IU valora reemprender la querella contra Juan Carlos I por corrupción

Izquierda Unida, el PCE y la Asociación de Abogados y Abogadas de Izquierdas (FAIRADE) valoran "reemprender" sus acciones penales contra el rey emérito Juan Carlos I ante el Tribunal Supremo y ante la justicia de Suiza por supuestos delitos de corrupción en transacciones internacionales, blanqueo de capitales y hasta constitución de grupo criminal, según fuentes de la coalición.

La decisión será adoptada por el equipo jurídico de los querellantes a partir de la próxima semana. Las acciones penales se presentarían ante el Supremo, donde el rey emérito está aforado, y se valora también la personación en la causa que investiga la fiscalía de Suiza contra Juan Carlos I por supuesto comisionista del AVE a La Meca.

En fuentes jurídicas de IU se considera que el inédito comunicado de la casa real emitido este domingo donde Felipe VI repudia de su padre "confirma el grueso de las acusaciones"  que figuraban en su querella que fue archivada por el Supremo.

El comunicado de la Casa Real emitido este domingo reconoce que Felipe VI recibió una carta el 5 de marzo de 2019 de un despacho de abogados en la que le comunicaban que era beneficiario de la Fundación Lucum cuando falleciera Juan Carlos I. Añade que el rey dio traslado de la carta "a las autoridades competentes".

Esto implica que las "autoridades competentes" conocieron la existencia de la fundación off-shore con sede en Suiza en el mes de marzo, mucho antes del 24 de julio de 2019, que es la fecha en la que el Tribunal Supremo archivó la querella de IU.

La querella fue presentada contra Juan Carlos I y su amiga especial Corinna Larsen (antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein), quien en una conversación con el excomisario José Manuel Villarejo se refiere a un terreno en Marruecos, al pago de unas comisiones con la adjudicación a empresas españolas del AVE La Meca-Medina y a cuentas bancarias de las que Juan Carlos I sería titular real en Suiza.

La querella también se dirigía contra el propio Villarejo, el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, así como el abogado suizo Dante Canónica, quien administró la famosa cuenta Soleado a las órdenes de Arturo Fasana y desde donde se captaba dinero de fortunas españolas para enviarlo al extranjero.

La querella se extendía a Álvaro Orleans Borbón, primo de Juan Carlos I y supuesto responsable de las cuentas opacas del rey emérito, según Corinna Larsen. Eran 13 los delitos que se solicitaba investigar: cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

El Supremo sostuvo en su archivo que los hechos denunciados por IU habían sido investigados y archivados por el Juzgado Central de Instrucción número 6, que no elevó al Supremo ninguna exposición razonada en la que "se pusiera de manifiesto la existencia de indicios de criminalidad contra algún aforado ante este órgano".

Pero dicho Juzgado ha reabierto esta pieza (denominada Carol y abierta dentro del caso Villarejo) tras aparecer nuevas pruebas y después de conocerse que la Fiscalía suiza investiga el pago de una comisión millonaria.

El fiscal suizo Yves Bertossa investiga una transferencia de 65 millones de euros por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Mientras, en España, la Fiscalía Anticorrupción, investiga presuntas comisiones ilegales en la concesión del AVE a La Meca.

La fundación off-shore Lucum habría recibido una donación de 65 millones de euros realizada por el rey en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud. El diario The Telegraph ha revelado que Juan Carlos I es beneficiario de esta fundación y, en segundo lugar, Felipe VI.

El diario El País sostiene que en otra fundación, Zagatka, el rey emérito aparece como tercer beneficiario. El propietario de la fundación es Álvaro de Orleans-Borbón, desde la cual se pagaron aviones privados a Juan Carlos I.