Este lunes se conocía que el sistema de tarjetas monedero para familias vulnerables desplegado el pasado año por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha logrado sus objetivos. Este modelo buscaba sustituir al anterior a la hora de que las personas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social pudieran acceder a una serie de alimentos y de productos básicos.

La fórmula que se usaba antes era la de las "bolsas de comida" a través de los bancos de alimentos, un reparto de productos que originó las denominadas "colas del hambre", un estigma para las familias vulnerables implementado en el imaginario colectivo.

Por este motivo (y también para avanzar hacia una fórmula más eficiente), el departamento dirigido por Pablo Bustinduy implementó el sistema de las tarjetas monedero, con el que las familias pueden adquirir estos productos básicos directamente en un supermercado. El cambio de sistema fue respaldado de manera unánime por las comunidades autónomas en 2021.

Derechos Sociales se fijó el objetivo de alcanzar a 70.000 familias al cierre del pasado año, y a 31 de diciembre de 2024, 70.316 familias en todo el territorio disponían de tarjetas monedero. Aunque esta cifra señala el éxito del nuevo plan (y su capacidad para desbancar al modelo anterior), las diferencias entre las distintas comunidades autónomas a la hora de implementar la nueva fórmula son notables.

El Gobierno destinó una serie de recursos (unos 100 millones de euros) para garantizar el despliegue del sistema, y buena parte de ese dinero se repartió entre las distintas autonomías. La Comunidad de Madrid destaca por la baja ejecución de la dotación que obtuvo en el reparto.

Hasta 10 millones de euros sin ejecutar en Madrid

Al cierre del pasado año (31 de diciembre), el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso sólo había ejecutado 3,2 millones de los más de 13 millones que recibió para desplegar el sistema de las tarjetas monedero, es decir, un 24% de los fondos recibidos. Junto a territorios como Balears o Castilla y León, la de Madrid es la comunidad que menos presupuesto recibido ha ejecutado, con unas 6.000 familias que han podido acceder a este modelo en la región presidida por Ayuso.

Territorios como Galicia, Cantabria o La Rioja han ejecutado el 100% del presupuesto asignado. La ejecución total de los fondos destinados a las tarjetas monedero se cifra en torno al 60%, y uno de cada cuatro euros no ejecutados están en la Comunidad de Madrid.

El último informe de Cáritas-FOESSA (publicado en 2022) cifró en cerca de millón y medio el número de personas en riesgo de exclusión social en la Comunidad de Madrid, una cifra que el Ejecutivo de Ayuso negó.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales se defienden las ventajas de este sistema respecto al anterior; las tarjetas, por ejemplo, permiten acceder a una mayor variedad de productos, incluyendo productos frescos o de otro tipo, como los de higiene femenina, algo que no es posible con las bolsas que entregan en los bancos de alimentos.

Las tarjetas monedero permiten a las familias acudir a un supermercado para adquirir los productos

Además, la cantidad económica mensual que se recibe a través de las tarjetas monedero es muy superior al coste de alimentos que recibe una persona en un banco de alimentos. Respecto al estigma relacionado con las denominadas "colas del hambre", el nuevo sistema permite a las familias acudir a un supermercado con total normalidad.

En total, en 2024 han participado 3.623 supermercados, con cobertura territorial en las 52 provincias y en 1.192 municipios en este plan, que se ha realizado hasta ahora en colaboración con la Cruz Roja. 

Aquellos gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid, que llegado el 31 de diciembre de 2024 (último día para repartir tarjetas monedero en colaboración con Cruz Roja) no hubieran  ejecutado el 100% de los fondos, podrán ejecutar el dinero sobrante durante 2025 (hasta el 31 de diciembre).

Los ejecutivos autonómicos tendrán que poner en marcha sus propios sistemas de entrega de tarjetas monedero y podrán usar los fondos que todavía no hayan ejecutado (en el caso de Madrid, alrededor de 10 millones de euros).