lengua catalana y su difusión también criticaron las nuevas medidas del ejecutivo, sin descartar movilizaciones. El presidente del Centre d'Estudis Ribagorçans, Enric Marquès, reconoció también a TV3 que "es un choque". "Nos quieren aniquilar. Esto no les interesa", dijo, criticando el cambio de las subvenciones a las ONG por la lengua hacia "ferias, mercados medievales o fiestas de los pueblos".

El País Valencià y las Illes Balears

Tras los comicios del 28-M, el PP logró también la presidencia de los gobiernos autonómicos de las Illes Balears y del País Valencià, en el segundo caso con Vox en el ejecutivo. El ejecutivo valenciano estará presidido por Carlos Mazón (PP) y junto al torero Vicente Barrera (Vox) de vicepresidente y conseller de Cultura. "Garantizaremos la libre elección de la lengua de enseñanza entre ambas oficiales en todas las etapas educativas", ha advertido el nuevo ejecutivo. Esto puede suponer la segregación escolar por motivos de lengua, mientras ahora se exigía un mínimo del 25% de las clases en valenciano en todos los centros.

El valenciano dejará de ser vehicular en todo el territorio, a través de una modificación de la ley para que puedan quedar exentos los alumnos de las ocho comarcas castellanohablantes. Además, el conocimiento de la lengua propia dejará de ser un requisito para trabajar en la administración y el nuevo Consejo tiene intención de eliminar todas las subvenciones a las entidades que defiendan a los Països Catalans o la unidad de la lengua catalana.

En el caso de las Illes Balears, el nuevo Gobierno autonómico está integrado en solitario por el PP y le preside Marga Prohens, pero la popular fue investida gracias a un pacto con Vox. Parte de los 110 puntos programáticos tienen el catalán en la diana.

El elemento más destacado por la extrema derecha es el de fijar la "libertad de elección" de los padres de la lengua de escolarización de sus hijos, lo que en la práctica comportará liquidar el modelo de inmersión lingüística en las Illes, que fija un mínimo de 50% de clases en catalán. El catalán tampoco será un requisito para poder aspirar a una plaza de trabajo en la administración y se eliminará la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüística para crear una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística.