La Iglesia intenta que Feijóo acepte la regularización de migrantes mientras el PP endurece su discurso

En un contexto en que Vox, con sus discursos xenófobos arrastra al PP hacia posiciones duras, como se ha comprobado esta semana con la presentación de su ponencia política, llama la atención el planteamiento, en este caso nítido, de la jerarquía católica, alineada en tantas cuestiones tácticas y estratégicas con la derecha, en defensa de la ILP de regularización de migrantes, una iniciativa de la sociedad civil, atascada aún en el Congreso. 

Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, que ha pedido elecciones este domingo en ABC en plena presión de PP y Vox al Gobierno tras el estallido del caso Cerdán, es el mismo que este martes mantuvo sendas reuniones "cordiales" con representantes de PSOE y PP, a quienes trasladó la "necesidad" de llegar a algún tipo de acuerdo que permita la regularización administrativa de cientos de miles de personas que ya viven en España. De la reunión no salieron novedades reseñables, según indicaron fuentes parlamentarias, —es muy complicado en este contexto de tanta crispación— tanto de PSOE como de PP, pero sirvió para dejar claro que la jerarquía católica quiere que salga adelante esta ILP.

Una alianza de cientos organizaciones, liderada por la plataforma Regularización Ya, logró reunir alrededor de 700.000 firmas y presentar la ILP en el Congreso, que fue admitida a trámite el 9 de abril de 2024. En esta gran entente del tejido social, hay organizaciones católicas vinculadas a la Iglesia, como Cáritas, que han estado implicadas en todo el proceso de recogida de firmas y de avance hasta llegar al Congreso. A ellos se refirió Argüello este martes: "Se trata de una iniciativa social que no responde a ningún acuerdo del Gobierno ni a ninguna iniciativa de ningún grupo parlamentario. Su origen proviene de la sociedad civil, del tercer sector". 

Hace un mes, el Gobierno, hasta entonces no muy entusiasmado con el asunto, decidió retomar la ILP y trató de avanzar en ella, después del fiasco de la reforma del reglamento de la ley de extranjería. Sin embargo, la sola voluntad del Ejecutivo no basta para sacar adelante la iniciativa: hace falta o bien la concurrencia de la mayoría de investidura al completo o bien, al menos, la abstención del PP. Es bajo este prisma en que la posición de Argüello y la presión que ejerce, sea esta la que sea, sobre el PP de Alberto Núñez Feijóo, adquiere relevancia.

En efecto, solo en uno de esos dos escenarios —o en la coincidencia de ambos— tendría la ILP la mayoría suficiente para salir adelante. El PP ya votó aquel 9 de abril de 2024 a favor de su admisión a trámite —solo Vox, entre todos los partidos, votó en contra—. Argüello, a la salida del Congreso, dio algunas claves de dónde están los puntos de fricción entre los partidos. "No venimos con un proyecto político, sino [a exponer] la situación de personas". 

El momento y el apoyo

Argüello expuso, en una comparecencia ante los medios a la salida del Congreso, alguno de los problemas que afronta la iniciativa ciudadana. Entre ellos, el de los plazos, el punto desde el que plantear la regularización, lo que influye en el número de personas afectadas. "Esto es lo que ha cambiado y lo que da pie a posibles desacuerdos", manifestó Argüello.

Se trata, dijo, de "buscar la vía precisa para lograr [arreglar] la situación de personas que [hoy] quedan en una situación de limbo jurídico. Por eso nos parece importante un acuerdo". El PP no se ha opuesto a una regularización, como sí hace Vox, pero sí ha puesto límites en sus enmiendas. Lo que plantea es que la regularización sea "individualizada" y vinculada a contratos de trabajo. Esta cuestión es rechazada de plano por las entidades promotoras, porque dejaría fuera del proceso a los migrantes más vulnerables, por ejemplo, las empleadas del hogar o las prostitutas.

"Estamos esperando el borrador definitivo para verlo. No queremos demorar esto más tiempo, queremos que se lleve a cabo. Es urgente. Es lo mismo que les dijo la Conferencia Episcopal. ", afirma Victoria Columba, de Regularización Ya, a Público. 

"Es el PSOE el que tiene que hacer un texto y abordarlo. Si el Gobierno quisiese regularizar, ya lo hubiera hecho, el Gobierno quiere [ahora] reparar un hueco que le ha quedado [con la reforma del reglamento de extranjería] y la ILP le es funcional", agrega Columba. En Regularización Ya no creen que el PP vaya a entrar ahora en un acuerdo: "En este momento de crispación, sacar del cajón la ILP es inviable un mínimo diálogo, no han elegido el mejor momento".

La regularización es una medida que la sociedad española apoya mayoritariamente, según una encuesta del año 2024, basada en 2.000 entrevistas, de More in common, una ONG que se dedica a investigar las fracturas sociales en diferentes estados, entre ellos España. El 55% se mostró a favor de la afirmación España debería legalizar la situación de los migrantes que ya están en el país para que puedan trabajar de forma legal, el 35% en desacuerdo y el 10% no sabe/no contesta.

Esa encuesta analizó también la reacción en función del partido político (sobre la expectativa de voto en las europeas pasadas) . El 70% de los votantes progresistas está a favor, y, aunque el electorado del PP está dividido al respecto, vence entre ellos, por los pelos, la opción de un sí: el 48% está de acuerdo, el 45% en desacuerdo y el 8% no sabe. Solo el 22% de quienes se planteaban apoyar a Vox en las europeas estaba a favor de la ILP. 

Impacto en la economía

La Iglesia no es el único poder fáctico conservador que está por la labor de la regularización. Antonio Garamendi, el presidente de la patronal CEOE apoyó de forma explícita una regularización hace un año. "España siempre ha sido un país de acogida, debe serlo", manifestó en abril de 2024. 

Garamendi apostó por la "gestión ordenada" de las migraciones e insistió en que el país tiene una "economía abierta". También dijo que "tener una situación irregular no es bueno" y añadió que "son temas que deben estar regulados", como en "cualquier país moderno".

Diversos estudios exponen los beneficios económicos, más allá de los éticos, obvios, por otra parte, que supondría regularizar a casi medio millón de trabajadores. Según un trabajo de la Fundación porCausa y la Universidad Carlos III, "la irregularidad" de los migrantes "supone para las arcas públicas españolas un coste anual medio de 2.000 euros" por cada uno. En caso de regularización, "la aportación fiscal neta" de cada persona "se incrementaría por encima de los 3.250 euros". Los cálculos son que hasta medio millón de personas podrían tener un horizonte si los partidos lograsen cerrar un acuerdo al respecto.

La última regularización, acometida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2006, que alcanzó a 600.000 personas, generó unos 2.300 millones extra para la Seguridad Social, según un informe de profesores de universidades catalanas. Además, "este cambio de política migratoria aumen­tó las oportunidades del mercado laboral al permitirles entrar en sectores de la economía con menor ocupación informal".