El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra de Igualdad Irene Montero han sido increpados al grito de "miserables" y "asquerosos" a su llegada a los juzgados de lo Penal de la capital, donde está previsto el juicio contra el hombre que durante siete meses acosó al matrimonio en su vivienda de Galapagar.

Nada más llegar, un grupo de personas de extrema derecha ha comenzado a insultar y a amenazar a Iglesias y a Montero chillándoles "miserables", "sinvergüenzas" "vende obreros", "asquerosos", "aprovechados" o "a ti tengo ganas de encontrarte yo en la calle", entre otros improperios.

A su llegada, el exvicepresidente ha recalcado que a través de la estrategia "del acoso y la violencia" trataron de que dejaran este país y la política. "Acosaron durante meses a dos ministros de Podemos. Ojalá no haya impunidad y no vuelva a ocurrir. Si fueran ministros del PP y PSOE no hubiera ocurrido", ha dicho.

Montero ha subrayado que Miguel Frontera es "el instigador del acoso que sufrieron durante meses en su propio domicilio". "Es la punta de lanza de una violencia sin precedentes contra una formación política para impedir avances sociales", ha reseñado.

Tras ello, ha recordado que en aquella época había presentadores de televisión que emplazaban a hacer romerías a su casa. "La guerra judicial y mediática siempre ha quedado en la impunidad y esperamos que Miguel Frontera sea condenado", ha señalado.

Cuando la pareja ha accedido a los juzgados, se ha producido un fuerte encontronazo con un hombre que les ha increpado. Pablo Iglesias le ha observado desde detrás de la valla con severidad. "Asqueroso, asqueroso, desgraciado, que eres un asqueroso", le ha espetado el ultra.

En un momento de tensión, Irene Montero ha salido del recinto de los juzgados y ha pedido que interviniera la seguridad. Agentes de la Policía Municipal de Madrid se han acercado a la zona ante los incidentes pero no ha habido ninguna detención. 

El acusado, Miguel Frontera, afronta tres años de prisión por acoso e injurias a la pareja. Según el fiscal, esta actividad provocó una alteración de su vida familiar diaria y de sus actividades "derivada de los ruidos constantes en horarios de descanso de niños de corta edad, así como limitación de movimientos en compañía de los menores por temor a que presenciaran o escucharan expresiones ofensivas para ellos".