MADRID.- El nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no ha querido cuantificar el coste que tendrá para erario público el rescate de las concesiones a las empresas privadas que explotan las ocho autopistas de peaje que han entrado en quiebra, la mayoría de ellas en los ejes radiales de Madrid. De la Serna ha comparecido en sede parlamentaria ante la comisión que le corresponde para explicar las líneas generales de actuación al frente de este departamento.

El titular de Fomento tan solo ha hecho una alusión a los aspectos económicos de este fracaso de la explotación privada de unas infraestructuras de trasporte: “Trabajaremos para que la afectación sea la mínima posible. No está fijada la cantidad y estamos pendientes del resultado de los litigios judiciales”, ha dicho. Pero ha pronunciado esas palabras antes de entrar a la comparecencia ante la comisión de Fomento.

En su intervención se ha limitado a describir el proceso técnico-administrativo, y los trámites judiciales, que se derivan de la quiebra de las autopistas de peaje. Tampoco ha fijado en qué momento el Estado se hará cargo de la explotación de esas autopistas, hasta ahora en manos de empresas privadas. En dos de ellas, la R3 y la R5, ambas en los accesos a Madrid (Valencia y Extremadura, respectivamente) el proceso estará concluido en el mes de julio, ero en el resto el proceso se alargará.

"Entre 1998 y 2003 el crecimiento del tráfico en las autopistas crecía por encima del 5% anual. Tras la crisis de 2008 y hasta el año 2012 el descenso fue superior al 35%", asegura De la Serna

En cualquier caso, ha explicado, la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) “todavía tardará un tiempo en ejecutarse” (es decir, el pago de la administración a las empresas quebradas por las inversiones realizadas, según las condiciones de las concesiones). Se ha extendido en ilustrar a los diputados sobre los trámites tras la declaración del concurso de acreedores, pero sin hacer concreciones.

De la Serna a atribuido la situación de quiebra de estas infraestructuras en manos de las empresas privadas a los errores en los cálculos de las expropiaciones y a la crisis económica. “Entre 1998 y 2003 el crecimiento del tráfico en las autopistas crecía por encima del 5% anual. Tras la crisis de 2008 y hasta el año 2012 el descenso fue superior al 35%. Las expropiaciones, calculadas en 400 millones subieron a más de 2.200 millones”, ha relatado el ministro, que ha destacado que en la pasada legislatura el Gobierno ya tomó decisiones para mitigar la repercusión de las quiebras para el Estado.

El titular de Fomento ha sido prolijo en su intervención (una hora y media en el uso de la palabra), pero se ha dedicado a realizar una descripción de sus “ejes”, “planes”, “compromisos” y otros conceptos, divididos a su vez entre decálogos y objetivos. En cualquier caso, no ha dado cifras ni ha ofrecido compromisos concretos más allá de “necesarios impulsos para modernizar” desde ejes viarios a completar las líneas de alta velocidad que se construyen. Por ejemplo, al “corredor mediterráneo” apenas le ha dedicado 33 segundos de su intervención.

La oposición, como ya es tradicional en las comparecencias de los más variados cargos del Gobierno vinculados al departamento de Fomento, ha concentrado sus múltiples críticas en reivindicar todo tipo de infraestructuras y en denunciar el abandono de las inversiones en numerosos territorios; la mayor parte de ellas en clave de afrentas comparativas, eso sí con profusión de cifras y porcentajes que las justificaban.