Imanol Salinas acaba de iniciar una carrera por su libertad. Este integrante del sindicato LAB en Navarra podría entrar en prisión por haber participado en una jornada de protesta ante la pizzería La Sangiovesa de Pamplona. El juez a cargo del caso cree que en aquella acción, que básicamente consistió en colocar pegatinas y usar un megáfono dentro del establecimiento, hubo coacciones.

Los hechos ocurrieron durante los Sanfermines de 2018. El 6 de julio, coincidiendo con el txupinazo, se conoció que la empresa había despedido a cuatro trabajadores. Al día siguiente, LAB organizó una protesta frente a ese restaurante. Según relata Salinas, los asistentes colocaron pegatinas “llamando al boicot hasta que readmitieran a los trabajadores despedidos”. También entraron a la pizzería con un megáfono, “para comentar a los clientes la situación de explotación” que, según LAB, sufría la plantilla.

“Hubo clientes que se levantaron y se marcharon”, recuerda Salinas. La protesta continuó en el exterior del restaurante, donde las personas concentradas desplegaron una pancarta. “En ningún momento se bloqueó la entrada”, asegura.

Entre otras cosas, el sindicato abertzale quería denunciar los intentos de la empresa de condicionar el voto de los trabajadores en las elecciones sindicales para que apoyaran a UGT y no a LAB. “A los dos o tres días despidieron a la gente que no había votado a UGT”, afirma Salinas. 

La concentración de aquel 7 de julio acabó con la presencia de la Policía Foral fuera del establecimiento. En las jornadas posteriores hubo nuevas movilizaciones, hasta que el conflicto derivó en un acuerdo con la empresa. Sin embargo, la historia no terminó ahí: según ha dado a conocer ese sindicato, Salinas ha sido condenado a 21 meses de cárcel por coacciones, mientras que una trabajadora que enfrentaba una petición de un año y seis meses de prisión fue finalmente absuelta.

Megáfono y carteles

En la sentencia, el juez Emilio Labella –responsable del Juzgado Número 4 de Pamplona- relata que el 7 de julio pasado, ambos acusados, “junto con un grupo de unas 15 personas no identificadas, se situaron en frente del restaurante La Sangiovesa” donde proclamaron “diversas consignas contra la empresa” y solicitaron la readmisión de varios de los trabajadores del restaurante que habían sido despedidos recientemente”.

Señala que Salinas “portaba un megáfono y era quien daba las instrucciones de actuación al grupo allí congregado, dirigiéndolo”, mientras que la trabajadora que finalmente fue absuelta y algunas otras personas “pegaron carteles adhesivos fluorescentes en el exterior del local donde se decía ‘boicot Sangiovesa, despedidos readmisión’, entre otras expresiones similares”.

En su relato, el juez asegura que “en ese momento, el grupo intentó entrar en el local a pesar de que los empleados del restaurante intentaron evitarlo, llegando a empujar a uno de ellos”. “Sin embargo –prosigue-, consiguieron acceder al interior del local y dentro del mismo, haciendo uso del megáfono, continuaron gritando consignas en contra de la empresa mientras los clientes estaban en el interior del establecimiento”, algo que, a su criterio, interfirió “el normal desarrollo de la actividad local”, ya que se impidió a los trabajadores “efectuar sus labores profesionales”.

Sin embargo –tal como consta en la sentencia-, la defensa de los acusados negó que “entraran al local en contra de la voluntad de los trabajadores”, así como que “realizaran actividad intimidatoria alguna o que impidieran la entrada y/o salida del local a los clientes”.

“Pegada indiscriminada”

En otro tramo de la resolución, el juez enumera los hechos que, a su entender, “exceden del derecho a la libertad sindical”. Entre ellos, identifica la acción de “pegar pegatinas por el exterior y especialmente por el interior del establecimiento en plena actividad profesional”, así como “entrar en el restaurante cuando está con clientes contra la voluntad de los trabajadores y empujando a uno de ellos”, además de “emplear un megáfono y dirigirse a los clientes colocando carteles en sus mesas donde se hallan comiendo” y “colocarse con una pancarta en la puerta de entrada al local, impidiendo la entrada y/o salida de clientes o trabajadores”.

Por lo tanto, considera que en este caso “se ha sobrepasado la línea de acción sindical para entrar de lleno en el terreno de las coacciones”. Al analizar las fotografías y videos incorporados a la causa, el magistrado valora incluso que “se observa no una pegada de carteles informativos, que con uno o unos pocos hubieran bastado, sino una indiscriminada pegada de carteles que exige una inmediata limpieza, pues sino la apariencia del restaurante se ve seriamente dañada de cara a que clientes (sic) entren el mismo”. “Eso no es informar, es perjudicar con una acción excesiva”, subraya. Cita además las declaraciones de dos trabajadores que no participaron en las protestas y que apuntalaron el relato de las supuestas coacciones, así como el testimonio de un agente de la Policía Foral que aseguró haber visto “temor” entre los empleados.

Al tener una condena anterior por participar en un piquete en 2012, Salinas se enfrenta a un posible ingreso en prisión. Ante esta situación, su abogada recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. “En vez de sentar a la empresa en el banquillo por tener trabajadores en negro o perseguir la libertad sindical, van a por los sindicalistas que hemos tenido que movilizarnos”, afirmó el sindicalista condenado.