Joder Sánchez y Jordi Cuixart, los respectivos líderes de las dos plataformas que tiran en la calle del carro de la independencia (ANC y Òmnium Cultural), se encuentran en prisión provisional y sin fianza desde el pasado lunes, acusados de un presunto delito de sedición.

Los hechos por los que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó estas medidas cautelares se remontan a las concentraciones en Barcelona de los días 20 y 21 de septiembre, en las que un grupo de independentistas se manifestó frente a la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat, en protesta por los registros de la Guardia Civil en esa sede y por las detenciones de varios miembros del Govern una semana antes del referéndum de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional. Se les acusa de instigar estas protestas en las que varios coches de la Guardia Civil acabaron destrozados.

También está sometido a medidas cautelares por estas protestas el major de los Mossos de Esquadra, Josep Lluis Trapero. No ha pasado ni un mes desde que se incoaran diligencias por estos delitos, pero la magistrada Lamela ya está investigando estos hechos y ha metido en prisión a dos personas por convocar manifestaciones.

La última vez que la Fiscalía llevó ante los tribunales un delito de sedición, que castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Ocurrió en diciembre de 2010. Uno de los acusados fue César Cabo, hoy exportavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y cara visible de la huelga que paralizó durante varios días todo el tráfico aéreo de España.

Ante los contundentes efectos de esa huelga, secundada por todos los controladores, el Gobierno del entonces presidente José Rodríguez Zapatero (PSOE) militarizó el espacio aéreo español y tachó de "chantajistas" a los controladores en huelga. Sin embargo, el paro continuó pese a que Defensa podía obligar a los trabajadores a acudir a sus puestos. Centenares de controladores se ausentaban cada día por supuesta baja médica, asuntos propios y otras formas de absentismo. Ante la situación, Zapatero decretó el 5 de diciembre el estado de alarma por primera vez en la historia y la Fiscalía imputó a más de 600 controladores acusados de sedición y abandono de funciones públicas.

Siete años después, más de una veintena de juzgados han archivado las causas, pero aún quedan algunas pendientes de juicio en los tribunales de Palma de Mallorca y de Madrid. Entre ellas, la de César Cabo y toda la cúpula del sindicato USCA. En una entrevista de noviembre de 2016 para El Diario Montañés, Cabo recuerda la situación: "Estamos pendientes del escrito de acusación y de poner fecha para el juicio". El controlador critica la "justicia desesperante" y denuncia un juicio "atípico y politizado". Los calificativos de Cabo no son muy diferentes de los que se pueden escuchar a varios dirigentes políticos actuales.