Desapariciones forzadasLa primera ley estatal de bebés robados avanza en el Congreso​ pero a un ritmo lento

La primera norma estatal sobre bebés robados avanza en el Congreso, aunque lo hace a un ritmo lento. Han pasado ocho meses desde que el Pleno del Congreso aprobara casi por unanimidad la toma en consideración de esta ley, que pretende acabar con la "impunidad" de una de las "mayores atrocidades" que se han cometido en el Estado español: "Un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy". La extrema derecha se quedó sola en su rechazo al texto, alegando que estos crímenes no existen y, por ende, obviando a los más de 30.000 niños que fueron apartados de sus madres solamente durante la primera etapa del franquismo (hasta 1954), según el auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de 2008, además de la ingente cantidad de robos que se produjeron en las etapas posteriores de la dictadura e incluso después de la transición. 

La Mesa del Congreso ha vuelto a ampliar una semana más el plazo para registrar enmiendas parciales a la proposición de ley, un periodo que se prorrogó por primera vez el pasado 23 de septiembre. No obstante, cabe destacar que este es un procedimiento habitual para la mayoría de iniciativas legislativas, incluso, hay otras que acumulan muchas más prórrogas y permanecen estancadas más tiempo. Esto último no es el caso de la presente iniciativa, aunque las víctimas permanecen expectantes ante el fin del periodo de enmiendas para que el Estado investigue el robo de bebés desde 1936.

En este sentido, Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, una organización integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua), la cual, a su vez, ha promovido la norma con el apoyo de otras 17 organizaciones de víctimas de bebés robados, cuenta que el equipo jurídico de la organización está en "conversaciones y reuniones periódicas con los diferentes grupos del Congreso", excepto con Vox.

Asimismo, destaca el "trabajo participativo" en la tramitación de la primera ley estatal relativa a este asunto y añade que algunos grupos, como ERC, PP y Cs, han enviado sus propuestas para su revisión. Si bien, señala que por ahora "no han recibido nada" por parte de PSOE y Unidas Podemos. Y es que, los partidos que sostienen el Gobierno negocian desde hace varios meses para presentar conjuntamente las modificaciones a la ley, como han hecho en otras iniciativas.

En este sentido, desde el grupo socialista explican que actualmente se está trabajando "mano a mano" con todos los departamentos ministeriales implicados en la norma. A saber: las vicepresidencias primera (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) y segunda (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030), y los ministerios de Justicia, Interior, Sanidad y Hacienda. Asimismo, estas fuentes descartan que el ritmo de tramitación de la proposición de ley esté ligado al proyecto legislativo en materia de Memoria Democrática que el Gobierno tiene previsto llevar al Congreso en las próximas semanas, en el que se incluye entre las víctimas del franquismo a los bebés robados.

Obliga a las administraciones y a la Iglesia

La actual iniciativa parte de la proposición de ley registrada en septiembre de 2018, que decayó con la disolución de las Cortes a finales de febrero de 2019. En febrero de 2020, PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, JxCat, PNV, Compromís, Más País, EH Bildu, BNG y la CUP registraron la proposición de ley, aunque más tarde el grupo morado retiró su firma para no consumir el cupo reservado a los partidos.

En esencia, la presente ley tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el "reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición" de las víctimas del robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio

de 1936 –fecha de inicio del golpe de Estado contra el Gobierno de la Segunda República– hasta la actualidad, que es "constitutivo de un delito de lesa humanidad", y facilitar las labores de investigación necesarias, "regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales ratificados por España", reza el artículo primero.

A los efectos de la norma, se consideran víctimas de estos delitos las personas que fueron sustraídas (este requisito podrá alegarse, sin necesidad de prueba,

mediante declaración jurada que contenga un relato verosímil de los hechos que motivan la condición) y las personas que ostenten cualquier tipo de vinculación familiar, hasta el cuarto grado, con los bebés robados.

Asimismo, esta ley obliga tanto a las administraciones estatales, autonómicas y locales como a la Iglesia católica a "realizar cuantas actuaciones sean precisas para la búsqueda de los niños y niñas que pudieran haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de identidad". También, los diferentes organismos e instituciones tendrán que "tramitar y resolver" las peticiones formuladas por las víctimas en el ejercicio de los derechos contenidos en la presente ley.

El texto de la iniciativa incorpora el llamado "derecho a la verdad" y recoge la creación de un Ministerio Público especial sobre bebés robados, "directamente dependiente del Fiscal General del Estado", así como de una unidad de policía judicial especializada en este asunto, cuya "composición y organización se regulará reglamentariamente". Bajo la dirección orgánica y funcional de esta Fiscalía se confeccionará una "Base de Datos Estatal de Afectados". Por otra parte, se crearán un "Banco único de ADN" y la Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad.

Leyes autonómicas de bebés robados

Soledad Luque destaca que el Estado necesita esta ley para atender "las especificidades de este crimen, ya que supone un delito continuado en el tiempo y son muchos los flecos que hay que resolver". En este sentido, agradece la "buena intención" de las leyes autonómicas relativas a esta cuestión aprobadas hasta ahora, pero sostiene que estas normas no son "suficientes" para dar con una "solución integral del problema", ya que "todas las competencias" a las que afecta este crimen son de ámbito estatal.

Y es que, en 2018 se aprobó la Ley de menores robados en Canarias y a finales de 2019, el Parlament catalán dio luz verde a la Ley de Desaparición Forzada de Menores en Cataluña. Esta última iniciativa fue promovida por el Observatorio de la Desaparición Forzada de Menores, que colabora con otras organizaciones de víctimas del robo de bebés.

Su presidenta, Neus Roig, comenta a Público que esta norma, aprobada por unanimidad, "permite que las madres solteras puedan buscar a sus hijos y que las familias adoptantes también se consideren víctimas (muchas de ellas no eran conocedoras de la realidad y ayudan a sus hijos a encontrar a sus padres biológicos)". Asimismo, lamenta que la ley estatal no parta desde las iniciativas autonómicas para agilizar su tramitación, pero tiende la mano de cara al futuro: "Si se nos pide ayuda, ayudaremos", zanja.