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Las leyes de libertad sexual y educación, la inmigración, el Sáhara y el caso Couso dividen al Gobierno

Tras un primer mes de tranquilidad, afloran grandes diferencias entre las fuerzas que integran el Ejecutivo de coalición. Tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos se esfuerzan por restar importancia a estas diferencias, pero no las leen del mismo modo.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la firma del pacto del gobierno de coalición, el pasado diciembre, en el Congreso de los Diputados. REUTERS
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la firma del pacto del gobierno de coalición, el pasado diciembre, en el Congreso de los Diputados. REUTERS

alejandro lópez de miguel / manuel sánchez

Tras un primer mes plácido y de tranquilidad, en los últimos días han empezado a aflorar las diferencias en el Gobierno de coalición. Las dos fuerzas que lo integran, PSOE y Unidas Podemos, han presentado posturas muy alejadas en asuntos de gran calado, como la elaboración de la ley de libertad sexual (y hasta los tiempos), o el contenido de la ley de Educación, además de asuntos como la inmigración, las relaciones con el Sáhara o la decisión de la Abogacía del Estado de recurrir el “caso Couso".

El Ejecutivo se esfuerza por restar importancia a estas diferencias. No quieren enmarcarlas como posiciones ideológicas distintas, sino como las habituales discrepancias que se dan entre los ministerios en cualquier Gobierno.

En este sentido, recuerdan los enfrentamientos que hubo en su día entre el vicepresidente económico Pedro Solbes y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera (ambos del PSOE) por algunas leyes sociales, o las discrepancias entre el entonces vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba y el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se modificó el artículo 135 de la Constitución.

También desde Unidas Podemos se intenta rebajar la tensión. De hecho, desde Unidas Podemos insisten en que las discrepancias aireadas hasta la fecha se deben a "actuaciones puntuales" de determinados ministros -Calvo, Campo, Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior- que se saltan lo establecido en el acuerdo de coalición.

Ambas partes coinciden en que la relación entre el presidente y el vicepresidente segundo sigue siendo buena, de confianza, y esta es la mayor garantía de que el Gobierno seguirá funcionando debidamente.

Desde el PSOE también quieren restar relevancia a estas discrepancias. Las encuadran incidiendo en que el Gobierno de coalición está siendo vigilado con lupa y se magnifica cualquier criterio discrepante que, según dicen, es lo habitual en cualquier Ejecutivo, incluso en uno monocolor, insisten.

No obstante, al menos en estos cinco asuntos han sido evidentes las discrepancias internas, que todavía siguen abiertas y que han tensionado las relaciones entre los socios, alejándose poco a poco de la armonía que ambos han intentado e intentan vender.

Ley de libertad sexual

La ley de libertades sexuales no sólo ha estado en el centro de la primera crisis entre los socios del Gobierno de coalición, sino que los reproches entre PSOE y Podemos no han acabado tras su aprobación en el Consejo de Ministros. El inicio de la tramitación de esta ley, el martes, no ha bastado para templar los ánimos, ya bastante caldeados.

Hubo un primer episodio de esta crisis -adelantado por Público- que se saldó con un comunicado del Gobierno, y con su compromiso público de llevar esta ley al Consejo de Ministros previo al 8-M, día de la mujer, como había autorizado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, la pasada semana ya había constancia de críticas dentro del Ministerio de Justicia a este anteproyecto de ley, y estas se hicieron públicas poco antes de su llegada al Consejo.

Con Unidas Podemos señalando a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y al titular de Justicia, Juan Carlos Campo, y con el PSOE criticando la calidad técnica de esta norma, llegaron las palabras más duras del vicepresidente segundo hacia sus socios.

Pablo Iglesias, también líder de Podemos, afirmó: "En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado", en clara referencia a Calvo y Campo. Horas después, se filtró el documento de alegaciones técnicas a la ley, elaborado por Justicia, lleno de cargas de profundidad contra la normativa. Y antes se había difundido que Calvo había salvado una ley chapucera.

Ya el miércoles, el ministro Campo intentó templar las aguas. "los políticos "hablamos demasiado", dijo, en referencia a Iglesias. Este último dio por zanjada la cuestión tras participar en un acto en la universidad complutense: “Tenemos un Gobierno feminista del primero al último de sus miembros".

Durante toda la jornada, desde Unidas Podemos recordaron que lo importante era el arranque de la tramitación de esta ley. Con todo, esto no sirvió para restar fuerza a las palabras del portavoz parlamentario, Pablo Echenique, a cuenta de la ley. "Parece que hace falta que venga un machote y diga: 'Te arreglo la ley'", llegó a afirmar Echenique.

La ley de educación

La ministra Isabel Celaá insistió en que la ley de educación es una ley de todo el Gobierno y consensuada con todo el Ejecutivo, por lo que restó importancia al anuncio hecho por la formación morada de que presentará enmiendas a esta normativa para impedir que se realicen conciertos con centros que segreguen por sexos, como dicen que pactaron con el PSOE en el acuerdo del Gobierno de coalición.

Celaá, sin entrar en esta cuestión concreta, afirmó en la Cadena Ser que la ley aceptará enmiendas durante el trámite parlamentario y aseguró que el Gobierno cumplirá el acuerdo firmado con Unidas Podemos para la formación del Ejecutivo de coalición.

Textualmente, el acuerdo habla de eliminar estas subvenciones: "Promoveremos la coeducación en todo el sistema educativo, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos".

Caso Couso

En la mañana del miércoles, Unidas Podemos publicó un comunicado desmarcándose de la decisión de la Abogacía del Estado de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a la familia del cámara José Couso, asesinado por tropas estadounidenses en Badad en 2003, durante la Guerra de Irak.

"Discrepamos del criterio de la Abogacía del Estado porque entendemos que la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia
Nacional se ha pronunciado claramente sobre la procedencia de la indemnización y reparación establecida", reza el texto.

Con todo, Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, ha incidido en que quien ha decidido recurrir es la Abogacía, "que no es el Gobierno", aunque dependa de él.

El Sáhara

En otro orden de cosas, también la pasada semana se conoció la polémica a cuenta del reconocimiento del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, a una dirigente saharaui con la que tuvo una reunión solicitada por la ONCE.

Se refirió a ella como "ministra", para ser desautorizado por la titular de Exteriores, Arancha Gónzález-Laya. Después, desde Unidas Podemos recordaron que, independientemente de que mantengan su posición -a favor de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui-, la posición en estos temas la marcan el presidente y la ministra de Exteriores.

Unos días después, Meri Pita, dirigente de Podemos y diputada en el Congreso, pronunció un duro discurso con el régimen marroquí desde la tribuna del Congreso. En esta ocasión las discrepancias quedaron en segundo plano.

Inmigración

Fue, tal vez, las primera discrepancia en el Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska vino a jusiticar las´denominadas "devoluciones en caliente" durante su comparecencia en el Congreso, y provocó la indignación en las filas de Unidas Podemos.

Esto obligó a salir al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien aseguró que España no realizará más devoluciones en caliente, y que hay consenso en el Gobierno de que estas prácticas atentan contra los derechos humanos.

Interior emitió un comunicado rebajando la tensión y posicionándose con los planteamientos de Iglesias, aunque dos días después de las palabras de Iglesias, el secretario de Estado de Seguiridad afirmó que las expulsiones de quienes salten la valla de Ceuta o Melilla se mantendrán.

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