El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha aceptado la denuncia de la Fiscalía y ha decidido imputar a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por dos presuntos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental. La magistrada lo ha llamado a declarar como investigado junto al resto de personas implicadas en la trama, todas ellas acusadas de defraudar 350.000 euros a través de facturas falsas. La resolución ha sido notificada este viernes. 

La jueza ha abierto diligencias previas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad documental contra Alberto González Amador y otros cuatro empresarios. La Fiscalía de Madrid había presentado una denuncia después de que la Agencia Tributaria detectara un supuesto fraude en el pago del Impuesto de Sociedades de la mercantil del novio de Ayuso por un importe de más de 350.000 euros durante los ejercicios de 2020 y 2021.

Además de González Amador, también están imputados otros cuatro empresarios vinculados a las sociedades que expidieron esas facturas —Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S.—. La magistrada explica en el auto que la investigación de la Agencia Tributaria "hace presumir la posible existencia de indicios de dos delitos contra la Hacienda Pública".

La Agencia Tributaria consideró en su informe que el supuesto fraude fiscal del novio de Ayuso no fue fruto de un mero error sino de una "conducta deliberada, consciente y dolosa". El empresario multiplicó sus beneficios y ganó más de dos millones de euros a través de comisiones por intermediar en la compraventa de mascarillas. La jueza también ha llamado a declarar a las inspectoras de Hacienda que investigaron a Alberto González Amador para que ratifiquen sus informes. 

La defensa aceptó los delitos fiscales

La Fiscalía ha precisado en su denuncia que la pareja de Isabel Díaz Ayuso aportó a Hacienda hasta 15 facturas que sumaban un total de 1,7 millones de euros en gastos. De este modo, González Amador dedujo el dinero que pagó durante los ejercicios de 2020 y 2021 por el Impuesto de Sociedades. Los investigadores del Ministerio Público han concluido que tales gastos nunca existieron y que el empresario dejó a deber más de 350.000 euros correspondientes a este gravamen. 

El empresario recibió además comisiones millonarias por intermediar en la compraventa de mascarillas y otros materiales sanitarios durante los meses más críticos de la pandemia. La empresa Maxwell Cremona, de la que González Amador figura como único propietario, facturó 2,3 millones de euros solo en 2020.

El 85% del monto total corresponde a los honorarios por intermediar con FCS Select Product, una empresa que se dedicaba exclusivamente al sector de las bebidas hasta que empezó a distribuir mascarillas y guantes durante los primeros meses de la covid-19. El abogado del novio de Ayuso ofreció "un pacto de conformidad" tras la denuncia de la Fiscalía en el que reconocía la autoría "de dos delitos" fiscales y aceptaba pagar las cantidades defraudadas.

"Una inspección fiscal es todo lo que tienen"

El auto llega un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid respondiese en la Asamblea a petición de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que "una inspección fiscal es todo" lo que la izquierda podía tener en su contra. La presidenta madrileña argumentó que actualmente hay cerca de "dos millones de inspecciones fiscales" y salió en defensa de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que lleva varios días difundiendo bulos e intimidando a periodistas de medios como elDiario y El País. 

Cuando saltó la noticia de la denuncia que salpica a su pareja, Ayuso también reaccionó con victimismo y tono irónico. "Ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años. Él está afrontando una inspección de Hacienda (…) que hace una acusación y él tiene que defenderlo. Esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid", acuñó hace una semana la líder autonómica. Lo cierto es que Ayuso no está sola. El Colegio de Abogados de Madrid ha salido en defensa de la popular y ha anunciado acciones legales contra la Fiscalía de Madrid por revelar detalles del pacto en el que el abogado de Alberto González Amador acepta los dos delitos fiscales.