El pasado 18 de marzo, el Congreso de los Diputados dio un importante paso para reconocer un nuevo derecho, el de la muerte digna. La Cámara Baja ratificó la ley orgánica de regulación y despenalización de la eutanasia, siendo esta la primera gran medida de carácter social de la XIV Legislatura. A su vez, este periodo parlamentario (comenzó a primeros de diciembre) ha estado centrado durante varios meses en la tramitación de normas para hacer frente a la crisis sanitaria y económica derivada de la covid-19. 

No hay que olvidar que esta cámara dio luz verde a las primeras cuentas del Gobierno de coalición, que pusieron fin al proyecto presupuestario más longevo de la democracia, el de Cristóbal Montoro (aunque luego el Senado remató su tramitación). Asimismo, en la actualidad, sus señorías tienen en su haber numerosas iniciativas legislativas pioneras, como la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia, y la ley de cambio climático y transición ecológica, ambas pendientes de debatirse en sus respectivas comisiones.

Si bien, hay otras proposiciones de ley que, pese a que se admitieron a trámite hace ocho meses, permanecen estancadas en el Congreso a la espera de un impulso en las negociaciones. La modificación de la ley mordaza y la reforma de los secretos oficiales son claros ejemplos de normas que, como ha afeado en repetidas ocasiones el grupo impulsor, PNV, permanecen guardadas en el cajón "sin que haya ninguna voluntad real de avanzar en la tramitación". La proposición de ley sobre bebés robados avanza, aunque a un ritmo muy lento. En definitiva, al menos media docena de iniciativas (la mayoría sociales) acumulan sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas, un procedimiento habitual pero que, al no estar limitado, podría abocarlas al fracaso, como ha pasado en anteriores legislaturas con estas y muchas otras normas.

Reforma de la ley de seguridad ciudadana

El Congreso retomó a principios de febrero el tercer intento para llevar a cabo una reforma integral de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza. Esta norma, una de las más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy, había estado a punto de ser modificada en el Congreso hasta en dos ocasiones (se frustraron por los adelantos electorales). El tercer y nuevo intento de reforma se sometió al debate de toma en consideración en septiembre del año pasado. Hace casi dos meses tuvo lugar el debate a la totalidad, en el que una holgada mayoría del Pleno rechazó el veto del PP. 

Cabe recordar que dicha proposición de ley del PNV recoge el amplio consenso en torno a la modificación de la ley obtenido desde hace casi tres años. En esencia, entre los 44 apartados que se quiere retocar están la eliminación como infracción grave del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes y la falta de respeto a una autoridad pública o funcionario, además de suprimir la posibilidad de hacer cacheos en la vía pública o la incorporación de tres disposiciones finales para revisar el procedimiento legal de las devoluciones en la frontera. También, con la nueva norma, no se castigarán actuaciones como la perturbación de espectáculos u oficios religiosos, actualmente consideradas como infracciones graves.

Modificación de la ley de secretos oficiales

La reforma de la ley de secretos oficiales, una norma promulgada por el dictador Francisco Franco hace 53 años, está pendiente de acometerse desde hace ocho meses. Este es el cuarto intento para intentar modificarla y, aunque su toma en consideración el pasado mes de junio contó con el respaldo de una amplia mayoría absoluta de la Cámara Baja —197 votos a favor, 53 en contra (Vox) y 99 abstenciones (PP)—, la proposición legislativa acumula una continua prórroga del plazo de enmiendas desde septiembre de 2020, un mal que abocó a los anteriores intentos de reforma al fracaso.

El PNV lleva planteando esta iniciativa desde 2016. La reforma pretende incorporar la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años.

Ley de bebés robados

La primera norma estatal sobre bebés robados avanza en la Cámara Baja, aunque lo hace a un ritmo muy lento. También han pasado ocho meses desde que se admitiera a trámite casi por unanimidad. La Mesa del Congreso ha vuelto a ampliar el plazo para registrar enmiendas parciales a la proposición de ley, un periodo que se prorrogó por primera vez el pasado 23 de septiembre. Y es que, los partidos que sostienen el Gobierno negocian desde hace varios meses para presentar conjuntamente las modificaciones a la ley, como han hecho en otras iniciativas. En este sentido, desde el grupo socialista explican que actualmente se está trabajando "mano a mano" con todos los departamentos ministeriales implicados en la norma.

La actual iniciativa parte de la proposición de ley registrada en septiembre de 2018, que decayó con la disolución de las Cortes a finales de febrero de 2019. En febrero de 2020, PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCat, PNV, Compromís, Más País, EH Bildu, BNG y la CUP registraron la proposición de ley, aunque más tarde el grupo morado retiró su firma para no consumir el cupo reservado a los partidos. 

En esencia, la presente ley tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el "reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición" de las víctimas del robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio de 1936 –fecha de inicio del golpe de Estado contra el Gobierno de la Segunda República– hasta la actualidad, que es "constitutivo de un delito de lesa humanidad", y facilitar las labores de investigación necesarias, "regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales ratificados por España", reza el texto.

Ley para compensar la incautación del dinero republicano

La modificación de la la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (la ley de Memoria Histórica) también se debatió en las dos legislaturas anteriores. El tercer intento desembarcó en la Cámara Baja en diciembre de 2019. Asimismo, el Pleno admitió a trámite esta proposición del Parlament de Catalunya en octubre de 2020 y desde entonces, permanece estancada en la Comisión Constitucional.

La reforma consiste en reconocer el derecho de resarcimiento a los particulares afectados por la incautación de papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas en la cuenta "Billetes de canje desestimado" o en el "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el
enemigo" en base a los decretos del 27 de agosto de 1938. Asimismo, el Gobierno central, en colaboración con el Govern de la Generalitat, "ha de estudiar y habilitar medidas para resarcir los bienes depositados en las cajas de alquiler de bancos y cajas de ahorros que fueron incautados durante la Guerra Civil amparándose en disposiciones del Gobierno de la República y del Gobierno de la Generalitat".

Ley para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia en el deporte

La proposición de ley por la que se modifica la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte acarrea sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas desde septiembre de 2020. La norma, remitida por el Senado, introduce varios apartados para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia en el ámbito deportivo. De esta forma, amplia el concepto de actos racistas, xenófobos o intolerantes en el deporte para incluir los derivados de la "orientación sexual, identidad de género e expresión del mismo" y la prohibición del lanzamiento de mensajes que inciten a la violencia por estos motivos.

Ley para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

La modificación de la ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales fue admitida a trámite en septiembre del año pasado. Esta iniciativa, impulsada por el PDeCAT (grupo plural), recoge algunos de los consensos que se fraguaron a lo largo de la anterior legislatura (se comenzó a debatir en ponencia). La reforma persigue dotar de un régimen sancionador a esta norma. "No les pido su voto favorable porque la mayoría ya me lo ha ofrecido, pero sí que entre todos esta andadura que reiniciamos hoy la hagamos corta, que no sea de aquellos proyectos legislativos que entre el periodo de enmiendas y la ponencia no acaban finalizando", imploró el diputado Ferran Bel en el debate de su toma en consideración como si de un augurio se tratara. Ahora, esta proposición también duerme en el sueño de justos.