Juan Carlos I tendría que declarar ante la Justicia de Suiza si el fiscal le cita antes que el Supremo

El rey emérito Juan Carlos I tendría que declarar ante el fiscal suizo Yves Bertossa si éste decide citarlo en su investigación abierta por supuestos delitos fiscales y de blanqueo entorno a la tapadera 'off shore' con la que se ocultó la fortuna del monarca en el país helvético, superior a los 100 millones de dólares y de los que 65 millones fueron transferidos a su examiga Corinna Larsen.

Los especialistas en derecho internacional y constitucional consultados son unánimes: el rey emérito no posee el privilegio de la inmunidad internacional desde su abdicación y estaría obligado a declarar en Suiza si es citado y se gira a España una comisión rogatoria contra él.

La inmunidad internacional protege a todos los jefes de Estado, pero no reconoce la figura de un rey emérito o rey padre. Juan Carlos I perdió esta protección el día de su abdicación y del acceso a la jefatura del Estado de Felipe VI: el 19 de junio de 2014, aseguran todas las fuentes consultadas.

A partir de esa fecha "no hay inconveniente alguno para investigar y, llegado el caso, juzgar y condenar a Juan Carlos I, como a cualquier otro ciudadano, tanto por las autoridades judiciales españolas como las suizas", explica Ignacio González Vega, magistrado, exportavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia y especialista en cooperación jurídica internacional.

Al otro lado del espectro ideológico, el profesor de Derecho Constitucional y abogado Daniel Berzosa coincide con González Vega: "El Rey Don Juan Carlos I no es inmune, sino que sólo está aforado, desde el momento de la abdicación pero esto no vincula a la legislación suiza. Por ello, la justicia helvética podría instar su declaración en la investigación sobre un supuesto delito de blanqueo que mantiene abierta".

Pacto entre las fiscalías de Suiza y España

Las fiscalías de ambos países han pactado el reparto de las competencias de cada uno. La española investiga a Juan Carlos I y a los empresarios que pudieron participar en estos pagos, mientras que la suiza se encarga del resto de los implicados, como son los gestores y Corinna Larsen.

"El fiscal Bertossa está caliente. Si ve que España no investiga su parte, llamaría a declarar al emérito", dicen fuentes jurídicas.

La Fiscalía española lleva desde el año 2017 investigando esta fortuna oculta. Paralelamente, desde Suiza, se han ido filtrando las informaciones relativas a Juan Carlos I de Borbón, según confirman fuentes judiciales.

"El fiscal Yves Bertossa está caliente. Si ve que  España no investiga su parte, llamaría a declarar al rey emérito", confirman a Público fuentes jurídicas conocedoras de estas investigaciones.

En ese caso sería un juez suizo quien decidiría si cuando se produjo el cobro de los famosos 100 millones de dólares la legislación española e internacional protegía a Juan Carlos I. Y si esta protección se extiende más allá de su abdicación o no para aplicar el principio de reciprocidad entre ambos países.

Suiza, España y el argumento del litigio pendiente

Cuestión distinta es si se abre en España un proceso penal contra el rey emérito. Su abogado, Javier Sánchez-Junco, "podría oponerse a su declaración en Suiza argumentando 'litispendencia'; esto es, que un mismo asunto está siendo estudiado por dos tribunales a la vez", agrega Berzosa.

En el caso de que la Fiscalía española inste un proceso penal contra Juan Carlos de Borbón, su letrado podría tratar de impedir su declaración en Suiza argumentando que tiene un litigio pendiente en España: serían hechos que estarían siendo investigados por el Tribunal Supremo, donde está aforado desde su abdicación.

La Fiscalía española mantiene abiertas unas diligencias informativas que aún no suponen un proceso penal en curso.

Lo habitual en estos casos complejos es que la Fiscalía interponga su denuncia ante la Audiencia Nacional, donde se investigan los delitos cometidos por españoles en el extranjero. El objetivo es investigar a todos los que están alrededor de los supuestos delitos cometidos y, luego, elevar la causa al Supremo al existir un aforado.

En cambio, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha optado por trasladar esta investigación directamente a la Fiscalía del Supremo, sin pasar antes el caso para su instrucción en la Audiencia Nacional.

Expertos en blanqueo analizan la documentación

La Fiscalía del Supremo analiza la documentación enviada por el fiscal suizo dentro del pacto de distribución de competencias que se alcanzó con Bertossa en sus visitas a España durante su investigación.

El equipo está dirigido por el fiscal de Sala del Supremo Juan Ignacio Campos Campos, especialista en delitos económicos.Junto a él trabajan tres fiscales del alto tribunal -Paloma Iglesias Moreno, Juan Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig-, según confirman fuentes fiscales a Público.

Dolores Delgado ha acordado sumar al equipo a Rosa Ana Moran Martínez, Fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional para colaborar con las autoridades suizas.

El equipo de los fiscales recibe el apoyo de técnicos especializados, como investigadores expertos en blanqueo de capitales, según fuentes económicas.

Denuncia en Londres

Más frentes abiertos para Juan Carlos I. Corinna Larsen, su examiga  y beneficiaria de parte de esta fortuna oculta, ha anunciado la interposición en Londres de una denuncia contra el rey emérito. Sostiene que lleva sufriendo acoso, amenazas y una campaña mediática contra ella desde hace ocho años.

En el caso de que se interponga finalmente esta denuncia que prepara el abogado Robin Rathmell -del bufete Kobre & Kim-, Juan Carlos I también tendría que declarar ante la justicia británica si es por hechos ocurridos tras su abdicación, cuando dejó de ser jefe de Estado.

El pasado diciembre, el fiscal Bertossa tomó declaración a Corinna Larsen (antes zu Sayn-Wittgenstein) por el origen del dinero depositado en Suiza y que luego fue transferido a una cuenta suya en Bahamas, así como si existió declaración fiscal ante la hacienda helvética.

Seis meses antes de realizar esta transferencia, Juan Carlos I pedía "honradez" en su mensaje televisivo con motivo de las navidades de 2011. Hablo de la dura crisis económica que azotaba España y destacaba el deber de observar un comportamiento ejemplar.

El origen: una grabación de Villarejo

En una conversación grabada en 2015 en Londres por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, Corinna Larsen sostiene que Juan Carlos I cobró 100 millones de euros como comisión por la construcción del AVE a La Meca. Y que la utilizó como testaferro para ocultar su fortuna de Suiza.

También han declarado ante el fiscal suizo los gestores de este fondo: Arturo Gianfranco Fasana y Dante Canónica, además de empleados del banco suizo donde estaba depositada la cuenta: el banco Mirabaud, con delegación en España.

Tapadera encargada en Zarzuela

La tapadera ‘off shore’ se llamó Fundación Lucum y fue creada en Panamá. Fasana y Canónica montaron este mecanismo encargado por el propio Juan Carlos de Borbón en su despacho del Palacio de La Zarzuela cuando aún era rey, en el año 2008.

Fasana y Canónica gestionaban el dinero por medio de su fondo Rhône Gestion SA. El beneficiario era Juan Carlos I. Designó como heredero a Felipe VI, quien nada más declararse el confinamiento anunció su intención de renunciar a esta multimillonaria fortuna y a la herencia de su padre.

La 'bomba de relojería'

Juan Carlos I aseguró a sus gestores que el dinero procedió de regalos de otros jefes de Estado: 100 millones de dólares del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd en 2008, y 1,9 millones de dólares que recibió del sultán de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa, en 2010.

Este último dinero fue entregado en metálico dentro de un maletín por el propio emérito a su gestor Fasana, según ha reconocido éste último en los interrogatorios publicados por El Español.

El fiscal Bertossa investiga si este dinero era, en realidad, una ‘retrocomisión de las empresas españolas adjudicatarias del AVE a La Meca, entre las que se encuentran ADIF, Renfe, Abengoa, Indra y OHL.

En el año 2012, tres meses después del famoso accidente en Botswana, el entonces rey ordenó cerrar la cuenta de la Fundación Lucum y transferir el dinero que quedaba en ella a Corinna Larsen, a Bahamas. Fueron cerca de 65 millones de dólares.

Larsen argumenta ante el fiscal suizo que el emérito le regaló el dinero por el afecto que le tenía, a ella y a su hijo. Los gestores sostienen que se debió al miedo a ser descubierto porque Suiza había endurecido el control contra el blanqueo de capitales. En palabras de Fasana, era "una bomba de relojería".