¿Qué balance hace de la legislatura en asuntos de Justicia?

Yo la definiría como la legislatura de proyectos inacabados. Los más importantes fueron los de reforma de la Ley del Poder Judicial para los recursos de casación, la doble instancia penal y la nueva oficina judicial y todos esos proyectos han decaído, han muerto en la Comisión de Justicia del Congreso. Esta legislatura ha aportado poco en la modernización de la Justicia.

¿Por qué no se ha renovado el Consejo más de un año después de acabar su mandato?

Se ha puesto de manifiesto que hay dos formas muy enfrentadas de entender cómo debe formarse el Consejo y no se ha encontrado un espacio de consenso entre dos posturas contradictorias de los dos grandes partidos. En esa falta de acuerdo cada uno tiene una parte de responsabilidad.

¿Comparte lo que dijo el ministro de la falta de legitimidad del Consejo en funciones?

Es una polémica artificial. Este Consejo en funciones hace lo que la ley determina y es que debe seguir hasta que sea renovado, con lo cual tiene un sustento de legalidad clarísimo y en una democracia, todo lo que es legal es legítimo. Este Consejo es tan legal como cualquier otro.

¿Le parece bien que se cambie la ley para obligar a renovarlo?

Es una decisión del legislador, pero personalmente creo que la mejor noticia para renovar el Consejo es cambiar la forma de elección de los vocales en el mismo sentido de la primera ley, es decir, elegidos por jueces. Es el modelo de Portugal, de Francia y de Italia, es decir, de los países a los que hemos copiado el consejo superior de la legislatura. Si los doce vocales de extracción judicial fueran elegidos directamente por sus compañeros, sería un factor que forzaría la renovación.

El Gobierno ha propuesto que cuando quede en funciones, se reduzca a una comisión, sin apenas competencias.

Esa medida no es tan apropiada en la lógica del Gobierno de los jueces como en el Gobierno de la nación, donde los ejecutivos dependen de quién gane las elecciones. El Consejo debería de partir de un grado máximo de apoliticidad, es decir, uno debe ser tan parecido a otro como ése al siguiente y no debería cambiar en demérito de otro, porque, en teoría, debería estar marcado por una gran independencia de los partidos políticos.

Otra posibilidad propuesta es la de limitar la capacidad de los vocales para intervenir públicamente en cuestiones políticas.

Debe regularse de forma más precisa el estatuto de los vocales del Poder Judicial, pero no debe limitarse su libertad de expresión, que debe preservarse, porque lo importante no es lo que hagan o digan los vocales, sino el interés de lo que haga el Consejo en los partidos y el problema es que hay una gran apetencia política en relación al Poder Judicial. Debería volverse al espíritu del Pacto de Estado de la Justicia y que volviera a ser no una política de Gobierno, sino de Estado.

Este bloqueo se une al que sufre el Constitucional con las recusaciones.

De las recusaciones no puedo opinar, lo utilizan las partes cuando creen que se ha perdido imparcialidad objetiva o subjetiva y el órgano en cuestión debe dar respuesta. El Constitucional tiene un problema y es que está formado sólo por doce magistrados y no es posible la sustitución, mientras que en el Poder Judicial somos 4.500 jueces y es posible la sustitución de un juez sujeto a una recusación.

El propio Constitucional ha tachado de fraude procesal las recusaciones del PP, ¿le preocupa?

Respecto a las decisiones que adopta el Constitucional yo no tengo nada que decir, ni respecto a las posiciones que toman las partes, un partido político o el Gobierno de la Nación. La única diferencia es que el Gobierno de la Nación está obligado siempre a orientar su actuación hacia el interés general, mientras que un partido puede actuar bajo la naturaleza partidista. Un partido, cuando quiere ganar las elecciones, emprenderá actos partidistas, aunque se acerque al interés general para tener un mayor número de votantes. La decisión del tribunal me merece el mayor de los respetos.

¿Ha funcionado este Consejo como prolongación de la estrategia de oposición del PP?

No, lo que ha habido es un constante juicio de voluntades que se ha extendido a una parte de los vocales, que yo jamás he extendido a otros miembros de la institución y, al igual que yo no puedo acusar a miembros propuestos por el PSOE de actuar en lógica de oposición en la primera parte de su mandato, cuando gobernaba el PP, ni en lógica de apoyo gubernamental ahora, no creo lo contrario, es decir, que los nombrados por el PP estuvieran en lógica gubernamental y luego en oposición. Es un juicio de voluntades que no se corresponde con la realidad; otra cosa es que en el ejercicio de nuestras funciones, hayamos realizado informes o estudios a leyes más o menos críticos con decisiones del Gobierno, de éste y del anterior.

¿Y usted ha actuado más como portavoz de la mayoría conservadora que del Consejo?

Que se diga eso tiene una explicación lógica. Yo he intentado no abusar de mis opiniones personales y no mezclarlas con las del portavoz del Consejo. Yo actúo como portavoz de acuerdos, que son tan legítimos como las leyes que se aprueban por 176 diputados. En esta casa, los acuerdos son legales y legítimos, al margen de que se conforme determinada mayoría y yo actúo como portavoz de acuerdos de esa mayoría y del Consejo, sin perjuicio de que haya determinada minoría que no haya refrendado ese acuerdo. Por ejemplo, cuando yo explicaba el estudio sobre el Estatuto de Cataluña, explicaba un acuerdo del Consejo, al margen de que hubiera vocales discrepantes. Yo no explicaba el acuerdo de la mayoría, sino del Consejo, conformado por una mayoría legal. Siempre he tratado de explicar también la postura legítima y respetable de las minorías.

¿Qué imagen transmiten al ciudadano con acuerdos adoptados por bloques que votan en función de quien les propone?

Somos conscientes todos de que a veces, las votaciones se han producido en bloques muy homogéneos y eso no es una buena imagen, aunque sea lógica en un órgano que hace política judicial. A veces se transmite hacia los jueces y magistrados esa imagen, que puede ser negativa. Respetando lo que cada partido va a proponer en esta campaña, yo personalmente creo que el Consejo podríamos mejorarlo con dos pequeñas reformas: que los vocales judiciales sean elegidos por jueces, como ocurre en países de nuestro entorno, y que los vocales, cuando dejen de ejercer su función de forma anticipada, puedan ser sustituidos por un nuevo vocal por cinco años y no sólo por el periodo que le reste al sustituido. Las renovaciones serían tan parciales que resultaría difícil que los partidos trasladaran sus mayorías al Consejo y con el paso del tiempo, habría una solución de continuidad, mejor que cesar en bloque.

¿Por qué participó siendo portavoz del Consejo en un acto del PP?

Hay precedentes, pero eso es lo de menos. Yo sólo participé en una mesa redonda, acompañado de dos catedráticos de Derecho Administrativo, para exponer mis ideas sobre el modelo de Estado y la Justicia. Lo he hecho en otros foros y estaría encantado de que me invitara el PSOE o un sindicato. No participo en el formato político de esos actos y no debo hacerlo.

¿Cree que la ley del aborto tiene disfunciones que corregir?

Tenemos una legislación muy estable y una sentencia del Constitucional del año 1985 que es muy clara. Son dos parámetros que deben aplicarse para establecer una realidad legislativa adecuada. La responsabilidad de reformar la ley es del legislador y no es una perogrullada, sino para que nadie intente que sea el Poder Judicial al que se le pida que aplique la ley, según la nueva realidad social, lo que supone depositar en los jueces la responsabilidad de asumir un debate de reforma legal que es de los partidos.

¿En esa sentencia, según usted, cabe una ley de plazos?

El TC primó el derecho del nasciturus a poder nacer y sólo con determinadas circunstancias que la sentencia analiza, se puede limitar o extinguir ese derecho y acabar con el nasciturus. Una ley de plazos sólo basada en la voluntad de la madre es algo que tiene que decidir el legislador y el TC si alguien lo plantea. Hoy por hoy no hay un consenso social para cambiar la ley y la responsabilidad de que se abra el debate es de los partidos.

¿Los jueces del 11-M, empezando por Juan del Olmo, tienen razón cuando se quejan de una campaña contra ellos?

Su labor ha sido muy criticada, pero era un asunto de una trascendencia impresionante. El Consejo ha pedido mesura en la crítica y siempre que ha necesitado apoyos se le han brindado, porque, además, la voluntad unánime era la de ser conscientes de la gran responsabilidad que recayó sobre el juez del Olmo y la sala que ha sentenciado en primera instancia.

¿La teoría de la conspiración ha sido justa con el juez del Olmo?

Sigo los medios de comunicación, pero como portavoz sólo valoro la actuación judicial y, en términos generales, se pueden calificar de excelentes tanto la instrucción, que ha sido refrendada por la sentencia de la sala de lo penal, como el trabajo del tribunal sentenciador. Ese trabajo tendrá su colofón en la sentencia que dictará el Supremo. Todo lo demás pertenece al ámbito de la libertad de expresión. Sólo puedo insistir en el derecho a la crítica a las decisiones judiciales, que debe ser mesurada y racional, límites que desgraciadamente se superan en declaraciones como las del lehendakari y la portavoz del Gobierno vasco equiparando las actuaciones judiciales con el terrorismo.

¿El juez del Olmo se ha aprovechado del 11-M por el permiso que ha pedido al Consejo para ir a París a hacer un curso?

En la Comisión Permanente se le concedió el permiso por unanimidad y sin discusión, por entender que era oportuno, que la labor del juez es importante, que es uno de los jueces más preparados en España en la investigación de delitos terroristas islamistas y no creemos, bajo ningún punto de vista, que se haya aprovechado del 11-M.

¿Qué le parece el libro de la mujer del juez Bermudez?

Desde el principio he tratado de no valorarlo ni técnicamente ni en cuanto a su oportunidad.

¿Es posible que el Consejo la oblique a dejar de ser jefa de prensa del Tribunal Superior?

La comisión de Comunicación, que es el órgano que designa a todos los jefes de gabinetes de prensa de España, aunque sean refrendados por los presidentes, ha abierto un debate sobre la polémica del libro y se le ha pedido a Elisa Beni que alegue lo que estime oportuno. Decidiremos luego si como personal eventual sigue manteniendo la confianza del órgamo que la designó.

¿Entiendo que respalda la instrucción y la sentencia?

El Consejo no está para respaldar técnicamente las decisiones de los jueces, sí para respaldar la actuación judicial en su conjunto. Obviamente, desde el Consejo hemos pedido respeto para esos jueces y les hemos ayudado en lo posible. Yo, personalmente, como miembro de la carrera judicial me encuentro muy satisfecho del trabajo realizado por mis compañeros. Pero quien tiene que respaldar es la sala que enjuicia y luego la sala segunda del Supremo.

¿Qué le parece la propuesta del PSOE de que el fiscal asuma la investigación penal?

Es un debate antiguo; yo soy contrario, porque creo que la instrucción le corresponde al juez; otra cosa es que el fiscal pueda colaborar en la investigación penal.

¿Qué le parece la presión judicial contra el entorno de ETA?

Yo hablaría de respuesta de los jueces en aplicación de la ley. A veces los entornos son tan corresponsables de las acciones directamente criminales que, finalmente, los entornos acaban por convertirse en tan criminales como aquello que rodean. Eso es lo que ha ocurrido en ETA y las actuaciones judiciales no hacen más que responder a esa realidad, totalmente alejada de impulsos políticos y, por eso, rechazo lo que dice el Gobierno vasco.

Ya que lo menciona, ¿qué tiene que decir a las críticas del Gobierno vasco a actuaciones judiciales?

Las críticas no sólo se pueden hacer, sino que se deben hacer en una democracia. Lo que fortalece el sistema es que las decisiones puedan ser criticadas y lo que ocurre es que cuando se hacen desde ámbitos de responsabilidad política, han de ser bastante más mesuradas y racionales que desde un ámbito periodístico. Las que se han hecho contra el TSJ y contra la Audiencia no me han parecido adecuadas porque no han sido técnicas, sino que se ha descalificado profesionalmente a los autores y se dice que han actuado por impulsos políticos, lo cual determina una cierta pereza a la hora de buscar argumentos técnicos. No es atendible la descalificación profesional.

¿Eso que llama respuesta judicial bajó durante el proceso de paz?

Yo creo que no. Por fortuna, los jueces siquieron haciendo su trabajo, con la misma lógica, de respeto y aplicación de la ley, y todo ello no fue una tarea fácil porque hubo bastantes llamadas desde líderes políticos a aplicar la norma conforme a lo que se llama la nueva realidad social que no era más que tener en cuenta la voluntad de una banda terrorista que en un momento dado decidió dejar de matar, pero no hay que olvidar que una banda terrorista delinque por el sólo hecho de existir y tener armas. Comete delitos que han de ser perseguidos, al margen de que haya decidido dejar las acciones terroristas durante un tiempo.

¿Deduzco que usted está en contra de ese proceso de paz?

Ni valoro ni he valorado políticamente el proceso de paz. Sólo puedo decir que la única forma de intentar acabar con el terrorismo, que no es más que una forma de delincuencia, es la estricta aplicación de la ley, porque así no hace falta estar buscando unidad constantemente.

¿Se debería instar la ilegalización de ANV y PCTV?

Eso es responsabilidad del Gobierno y del fiscal y eso no es una perogrullada; es que es lo que quiso el legislador, que esos dos órganos sean vigilantes del Estado de Derecho y a ellos les corresponde. Hay una serie de indicios que hacen que esa cuestión esté sobre la mesa y eso ya es significativo. Como mínimo, hay indicios que justifican esa polémica y la mitad de candidaturas de ANV fue ilegalizada, ha participado en actos públicos con miembros de Batasuna, pidió el voto para este partido, no condena los atentados,... Todos estos indicios de forma separada no determinan casi nada, pero todos en su conjunto, como mínimo, plantean la polémica sobre si se debe ilegalizar o no.