Luisa Fernanda Rudi (PP) alcanza las cuatro décadas en cargos públicos, como Revilla y Margallo

Más de la mitad de los españoles, los 26,1 millones (de 47,4) que tienen hasta 47 años, llevan toda su vida con el actual eurodiputado conservador Juan Manuel García Margallo en un cargo público de elección por sufragio, y a los algo más de veinte millones de hasta 40 años les ocurre algo similar con la aragonesa Luisa Fernanda Rudi (PP) y con el cántabro Miguel Ángel Revilla (PRC).

Se trata de los tres políticos que acumulan una permanencia más prolongada en cargos públicos en España, tanto que quizás cabría hablar de perpetuidad aunque coinciden en que siempre han sido elegidos en las urnas, desde 1977 García Margallo y desde 1983 Rudi y Revilla, aunque en algunas etapas han compaginado esos puestos con otros de designación 'digital' como los de ministro y consejero.

Ese no es el único rasgo que comparten: los tres siguen en activo y tienen perspectivas de ampliar esas cuatro décadas, en al menos un año el exministro de Exteriores y hasta seis si repite como eurodiputado tras las europeas de 2024 y un mínimo de cuatro los expresidentes autonómicos, como senadora Rudi y como diputado regional Revilla. 

Soledad Becerril, que se retiró como Defensor del Pueblo en 2017, y Luis de Grandes, ambos del PP, completan con ellos tres la lista de los únicos políticos de 'primera línea' estatal y autonómica que, al margen de figuras locales como el concejal de Beade (Ourense) y alcalde desde el franquismo Senén Pousa, han superado las cuatro décadas de permanencia en cargos públicos en democracia, un contador que se activó con las elecciones a Cortes Constituyentes de 1977.

Tal y como puede apreciarse en el gráfico que ilustra esta información, en el top 10 se dan dos claras mayorías: una conservadora, con siete miembros del PP, dos del PSOE (Alfonso Guerra y Emiliano García Page, también candidato a alcanzar las cuatro décadas) y el regionalista Revilla, y otra masculina, esta también de siete a tres al incluir a Celia Villalobos.

En los puestos del once al veinte predominan los expresidentes autonómicos, caso del andaluz Manuel Chaves, la madrileña Esperanza Aguirre, el castellanomanchego José Bono, el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el riojano Pedro Sanz, a los que se añade el aragonés Javier Lambán, que dejará de serlo antes de que termine el mes si el conservador Jorge Azcón logra apoyos para su investidura.

La dirigente conservadora que rompe ‘techos de cristal’

Lambán aparece en el decimoquinto puesto de la clasificación, con 32 años en cargos públicos, al iniciar el cómputo en 1991, cuando resulta elegido diputado provincial en Zaragoza por vez primera, y eliminar los ocho años que ejerció como concejal del PSOE en su pueblo, Ejea de los Caballeros, aunque sin dedicación exclusiva a la política.

El socialista tiene posibilidades de escalar hasta el 'top 10' al alcanzar los 36 años en cargos públicos electos, ya que el 28 de mayo obtuvo un acta de diputado autonómico como candidato a la reelección al frente del Gobierno de Aragón y va a ser designado senador autonómico, lo que le abre la puerta a superar a Álvarez Cascos y a Celia Villalobos, con 36 cada uno de ellos, aunque la clasificación final dependerá del tiempo que Josep Borrell (35) se mantenga como alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Quien todo apunta a que sí va a superar los 40 años con holgura es su antecesora en la presidencia del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que el 23J resultó ser la candidata más votada al Senado en Zaragoza con 187.631 papeletas, un 37,1% de los votos con el que supera el porcentaje que su partido obtuvo para el Congreso tanto en Zaragoza (36,06%) como en el conjunto de Aragón (36,33%).

El sorpasso a Soledad Becerril y los 40 años en cargos públicos de elección en urna, iniciados en 1983 como diputada autonómica de AP (Alianza Popular), suponen la última 'marca' de alguien que ya tiene en su currículum la ruptura de tres 'techos de cristal' al haber sido la primera mujer en acceder a la alcaldía de Zaragoza (1995), a la presidencia del Congreso (2000) y a la del Gobierno de Aragón (2011).

La del Tribunal de Cuentas, para la que su nombre ha 'sonado' en varias ocasiones, puede darse ya por descartada cuando en diciembre cumplirá 73 años (siete y seis menos que Revilla y que García Margallo) y no parece que su partido vaya a ser una vía de acceso a corto y medio plazo.

Su actividad parlamentaria no fue muy intensa en la pasado legislatura, o cuando menos no en contraste con la del senador autonómico del Par, Clemente Sánchez Garnica, con cuatro preguntas e interpelaciones en el pleno, once intervenciones en comisiones y 26 solicitudes de información, a lo que se suman 521 preguntas por escrito, muchas de ellas formuladas junto con otros senadores de su grupo.

Profesionalización, renovación y control de las listas

La longevidad de esos parlamentarios y de muchos otros no deja de poner sobre la mesa dos de los rasgos de la actividad política en España: su profesionalización y los bajos niveles de renovación que se dan en ella.

¿Cabe, al margen de episodios como la prolongada reserva de plaza en el Registro Civil de Santa Pola a Mariano Rajoy, argumentar que su oficio es cualquier otro? ¿Enmascara la aparente elección de más de 200 nuevos diputados la veteranía de muchos de ellos en otras instituciones?

Esos rasgos están a su vez estrechamente relacionados con otras dos lagunas como la ausencia de limitaciones en los mandatos, algo que amagaron con promover hace ocho años tanto Ciudadanos como Podemos sin que volviera a saberse de esa iniciativa, y un sistema de listas cerrado en el que el elector solo tiene las opciones de elegir o desdeñar todo el bloque previamente impuesto por las cúpulas de los partidos políticos.

"Las listas cerradas y bloqueadas promueven la disciplina dentro de los partidos a costa de debilitar la rendición de cuentas de cada político frente a los ciudadanos que lo eligen", sostienen el economista Francisco Alcalá Agulló y el politólogo Fernando Jiménez Sánchez, quienes plantean que "un cambio en esta dirección (…) podría facilitar un cambio de cultura a largo plazo en dirección hacia una mayor responsabilidad individual de cada político con respecto a los ciudadanos".

"La limitación de la duración de los mandatos de representantes y gobernantes es un obstáculo a la profesionalización de la política, a la práctica habitual de convertir el ejercicio de la política no en un servicio público sino en una profesión", sostenía hace unas semanas el catedrático de Filosofía del Derecho y la Política Ramon Soriano.

Sin embargo, el autor descartaba en su propia tesis la viabilidad de la propuesta: "Como en tantas otras innovaciones políticas la pelota está en las manos de nuestros políticos ¿Se van a autolimitar en el desempeño de sus cargos? Lo dudo, porque muchos han hecho de la política su modus vivendi".