Este lunes 21 entra en vigor el decreto firmado por Isabel Díaz Ayuso por el que 37 áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid y más de 800.000 residentes tendrán restricciones en su movilidad parecidas a las que se vivieron durante la fase 1 decretada por el Gobierno central durante el estado de alarma. Con estas medidas, el Ejecutivo del PP pretende frenar la segunda ola del coronavirus en la capital.

Algunas de estas zonas, delimitadas como áreas sanitarias, se encuentran entre las más bajas en cuanto a renta per cápita de toda la región. Los distritos de Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Villaverde, lugares donde las medidas entrarán en vigor, no superan los 11.000 euros por persona. La media de la Comunidad se sitúa en 15.000, según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

En los barrios afectados se restringirá la entrada y salida, excepto para cuestiones como acudir al médico, al trabajo, al centro de estudios, a trámites legales o a cuidar de familiares necesitados. Juristas y un sindicato policial aseguran que este compendio de normas, redactadas con estructuras ambiguas y sin las aclaraciones necesarias para su correcta aplicación, ponen en entredicho la seguridad jurídica que los ciudadanos deben tener en un Estado de derecho. 

Distintas fuentes consultadas por Público presentan dudas sobre las posibilidades reales para implementar este tipo de medidas, así como sobre la falta de precisión a la hora de definir las reglas. Por otra parte, consideran que la Policía puede encontrarse en tesituras complicadas y que no sepa cómo actuar debido a la imprecisión de la normativa; y que los migrantes, ya de por sí una minoría con complicaciones, pueden ver agraviada su situación. De igual modo, la supuesta aleatoriedad para hacer PCR para detectar más casos de coronavirus podría chocar contra la libertad personal.

La seguridad jurídica, entendida como las certezas sobre lo que está prohibido y lo que no para la ciudadanía, queda debilitada a ojos de varios agentes sociales tras el nuevo paquete de medidas impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Este domingo habrá una reunión de coordinación en el ámbito del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) en la que se decidirán exactamente cuáles son las condiciones de actuación tanto para los cuerpos policiales desplazados como para los sanitarios que realicen ese millón de test que prometió la presidenta. "El operativo se detallará en su momento", explican desde el departamento a Público.

Manuel Ruiz de Lara, portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, encuentra complicaciones en la normativa que entra en vigor el lunes: "Las medidas anuncias generan dudas sobre su cobertura constitucional. Suponen una limitación al derecho de la libre circulación. Aunque no va a ser un confinamiento, sí es un confinamiento de la zona. Hacer eso sin la declaración de un estado de alarma plantea dudas sobre su legalidad. Las medidas de delimitación de movimiento solo pueden ser decretadas por el Gobierno de la nación", asegura.

La propia legalidad también entra en conflicto ante las maneras que la Comunidad tendrá para hacer los test en las zonas afectadas. "No pueden obligar a una persona a hacerse test. Nadie tiene la obligación de comunicar a la autoridad pública sus condiciones de salud, porque podría tener cierta repercusión negativa. Ese millón de test que dicen que harán, imagino que serán voluntarios, si fueran obligatorios supondría una invasión de la intimidad".

A su vez, el magistrado considera que será difícil para el ciudadano de a pie conocer las limitaciones impuestas para paliar la curva de contagios en Madrid: "La seguridad jurídica de la ciudadanía se ve seriamente comprometida. La propia redacción de la norma es realmente difusa, no sé cómo van a poder controlar todo esto por cómo se ha escrito la norma. La propia redacción no deja algunas cosas claras, porque por un lado se permite la salida para determinadas actividades, pero dentro de la zona surgen dudas sobre ir o no a ciertos lugares. El propio ciudadano no sabe a qué atenerse", precisa. 

Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, augura malentendidos derivados de la vaguedad de la legislación: "El hecho de que haya restricciones que no afectan a toda la ciudad hace que sean menos claras para los ciudadanos, pero el problema de fondo es que tenemos un marco legal y no estaba pensado para este tipo de decisiones y situaciones. No está muy claro hasta dónde se puede llegar, que es lo que genera tensiones", apunta. 

En manos de la Policía

Ante el posible vacío legal y la laguna existente por falta de detalles, la toma de decisión siempre queda en manos de las fuerzas de seguridad. "Serán los agentes los que decidan en cada caso. Además, habrá más presencia policial para controlar el movimiento", analiza Ignacio Ubaldo González, portavoz de Juezas y jueces para la Democracia.

Sin embargo, Ubaldo ubica las posibles rectificaciones o enmiendas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la ley como el parapeto y la red de seguridad ante una posible vulneración de la seguridad jurídica. "La ratificación del juez trata de garantizar los derechos de los ciudadanos. Una cosa es que estas medidas sean un parche frente a lo que de verdad es necesario, que sería la contratación de más sanitarios y rastreadores, pero las medidas en sí no van más allá de las tomadas en otras comunidades. Lo que ha pasado en Madrid, al final, es una evidente discriminación de unos ciudadanos respecto a otros", sostiene Ubaldo.

"No vamos a tener seguridad jurídica con la que trabajar"

Esta descarga de responsabilidades de las autoridades políticas sobre la Policía, que tendrá que actuar en última instancia con estas medidas tachadas de imprecisas, no ha sentado bien en el seno del Sindicato Unificado de Policía (SUP), agrupación con mayor número de afiliados dentro del gremio. 

"No vamos a tener seguridad jurídica con la que trabajar. El ciudadano debe tener claro qué es lo que puede hacer y lo que no, y saber la consecuencia jurídica de sus actos. Pero los policías también debemos de trabajar con seguridad jurídica, porque no tenemos ánimo de conculcar las leyes. Necesitamos un marco jurídico claro para poder trabajar", apunta de manera crítica Juan Luis Torrijos, secretario general del SUP en Madrid.

Torrijos denota preocupación ante la inminente entrada en vigor de las medidas tomadas por Ayuso, que, además, ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Madrid, así como a los Ayuntamientos afectados y limítrofes, su cooperación y colaboración destinando fuerzas policiales para asegurar el cumplimiento de la ley, tal y como aparece reflejado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicado durante este sábado.

"No se puede escurrir la responsabilidad y que lo paguen los ciudadanos y los policías. No tenemos protocolos claros sobre cómo actuar, y si no hay un estado de alarma, queremos saber cómo actuar bajo estas limitaciones", denuncia Torrijos a Público. 

La destacada presencia policial que Ayuso espera en las 37 áreas sanitarias con restricciones a la movilidad puede dar mala imagen a los cuerpos de seguridad, tal y como apunta Torrijos: "Nos perjudica, pero no la presencia en sí, sino por la falta de protocolos y la falta de marco jurídico. El ciudadano tiene que tener claro por qué puede ser reprendido y qué tipo de sanción podría tener. Quieren que sea la Policía quien tome las decisiones, pero si son equivocadas luego van contra nosotros", lamenta. 

Más presión para los migrantes indocumentados

Las zonas con reestricciones son, además, territorios de Madrid donde el porcentaje de migrantes es más alto que en el resto de la comunidad. En la ciudad hay, según el censo realizado por el Gobierno madrileño, poco más de medio millón de extranjeros residentes (513.896). Mientras el 15% del total de la población en Madrid corresponde a personas migrantes, en las áreas restringidas la media de migración sube sensiblemente. Es el caso de Puerta Bonita y Vista Alegre, zonas del barrio de Carabanchel, donde llega hasta el 25% del total; en Villa de Vallecas ronda el 17%; en Ventas, donde se ubica el barrio de La Elipa, también confinado, hay un 18% de migrantes; en Almendrales, barrio de Usera, la población extranjera asciende hasta el 30%. 

La realidad de los migrantes indocumentados, ya de por sí vulnerable, puede empeorar considerablemente al encontrarse con registros policiales en los que se les pida la identificación. "Si se van a hacer controles y a pedir documentación, aumenta su vulnerabilidad. Supongo que también por la propia situación de trabajar fuera de su área y tener que presentar papeles para poder salir de ella", apunta Manuel Ruiz de Lara.

"Las capas más vulnerables de la sociedad padecen con más virulencia este virus. Lo hemos visto con los temporeros, que están más expuestos al virus", remata Ubaldo González, portavoz de Juezas y jueces para la Democracia.