Casualidad o no, horas después del escrutinio electoral que deja en manos de Junts per Catalunya (JxCat) la posibilidad de conformar un nuevo gobierno progresista, este lunes la Fiscalía del Tribunal Supremo le pedía al juez Pablo Llarena que acordara nueva orden de busca y captura internacional y orden europea de detención y entrega para el líder de Junts, el expresident Carles Puigdemont, y el exconseller Toni Comín, ambos huidos de la Justicia española. 

Fuentes de la Fiscalía le han quitado hierro al asunto y han matizado que "es una actuación procesal preceptiva" tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), del pasado 5 de julio, que retira la inmunidad parlamentaria al expresident Puigdemont y a Comín. 

"La Fiscalía ya había solicitado que se acordasen las euroórdenes y, tras esta sentencia y conforme a la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo, el Ministerio Fiscal debía activarlas tras haberse interrumpido por la cuestión prejudicial que fue planteada", indican dichas fuentes.

La noticia ha provocado que el propio Puigdemont tirara de ironía en su cuenta de 'Twitter' y exclamara: "Un día eres decisivo para formar un Gobierno español, al siguiente día España ordena tu arresto". 

Coincidencias oportunas

No es esta la primera vez que una decisión judicial emerge en un momento muy oportuno. De hecho, desde hace años existe la percepción en el mundo independentista de que desde la alta magistratura del Poder Judicial se ha optado por buscar la injerencia con los poderes ejecutivo o el legislativo en relación a la cuestión catalana. 

Fuentes de Junts indicaban hace dos años a Público que "hay una cierta voluntad de dinamitar en ocasiones pasos políticos que se van dando de acercamiento entre el independentismo y partidos estatales como el PSOE y Unidas Podemos de cara a formalizar determinadas mayorías políticas en el Estado, como la que se forjó en la investidura de Pedro Sánchez, o para avanzar en la resolución democrática del conflicto, como puede ser la mesa de diálogo". 

La cúpula de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) coincidía ya entonces con el análisis de Junts, criticando el exceso de coincidencia de decisiones judiciales contra el independentismo en momentos políticos claves. 

El juez García Castellón y los CDR

Así ocurrió, por ejemplo, con la decisión del juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, de procesar por terrorismo a trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) 24 horas antes de que se iniciara la mesa de diálogo en el Palau de la Generalitat entre los Gobiernos español y catalán, el 14 de septiembre de 2021. 

También resulta paradigmático que horas antes de que el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, se sentara en esa esperada mesa de diálogo fuera llamado a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la causa que le imputa un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional por haber permitido en 2019, cuando era el presidente del Parlament, dos debates sobre la monarquía y la autodeterminación a sabiendas de que estaba contraviniendo una orden directa del Constitucional. 

La supuesta pugna entre la posición del Gobierno español y la de la cúpula del Poder Judicial y de altas instituciones del Estado en lo que se refiere a la cuestión catalana tuvo su punto álgido recién comenzado 2020, cuando la Junta Electoral Central (JEC) sacudió el debate de investidura de Pedro Sánchez cuatro días antes de que éste comenzara, con la inhabilitación del entonces president Quim Torra y del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, los dos principales bastiones del independentismo en aquel momento.

La investidura de Sánchez en 2020

Aquella investidura de Pedro Sánchez necesitaba, como la de ahora, de la abstención de ERC, que entonces atesoró 13 asientos. La JEC, máxima autoridad electoral española, sacó adelante tanto la inhabilitación como diputado de Torra como la de eurodiputado de Oriol Junqueras por escaso margen, pero su decisión de estimar los recursos del PP puso en serios aprietos a Pedro Sánchez.

El enfado de los socialistas, en vísperas de la investidura, llevó a la entonces portavoz Adriana Lastra a arremeter públicamente contra la Junta Electoral Central, declarando que ésta no tenía capacidad para aquellas inhabilitaciones pues no es un tribunal jurisdiccional. En efecto, no lo es, aunque está formada, entre otros vocales, por ocho magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo por el CGPJ. 

Al final, ERC permitió la proclamación como presidente de Pedro Sánchez. Al comenzar el debate de investidura, el candidato socialista tuvo palabras para Catalunya: se comprometió a acabar con la "judicialización" del "conflicto político" catalán, abogando por la vía política.

Pero se ha encontrado muchas trabas en el camino, siendo cuestionado continuamente desde el gobierno de los jueces. Por ejemplo, el expresidente del CGPJ Carlos Lesmes hizo patente su oposición a los indultos a los presos del 'procés'. Estos indultos han sido, de momento, el máximo exponente de la voluntad del Gobierno de Sánchez de retomar la vía política con el proceso soberanista.

Lo que parece una oportuna coincidencia, como la de este lunes en relación con la Fiscalía del Tribunal Supremo, se ha repetido con frecuencia, casi siempre que ha trascendido algún intento del Ejecutivo de Pedro Sánchez de normalizar las relaciones con el independentismo, según hacen ver los independentistas catalanes.