La guerra sucia contra Mónica Oltra: así se fraguó la "cacería de la extrema derecha" que ahora desmonta la Justicia

Mucho han cambiado las cosas desde que Mónica Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano entre 2015 y 2022, dimitió de todos sus cargos ante la imputación por las presuntas maniobras para ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad, que Oltra dirigía.

Ahora, Vox forma parte del Ejecutivo valenciano, junto al PP. Los ultraderechistas ejercieron la acusación popular en la causa contra Oltra y 14 cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad. Este martes el juez ha decretado el sobreseimiento provisional de la investigación por no hallar indicios de delito. Se prevé que las acusaciones presenten recurso. 

Horas después de conocerse el archivo de la causa, Compromís, la formación de Mónica Oltra, le ha ofrecido volver a ser su portavoz.  

Un entramado de extrema derecha

Mónica Oltra siempre defendió su inocencia y achacó la causa a "una cacería de la extrema derecha" y al lawfare (guerra judicial). Ciertamente sospechoso era que la defensa de la menor abusada por el marido de Oltra la ejerciera un reconocido fascista, el líder de España 2000, José Luis Roberto. También levantaba sospechas que además de Vox, la otra acusación popular en la causa la ejerciera Cristina Seguí, fundadora de Vox en el País Valencià (luego abandonó la formación por encontrarla "blanda") y conocida agitadora de extrema derecha en las redes sociales. 

Aunque el auto del juez Vicente Ríos Segarra, titular del Juzgado de Instrucción 15 de València, no valora el papel del entramado de extrema derecha, sí que tumba todas sus pretensiones en cuanto a que existieran consignas por parte de Oltra para tapar los abusos sexuales de su exmarido. 

Los hechos se remontan a 2017, cuando una menor tutelada denunció a Luis Eduardo Ramírez, pareja de Mónica Oltra, educador en un centro de menores. Este hombre ha acabado condenado a cinco años de prisión.

En cuanto las derechas vieron el nombre de la vicepresidenta del Ejecutivo del Botànic salpicado en un asunto tan turbio como abusos sexuales a una joven tutelada emprendieron una campaña de acoso y derribo contra Oltra. Aquella campaña no solo consistió en intentar captar a la víctima de los abusos, ofreciéndole una defensa gratuita, trabajo y hasta un piso en Madrid, como ella misma reconoció en el juzgado.

La estrategia de PP y Vox también consistió en poner en tela de juicio la labor de la Generalitat Valenciana en materia de menores y de la gestión de los casos de menores abusados. 

Cuando en junio de 2022 Mónica Oltra decidió dimitir de sus cargos en el Consell y como diputada de Les Corts al resultar imputada en la causa abierta por la gestión de los abusos sexuales de su exmarido, la víctima, ya mayor de edad, denunció públicamente que su abogado y Cristina Seguí "la habían dejado tirada" una vez que habían logrado el objetivo de la dimisión de Oltra.

La pista del dinero

Pero no solo la ultraderecha de Vox y los neofascistas de España 2000 tejieron una red sobre la víctima para utilizarla políticamente. El PP, dolido por haber perdido el Gobierno valenciano, también mostró conexiones con el entramado contra Oltra. 

Una fotografía tomada en septiembre de 2021 en la estación del AVE de Madrid mostraba aquella conexión del PP. La propia Oltra llevó esa fotografía a Les Corts, el 7 de abril de 2022, mientras clamaba: "Seguid el rastro del dinero".

En dicha fotografía se puede ver a Alberto de Rosa, presidente del Grupo Ribera Salud, hermano del juez Fernando de Rosa, exconseller de Justicia de la Generalitat Valenciana en el Gobierno de Francisco Camps y actual diputado del PP; al propio expresident Francisco Camps y a Cristina Seguí.

La instantánea fue tomada poco después de que la asociación de Seguí,  Gobierna-te, presentara una querella por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Mónica Oltra. 

El Grupo Ribera Salud gestionó durante los gobiernos del PP en el País Valencià dos hospitales públicos, que con el Ejecutivo de coalición entre los socialistas valencianos y Compromís fueron devueltos al Sistema Público. Con aquella medida, Ribera Salud dejó de ganar en torno a cien millones de euros. 

El juez dice en su auto de archivo: "Todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales contra las personas investigadas se han desvanecido por completo una vez practicadas todas las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados".