"La paciencia tiene un límite". El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha justificado este viernes la aprobación de la declaración del estado de alarma en Madrid por parte del Consejo de Ministros, y ha esgrimido los datos del avance de la pandemia del coronavirus para cargar con dureza contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. 

"La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada", acusaba el ministro de Sanidad, recordando que sólo en la última semana han muerto 63 personas en la región a causa de la covid-19, y que 498 siguen en las UCIs, "luchando por su vida". "La política está para servir y para frenar al virus", "es la obligación de cualquier gobierno con alma", argumentaba, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.  

Illa ha apuntado que el objetivo del Ejecutivo es "evitar que en el puente se propague el virus sin control", que siga extendiéndose por Madrid y por las comunidades limítrofes. En la región, recordaba, hay transmisión comunitaria, "la atención sanitaria corre el riesgo de verse desbordada", y todo ello pese a que "todavía no hemos llegado al inverno", cuando se espera que las cifras empeoren. 

"En política, el 95% de los temas son siempre discutibles, el 5% no". "Proteger la salud de madrileños es indiscutible", apuntaba. "Se ha llegado aquí porque no se ha actuado por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid", zanjaba. 

Con la aprobación del estado de alarma -en vigor desde su próxima publicación en el BOE-, explicaba, no cambian las medidas a aplicar, ya que esta herramienta sólo presta "cobertura jurídica" para implementar las normas. Estas fueron aprobadas por la Comisión Interterritorial de Salud del miércoles 30 de septiembre, y aplicadas en Madrid el siguiente viernes, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió este jueves no avalar cómo han sido implementadas. Esto es: "Son las mismas medidas".

Con tono contenido, pero visiblemente contrariado, Illa ha criticado con dureza la actuación de Ayuso, y ha recordado todos los intentos del Gobierno por llegar a un acuerdo, desde la petición de ayuda del vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado -el 17 de septiembre-, hasta las tres conversaciones telefónicas que Pedro Sánchez y Ayuso han mantenido en las últimas horas, la última cuando ya había expirado el plazo del ultimátum del jefe del Ejecutivo.

Tampoco ha olvidado que fue Madrid quien recurrió la aplicación de las últimas medidas ante el TSJM, hace una semana, o que, pese a que en otras ocasiones se había valido con éxito de una ley orgánica para dar cobertura legal a medidas similares -Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública-, en esta ocasión ha optado por servirse de una ley ordinaria, a diferencia de "otras comunidades autónomas", que no las han visto tumbadas por los tribunales.

Idénticas medidas

Además de la prohibición de salir y entrar en Madrid y otros ocho municipios, el resto de restricciones aprobadas anteriormente también siguen vigentes: reducción a un aforo de seis personas para las reuniones sociales y familiares, salvo en el caso de convivientes, aforo del 50% en las tiendas y locales y en actividades deportivas, y del 30% en eventos religiosos. Los establecimientos de hostelería y restauración tienen que cerrar a las 23:00 (excepto entrega de comida a domicilio) y no pueden admitir nuevos clientes desde las 22:00.

Estas restricciones se aplican en los municipios de más de 100.000 habitantes que tengan una incidencia superior a lso 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una positividad superior al 10% en los test,  y que estén en una comunidad autónoma que tenga una ocupación de las UCI de enfermos de coronavirus superior al 35%.

Los municipios en los que regirán son, por orden alfabético: Alcobendas ; Alcorcón ; Fuenlabrada ; Getafe ; Leganés ; Madrid ; Móstoles ; Parla y Torrejón de Ardoz