MADRID.- Este lunes comienza en la Audiencia Nacional la vista oral contra 61 socios de Pricewaterhouse Cooper (PwC) por supuestos delitos fiscales estimados en más de 40 millones de euros y que podrían ser condenados a penas de prisión de entre dos y 14 años.

Entre estos supuestos delitos se encuentra que los socios no habrían declarado bonus valorados en 20,9 millones de euros como retribución del trabajo en la operación de venta de PwC Consulting a IBM en 2002.

Los socios que supuestamente defraudaron cantidades superiores a 120.000 euros tienen nacionalidades española, inglesa, francesa, irlandesa y austriaca.

La Fiscalía pide la pena máxima de 14 años y 10 meses de cárcel para Miguel Fernández de Pinedo, expresidente de PwC, así como a los entonces administradores solidarios de la consultora César Rodríguez Ramos y José María Tajadura.

También se solicitan multas que, en el caso de los tres anteriores, superan los 100 millones por defraudar a la Hacienda estatal y a la de Bizkaia por valor de 40 millones de euros.

La acción penal también se dirige contra las sociedades Pricewaterhouse Coopers y sus divisiones Auditores, Asesores de Negocio y Jurídico y Fiscal así como contra IBM Global Services España (como sucesora de PricewaterhouseCoopers Consulting), como responsables civiles subsidiarias por los supuestos delitos cometidos en la venta de la división de consultoría a IBM.

En el escrito de acusación del ministerio público presentado el pasado 24 de septiembre de 2013, Anticorrupción acusa a los socios de PwC de no declarar a Hacienda como renta del trabajo los bonus que recibieron en enero de 2002 por un total de 20,9 millones.

Los socios, según Anticorrupción, incluyeron estas cantidades como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, lo que resultaba de una tributación muy inferior a la que hubiera correspondido. Sin embargo, las negociaciones para la venta a IBM no empezaron hasta julio de 2002. La venta se produjo en octubre.

La fiscalía entiende que, a través de una operación simulada, PwC SL, propietaria de la División de Consultoría, transmitió a sus socios las participaciones de ésta, siendo los socios de PwC y no la sociedad quienes formalmente vendieron la división a IBM.

Tributación correcta, según la auditora

PwC considera correcta y ajustada a derecho la actuación de sus socios en esta operación de venta de la división de consultoría a IBM y rechaza que haya habido una ocultación o defraudación fiscal. La consultora defiende que todas las cantidades fueron declaradas e indica que la Hacienda foral de Bizkaia no ha formulado acusación.

Pricewaterhouse insiste en que la empresa resultante del proceso tiene “la misma” estructura vigente en la actualidad y que el proceso fue público, transparente y comunicado “a los clientes y al mercado, a Hacienda, se hizo ante notario, se inscribió en el Registro Mercantil, se publicó en el BOE y en la prensa”, sostiene en el comunicado que difundió al conocerse el escrito de la Fiscalía.

En cuanto a la cantidad de 20,9 millones percibida por los socios, que según la Fiscalía era un bonus, la auditora afirma que se trató de una “compensación” por la pérdida de la división de la consultoría, “ya que entonces este negocio en nuestro país era uno de los dos que más había crecido en el mundo”.

La auditora sostiene que los socios tributaron por dicha compensación como un incremento de patrimonio -y no como rentas del trabajo-, puesto que no correspondía a servicios laborales prestados ni a beneficios de PwC España.