Otra vez vuelve a sobrevolar el debate sobre los límites del transfuguismo político. La marcha de la exdiputada de Unidas Podemos Meri Pita al Grupo Mixto hace una semana alimenta la preocupación de los partidos sobre la necesidad de legislar para identificar este fenómeno en todas las esferas institucionales y, en cualquier caso, atajar este problema que "deteriora" la confianza de los ciudadanos hacia la política y sus representantes, según aseguran los diferentes parlamentarios consultados por Público.

El 7 de julio de 1998, la mayoría de las fuerzas políticas con entonces representación parlamentaria firmaron el denominado Acuerdo
sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las
corporaciones locales, posteriormente renovado el 26 de septiembre de 2000 y
el 23 de mayo de 2006, que constituyeron la primera y segunda adición al
mismo respectivamente.

Para su seguimiento, se creó una comisión extraparlamentaria en el Congreso compuesta por un representante de cada una de las fuerzas políticas que han suscrito dichos acuerdos. Su paralización durante diez años, coincidiendo con los gobiernos de Mariano Rajoy, puso de manifiesto la necesidad de introducir mejoras y cambios en los compromisos de los partidos para avanzar en el esfuerzo de aislamiento y erradicación del transfuguismo.

De este modo, en noviembre de 2020, la Comisión de Seguimiento aprobó la III Adenda y sumó nuevas fuerzas parlamentarias al pacto. El acuerdo incorporó, entre otros elementos, la voluntad de extender las medidas al ámbito autonómico y estatal bajo el compromiso de impulsar una iniciativa legal en la que se modifiquen las normas relativas a la materia (la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Orgánica de Régimen Electoral y la Ley Orgánica de Partidos Políticos).

También se definió de forma más precisa el concepto de persona tránsfuga, es decir, aquellos "representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes".

El diputado de PNV Mikel Legarda recuerda que en el debate sobre el transfuguismo "siempre surge la discusión sobre si los cargos electos son de las personas elegidas o de las formaciones políticas de cuyas listas electorales se es candidato o candidata". Lo cierto es que, en el caso de los miembros de las Cortes Generales, el artículo 67.2 de la Constitución contempla que "no estarán ligados por mandato imperativo". Esto es, los cargos electos no tienen la obligación de respetar las directivas de sus votantes y no se les podría quitar el acta por actuar de forma distinta a lo dictado por su formación política.

Sin embargo, esta norma choca con la circunstancia de la existencia de un sistema de partidos con listas electorales cautivas de las formaciones políticas. "Erosionar esa capacidad de los partidos podría dificultar realizar políticas a medio y largo plazo, generando una posible situación de ingobernabilidad. ¿Cómo se podría solucionar esta cuestión? Algunos partidos, en ocasiones, dejan libertad de voto a sus cargos cuando surgen debates con una gran implicación de los valores morales o cuando surgen discusiones prepolíticas", apunta Legarda.

Además del reciente caso de la exdiputada del grupo de Unidas Podemos, tildado por la formación morada de "transfuguismo", durante esta legislatura se han dado otros ejemplos similares: el parlamentario de Cs Pablo Cambronero, que abandonó su formación y pasó a integrar el Grupo Mixto; y los dos diputados de UPN (partido actualmente integrado en este grupo), Sergio Sayas y Carlos García Adanero, suspendidos de militancia durante dos años y medio tras haber votado en contra de la reforma laboral, contraviniendo las órdenes de la dirección de su formación.

Una reforma similar a la del ámbito local

La exdiputada de Podemos por Las Palmas Meri Pita comunicó el pasado 24 de marzo su decisión de abandonar el grupo parlamentario ante "la deriva orgánica" del partido morado, que "mira para otro lado" abandonando sus compromisos electorales. De este modo, en una conversación con este medio, explica que no se siente tránsfuga, pues por "coherencia política" se queda en el hemiciclo, "cuatro filas más arriba para defender los principios a los que nos comprometimos, para mantener la voz de Canarias ahí, que ha sido ninguneada", apostilla. "El principal tránsfuga es quien incumple los principios y programas que has defendido delante de la sociedad", remacha.

Desde Unidas Podemos recalcan que en los sistemas en los que la representación deviene del voto a una lista de partido, como en España, "obviamente los electos están sujetos a sus decisiones y disciplina como regla general", ya que, en caso contrario, "podemos encontrarnos con serios problemas de corrupción". Estas fuentes del grupo morado añaden que, "mientras no se modifique el sistema electoral y la concurrencia a las elecciones sea en listas de partido, el transfuguismo debe ser sancionado y deben adoptarse medidas para evitarlo".

En este sentido, Unidas Podemos propone una reforma legal similar a la del ámbito local, donde sí hay una regulación (Ley Básica de Régimen Local) que, aunque no priva al cargo público tránsfuga de su representación, sí permite limitar sus actuaciones o adoptar medidas que desestimulan el transfuguismo, como invalidar su firma para presentar mociones de censura. 

Salida del PP del Pacto Antitransfuguismo tras la moción de Murcia

Tras los acuerdos adoptados en noviembre de 2020, la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo se reunió hace un año para abordar la denuncia de Ciudadanos por la moción de censura en Murcia y las acusaciones al PP de intentar comprar voluntades de algunos parlamentarios de la formación naranja. En concreto, los tres exdiputados de Cs en Murcia que cambiaron el sentido del voto de la formación y decidieron finalmente no apoyar la moción de censura presentada por los de Inés Arrimadas junto con el PSOE porque el PP les ofreció cargos dentro del Gobierno murciano.

"Estas prácticas deterioran la imagen de la política y de los propios partidos. Es una estafa a los votantes porque te has presentado a una lista cerrada. La gente no vota a los diputados, sino a los programas. Si dejas el acta no hay problema, pero cuando te lo quedas, defraudas la voluntad de las personas que han votado una lista en la cual tú estabas", expone el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal.

El resultado de la activación del pacto fue la resolución (tras el informe de los expertos del Ministerio de Política Territorial) aprobada el 27 de mayo mediante la cual se decretó que son "tránsfugas" tanto el presidente de Murcia, Fernando López Miras, del PP, como los diputados de Cs que hicieron fracasar en el último momento la moción de censura. Este hecho motivó la salida del PP del Pacto Antitransfuguismo, del que había formado parte desde 1998, cuando se fundó.

Al respecto, el parlamentario de de Cs plantea una tarea al nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, encumbrado este fin de semana en el congreso extraordinario del partido celebrado en Sevilla: "¿Volverá a incorporarse en el Pacto Antitransfuguismo para contribuir a la limpieza democrática?" Y es que, en su opinión, "el partido beneficiario es tan tránsfuga como el propio tránsfuga", en relación a los hechos acaecidos de Murcia.

Asimismo, sobre el funcionamiento de este consenso y la salida de los conservadores, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso y diputado socialista, critica que "ha funcionado muy bien hasta que afectó al PP, que, en un ejercicio de valores antidemocráticos, lo abandonó porque los informes de los expertos jurídicos dictaminaron que los populares habían promovido el transfuguismo en el caso de Murcia, en el que se dio un nuevo tamayazo", profundiza.

¿Se pueden justificar algunos casos?

En cuanto al seguimiento de estos acuerdos en la comisión extraparlamentaria, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, opina que "deja mucho que desear". "Habría que hacer más sesiones, de forma menos espaciada", de forma que dé pie al inicio de una "legislación adecuada" sobre este fenómeno, "más que nada por la imagen que se proyecta", apunta.

No obstante, reconoce la excepcionalidad de algunos casos: "Debería haber excepciones en cuanto a valores o que, en definitiva, alguien que empiece en un partido y que esta formación violente de forma clara sus valores o creencias más profundas, pues que esa persona pueda abandonar el grupo sin necesidad de abandonar su actividad parlamentaria, pero son casos excepcionales. Hay que legislar para acabar con los jetas", aclara.

El diputado de Junts Josep Pagès se pronuncia en esta línea: "Hay tanta variedad de circunstancias que es complicado afirmar que en todos los casos es injustificado, pero, de entrada, todos los que somos electos bajos siglas de un programa electoral, estamos faltando a nuestros votantes", señala. También añade otro ejemplo que "podría considerarse transfuguismo" durante este legislatura: el de los cuatro diputados de PDeCAT que se apartaron de JxCAT.