Carles Puigdemont ya situó la gestión de la migración en el punto de mira durante la famosa conferencia en Bruselas el pasado noviembre en el marco del inicio de las negociaciones de Junts con el PSOE para investir a Pedro Sánchez. "Tenemos la tasa de inmigración más alta de toda la Península, el 16,2%, más de dos puntos por encima de la de Madrid, y no tenemos competencias ni recursos para gestionarla", dijo entonces el expresidente.

Dos meses después de aquella conferencia y un giro narrativo de última hora, los postconvergentes han facilitado la aprobación in extremis de los primeros decretos de la legislatura del Gobierno español no participando en las votaciones a cambio de la cesión de las competencias de migración a la Generalitat.

Una cesión que se presenta complicada a nivel jurídico, básicamente porque son competencias reservadas al Estado, según dictaminó el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Tras el acuerdo, Junts ha profundizado aún más el endurecimiento de su discurso en materia de migración, emulando una línea xenófoba y racista de la extrema derecha.

Un discurso hasta ahora representado –dentro del independentismo catalán– por Front Nacional de Catalunya y, sobre todo, Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll (Girona) con el permiso de Junts.

Sin ir más lejos, ni 24 horas después de la aprobación de los decretos, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha puesto el foco en el problema de la multirreincidencia y ha defendido que la Generalitat debe poder decidir si se expulsa o no a los migrantes multirreincidentes. "Tenemos que mirar en qué condiciones se les puede echar", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio este jueves.

El partido de Puigdemont defiende que el Govern tenga "las competencias de cualquier Estado", incluidos los permisos de residencia, flujos o cuestiones laborales. Si bien ha señalado que el principal problema a abordar es por qué hay multirreincidencia, Turull ha afirmado que "ningún alcalde está satisfecho de que haya personas en su pueblo que hayan reincidido hasta 210 veces", haciendo referencia a la alerta que hicieron los alcaldes de Junts en el Maresme (Barcelona).

El posicionamiento de los alcaldes del Maresme, el precedente

Desde hace semanas, incluso meses, que Junts ha empezado a hablar sobre el tema de la migración, sobre todo después de perder la alcaldía de Ripoll frente a la extrema derecha catalana de Sílvia Orriols. La formación de Puigdemont ha puesto el foco en esta cuestión, y lo ha hecho con un enfoque cuestionable, ya que en más de una ocasión ha relacionado migración con delincuencia, el marco habitual de la extrema derecha para criminalizar a los recién llegados. "Hay inmunidad para una serie de gente que no tiene la sensación de que quien la hace la paga", ha apuntado Turull durante la entrevista.

Hace unas semanas, Junts defendió este enfoque a raíz del posicionamiento de nueve alcaldes del Maresme, que fueron noticia para pedir la expulsión de los migrantes irregulares que eran reincidentes. El alcalde de Calella, Marc Buch, pidió directamente la expulsión de aquellos delincuentes multirreincidentes en situación irregular a raíz de la "inseguridad" que denuncia que vive el municipio. "Si no han venido a integrarse y trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida en nuestra casa", afirmó Buch. La dirección de Junts cerró filas con los alcaldes: "Catalunya es un país acogedor, pero también de derechos y deberes".

Lo cierto es que la asociación entre migración y delincuencia no es real, ya que entre 2000 y 2014 la población migrante creció de un 2,28% a un 10,74%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que la tasa de criminalidad pasó de 45,9 delitos por cada 1.000 habitantes a 44,7, según el Ministerio de Interior. David Karvala, portavoz de Unitat contra el Racisme, añade que "no es simplemente una cuestión de falsedad documental, sino que es una utilización racista para desviar la atención del público y no abordar las causas reales del problema".

Caldo de cultivo perfecto para los discursos antimigración

Este tipo de posicionamientos son el caldo de cultivo perfecto para los discursos antimigración de la extrema derecha, que anteriormente han capitalizado Plataforma per Catalunya o el PP de Xavier García-Albiol en Badalona. Y más recientemente Aliança Catalana. De esta forma, se normaliza un discurso que va en contra de los derechos humanos y discrimina a una parte de la población a partir de un prejuicio.

Más allá de la propia radicalización de la derecha, en declaraciones a Público Anna I. López, doctora en Ciencia Política especializada en la extrema derecha, ya señaló que las consecuencias de este discurso criminalizador potencia las actitudes racistas y xenófobas. "Cuando el discurso racista entra en la escena política y se normaliza, existe un aumento de delitos de odio", apuntó la experta. "Es muy peligroso porque abre el camino a la extrema derecha", señala David Karvala.

Elecciones catalanas y europeas a la vista

El endurecimiento de la narrativa de Junts sobre la migración responde a varios factores, pero el más clave ha sido la entrada de la extrema derecha catalana en algunos ayuntamientos, concretamente en Ripoll, donde gobierna Aliança Catalana. Junts quiere capitalizar el discurso en materia de migración, más bien de rechazo a las personas migrantes, de cara a las próximas citas electorales –europeas y catalanas– y evitar así la pérdida de electorado.

Karvala señala que Junts, en materia de migración, está actuando "como un partido de derechas, al igual que el PP o el partido de Macron en Francia, y lo hace por un tema electoral". El portavoz de Unitat contra el Racisme lamenta que "en lugar de combatir el racismo, lo alimenta con ese posicionamiento".