El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración como "zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil" en 118 territorios. A propuesta del Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, el Gobierno inicia de este modo el procedimiento para que todos los damnificados por estas emergencias registradas en España desde el pasado 24 de junio soliciten las ayudas de distinto tipo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Según destacan desde Interior,  desde el pasado 24 de junio, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha sido informado de 118 emergencias. 113 corresponden a incendios forestales en situación operativa 1 o 2 registrados en 16 de las 17 comunidades autónomas, todas menos Euskadi. Se trata por tanto de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.

Los avisos restantes corresponden a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia.

En el caso de los incendios, el acuerdo del Consejo de Ministros recoge las "tres graves oleadas" de grandes incendios forestales.  La primera tuvo lugar a finales de junio, cuando se produjeron diversos incendios forestales en Alicante, Madrid, Toledo, Sevilla y Valencia, todos ellos con situación operativa 1. 

La segunda ola de incendios comenzó el 7 de julio con la comunicación del incendio en la provincia de Tarragona, en situación operativa 2, que deparó la muerte de una persona, seis más heridas y confinamientos de poblaciones. A partir del 11 de julio, se comunicaron incendios en Cádiz, Ciudad Real, Toledo y Valencia. La situación empeoró a partir del 17 de julio y los incendios aparecieron también en Alicante, Ávila y Madrid. El 19 de julio, el CENEM recibe alertas de incendio en Badajoz y Valladolid, y el 20 de julio se suman emergencias en Albacete, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Illes Balears, La Rioja, León, Ourense, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel.

La tercera y más destructiva ola de incendios, según destaca Interior, comenzó el 8 de agosto con la comunicación de incendios forestales en San Bartolomé de Pinares (Ávila) y Brazatortas (Ciudad Real). Desde esa fecha, nuevas emergencias surgieron en León, Navarra, Ourense y Zamora. El 11 de agosto se producen nueve incendios en situación operativa 2, de intensa gravedad. Debido a ello Interior declaró  la Fase 1 de Preemergencia del Plan Nacional Estatal de Emergencias para coordinar la puesta a disposición de todos los medios estatales a las comunidades autónomas afectadas por los fuegos.

El 12 de agosto, el CENEM recibió aviso de 11 incendios más, de la máxima gravedad, y Asturias y Huelva se suman a la lista de provincias afectadas. Desde entonces, los grandes incendios se suceden, afectando sobre todo a las comunidades de Asturias, Castilla y León y Galicia. Actualmente, según ha destacado el propio Marlaska en la rueda de prensa ofrecida en Moncloa, hay 15 incendios que siguen activos en estas tres comunidades en situación operativa 2. 

La consecuencia de todos estos sucesos han sido daños personales, con ocho personas fallecidas y un número todavía por cuantificar de heridos. También ha habido importantes daños materiales, destrucciones graves en infraestructuras y en bienes públicos y privados. Por todo ello, el acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes. "Ciudadanos e instituciones van a tener de su lado al Gobierno y tendrán todas las ayudas necesarias", ha señalado Marlaska en rueda de prensa. 

El Gobierno también prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática).

Según apuntan desde Interior, los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.