'Hay que decir claramente que Blas Infante fue asesinado, no sentenciado'. Así salió del paso ayer el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ante la denuncia de los grupos nacionalistas de no haber hecho nada por anular la sentencia que justifica el fusilamiento de Blas Infante, hace ahora 73 años. 'El peor infierno es la vengaza inútil', dijo parafraseando a la hija del ideólogo del andalucismo, María de los Ángeles Infante, en el homenaje celebrado ayer en la Cámara autonómica.

Infante fue condenado por un tribunal de responsabilidad política cuatro años después de que los falangistas lo asesinaran a tiros en el kilómetro cuatro de la carretera de Carmona (Sevilla). El fallo justificaba el crimen por considerarlo traidor de la patria. El artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada a finales de 2007, declara ilegítimos todos los tribunales creados durante la época de Franco, y, por tanto, las sentencias dictadas por estas instancias.

Los nacionalistas acusan a la Junta de no hacer nada por reparar su figura

Ésta es la razón que alegó ayer Griñán para no tramitar la anulación del fallo, como solicitaron PA e IU poco antes de aprobarse la citada ley. A instancia de estos dos partidos, el Parlamento sacó adelante por unanimidad una resolución en la que se exigía al Gobierno de la Junta tramitar la anulación de la sentencia a Infante en el Tribunal Supremo.

¿Está la Junta entonces atada de pies y manos? Según Miguel Ángel Rodríguez, investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha, el Gobierno andaluz no podría hacer nada. 'La Ley de Memoria Histórica no incluye términos jurídicos fundamentales como nulabilidad o anulación en delitos cometidos de forma sistemática por un Estado; por tanto, la Junta de Andalucía no podría llevar a cabo la nulabidad de la sentencia de Blas Infante', explica.

No obstante, este experto en memoria histórica indica que el primer fallo que se comete con las sentencias del franquismo es 'creer que están anuladas cuando aún se encuentran dentro del marco legal, al considerarse sentencias judiciales con forma y fondo y una base jurídica que no puede tener en ningún caso un asesinato'. La sentencia condenatoria de Infante, dictada el 4 de mayo de 1940, obligó a la familia al pago de una multa de 2.000 pesetas. El pasado domingo, en un acto convocado por nacionalistas, su nieto Estanislao Naranjo Infante rompió simbólicamente una copia y acusó a la Junta de no haber hecho nada por reparar la memoria de su abuelo.

La condena justifica el fusilamiento de Infante por los franquistas

Pese a la polémica, en el homenaje celebrado ayer en el Parlamento, el presidente andaluz Chaves no acudió el pasado año condenó a los asesinos que perpetraron el crimen de Infante en un tiempo de 'violencia incivil'. Griñán añadió, además, que el busto ahora en el patio del Parlamento se encuentra en un lugar mucho más acorde que el anterior. En el hueco de una escalera.

Sin embargo, el líder del PP andaluz, Javier Arenas, consideró 'indigno' el acto, que estuvo 'acompañado por el millón de parados de Andalucía', criticó irónicamente. El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, lamentó por su parte que el Parlamento acogiera un homenaje a Blas Infante 'al margen' del pueblo andaluz, y echó en falta la oportunidad de Griñán para pronunciar un discurso sobre los retos y desafíos que tiene la Andalucía de hoy.