Euskadi será testigo y protagonista de los cambios sustanciales en la política penitenciaria que se aplica contra los presos de ETA. Con la competencia de gestión de Prisiones ya transferida, el Gobierno que dirige Iñigo Urkullu recurrirá a la justicia restaurativa y fomentará que los reclusos puedan acceder a medidas de semilibertad, una medida que, en última instancia, dependerá del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Los cambios que el presidente Pedro Sánchez anunció en el verano de 2018 se han acelerado durante los últimos meses. El Gobierno señaló entonces que se aplicaría otra política penitenciaria, ajustada al nuevo escenario sin ETA. 

En una primera etapa apenas hubo acercamientos u otras iniciativas legales dirigidas a desactivar esas medidas de excepción que, encuadradas en la lucha antiterrorista, se aplicaban contra ese colectivo de presos desde los años ochenta. 

Tras la conformación del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, los tiempos cobraron otro ritmo. A día de hoy, 79 presos han sido acercados a cárceles vascas. Otros 12 están en Navarra, mientras que 84 se encuentran en centros penitenciarios ubicados en la mitad norte de España. 

Salvo 10 presos que se encuentran clasificados en tercer grado, el resto se encuentra en segundo grado. Esto último supone también un cambio: hasta hace apenas unos meses la mayoría seguía clasificado en primer grado, el régimen más restrictivo.

De acuerdo a un artículo del diario El País, el Gobierno Vasco considera que "la política penitenciaria de dispersión no tiene sentido cuando ETA lleva diez años sin actividad", por lo que "los presos de ETA se incorporarán como un preso más". "El criterio para su traslado a cárceles vascas es el cumplimiento de la pena cerca de su lugar de residencia porque facilita su reinserción", señalan las fuentes citadas por ese periódico. 

Movilizaciones en Euskadi

En ese contexto, este sábado tendrán lugar alrededor de 200 movilizaciones en Euskadi promovidas por la red ciudadana Sare, todas ellas organizadas con el objetivo de reclamar que se siga avanzando hacia el fin de la política penitenciaria de excepción. 

Estos actos sustituyen a la movilización anual que se celebra cada enero en Bilbao en defensa de los derechos de los presos de ETA. La situación pandémica hizo que los convocantes readaptaran el formato para evitar las clásicas aglomeraciones que se producen ante este tipo de actos. En su lugar, habrá movilizaciones de carácter local en los municipios vascos. 

En cada uno de esos escenarios se pedirá "el acercamiento de todos y todas las presas vascas, sin excepción y demora"; "el desbloqueo de la progresión de segundo a tercer grado" y del "disfrute de permisos penitenciarios y de la libertad condicional"; así como la "reivindicación de continuar avanzando en pro de la convivencia y la paz, con responsabilidad, respeto y empatía". 

El acto más significativo tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Podemos Navarra participarán en un acto organizado por Sare. También estarán los sindicatos ELA, LAB, UGT, CCOO, CGT, CNT o STEILAS, entre otros. También habrá una representación de la Oficina del Ararteko (Defensor del Pueblo vasco), mientras que varias víctimas de la violencia "han manifestado su interés en asistir, como oyentes, a la mesa redonda", han anunciado los organizadores.