Un juzgado madrileño ha suspendido el rescate a la aerolínea Plus Ultra, a la que ha dado un plazo de cinco días para que acredite la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 acordado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El pasado 9 de marzo, el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la covid-19 ha puesto en una situación difícil.

Fuentes cercanas a la SEPI han explicado que el pasado 14 de julio el organismo, por un principio de prudencia vinculado a la apertura de la investigación judicial, puso en conocimiento del juzgado su intención de abonar a Plus Ultra el préstamo participativo, cuyo segundo pago estaba previsto para el 28 de este mes.

El informe de Deloitte era favorable 

Además de dirigirse al juzgado, la SEPI solicitó un informe a la consultora Deloitte, asesor jurídico de la operación, así como a la abogacía del Estado.

Deloitte concluyó que no existe impedimento legal alguno para abonar a la compañía aérea la cantidad pendiente, en tanto que la abogacía del Estado advirtió de que sin este desembolso se violentaría la obligación contractual contraída con la línea aérea y recomendó contar con el beneplácito de los tribunales.

Asimismo, prosiguen las mismas fuentes, la SEPI envió un informe elaborado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia con destino al Tribunal de Cuentas a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos, que el pasado 15 de junio se dirigió al tribunal para que analizara si había indicios de responsabilidad contable en el rescate de la aerolínea.

El documento, que incluye el expediente y el proceso que se siguió para contratar a los asesores legal y financiero y elegir la oferta económica más ventajosa entre firmas profesionales de primer nivel, indica que de los 10.000 millones de euros con que está dotado el Fondo, más del 50 % (5.400 millones) están todavía sin solicitar.

Parte de los 4.600 restantes han sido pedidos por seis compañías aéreas, añade el documento.

En poder del juzgado obra también un informe de la Intervención General del Estado que constata que la concesión de la ayuda a Plus Ultra no ha supuesto perjuicio o menoscabo contable alguno.

La jueza da la razón al escrito del PP

En los fundamentos de derecho del auto, que da respuesta a un escrito del PP, se entiende que "las partes deberán acreditar la necesidad de la entrega para dicha viabilidad de forma que una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior".

Se argumenta que "la existencia de este procedimiento penal justifica la suspensión de la entrega prevista para el día 28 de julio, sin perjuicio de que, si queda acreditada su pertinencia, se proceda a su entrega, con la documentación y el resto de diligencias que se acuerden por entenderlas necesarias para el esclarecimiento de los hechos".