Mitos y realidades sobre el impuesto de patrimonio en Catalunya

La supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía, con réplicas desde la Generalitat y desde el Gobierno. Además, el anuncio ha servido para devolver al debate público un tributo de marcado carácter redistributivo –solo lo paga un volumen muy pequeño de la población, que acumula una fortuna importante– y ha hecho reaparecer algunas voces que en piden su supresión también en Catalunya, algo que no contempla el Govern.

Sin embargo, el debate no es nuevo y, de hecho, el Gobierno eliminó el tributo en el 2008, si bien compensó a las comunidades por los recursos que dejaban de recaudar. El de patrimonio es un impuesto estatal, pero cedido a las autonomías, que tienen una capacidad normativa que les permite, por ejemplo, bonificarlo al 100% –que es lo que hizo hace unos años Madrid y lo que ha anunciado el presidente andaluz– o fijar mínimos exentos diversos. En medio de la enorme crisis económica de hace una década, el Ejecutivo estatal recuperó el impuesto de patrimonio en el 2011, en principio con carácter temporal, aunque desde entonces se ha mantenido. Con el foco puesto en Catalunya, repasamos algunos mitos y realidades sobre este tributo.

Afecta a grandes fortunas: lo pagan 80.000 personas

Uno de los tópicos de los opositores al impuesto de patrimonio es que impacta en la clase media, pero la realidad desmiente esta afirmación. Según los datos de la Agencia Tributaria de 2020, aquel año en Catalunya afectaba a un total de 82.465 personas, que sumaban un patrimonio conjunto de 221.787 millones de euros, lo que equivale a una media de 2,69 millones por individuo. Finalmente, solo tuvieron que liquidarlo 80.155 contribuyentes, que pagaron una media de 6.819 euros. La Generalitat obtuvo una recaudación de 546,6 millones por un impuesto que abona poco más del 1% de la población catalana.

Según destaca el economista y doctor en Derecho Tributario Xavier Martínez-Gil, "es un impuesto que afecta a la clase alta, lo paga gente que tiene unos determinados recursos". El también portavoz de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, añade que "hay algo que se llama justicia tributaria y que implica que quien más tiene, más paga y equiparar a todo el mundo a no pagar nada es una injusticia fiscal". En Catalunya, el mínimo exento es de 500.000 euros y a partir de aquí la tarifa es progresiva, desde un tipo del 0,21% hasta un máximo del 2,75% cuando la fortuna se sitúa por sobra los 10,7 millones. Pero a la hora de la verdad, la cuota a liquidar baja casi siempre gracias a los beneficios fiscales.

Enormes beneficios fiscales

El de patrimonio es un impuesto lleno de beneficios fiscales, es decir de exenciones y bonificaciones diversas que en la práctica permiten a muchas personas ahorrarse legalmente su pago o acabar abonando una cifra mucho más baja de la que teóricamente les correspondería. De hecho, según la Memoria de Beneficios Fiscales de los presupuestos de 2022 de la Generalitat, el volumen de los beneficios fiscales previstos para este año en el impuesto sobre el patrimonio ascienden a 2.107 millones, fundamentalmente gracias a las exenciones (1.646,7) y a las deducciones de cuota (459,9). La cifra más que triplica los 649 millones que el Govern espera recaudar este año con el tributo.

El grueso de los beneficios fiscales son fruto de la aplicación de la normativa estatal, que entre otros deja exentos de tributación la vivienda habitual, los bienes y derechos afectos a actividades empresariales y profesionales y las acciones y participaciones en el capital de empresas familiares. Justamente, más de la mitad de los beneficios fiscales (1.412,9 millones) corresponden a "acciones y participaciones exentas no negociadas en mercados organizados", una medida teóricamente planteada para favorecer a las empresas familiares, que en muchos casos no cotizan en los mercados bursátiles.

En un informe de 2018, la Plataforma per una Fiscalitat Justa advertía que una medida de este tipo "presenta criterios dudosos de justificación y permite incluso ingeniería empresarial para eludir el pago de impuestos". Martínez-Gil añade que estos beneficios fiscales no dejan de ser "mecanismos diseñados para dejar de pagar impuestos", fruto de la "presión al legislador" de determinados sectores.

La situación en el Estado

Según los datos de Hacienda, en 2020 la recaudación total del impuesto de patrimonio en el Estado ascendió a 1.203 millones, después de que el tributo lo abonaran 189.613 personas. Por tanto, el 45,4% de lo que se obtenía corresponde a Catalunya, un volumen que se acercará al 50% a raíz de la supresión práctica -vía bonificación del 100%- del impuesto en Andalucía. En este territorio, en el 2020 apenas habían pagado patrimonio 16.785 contribuyentes y la autonomía recaudó poco más de 93,3 millones.

Para el portavoz de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, si el gobierno de Andalucía puede llevar a cabo una medida de este tipo es "porque como comunidad es receptora neta de recursos del Estado, mientras que Catalunya, en cambio, aporta más recursos de los que recibe posteriormente". El argumento también lo comparte el Govern, que denuncia recurrentemente las carencias del actual sistema de financiación autonómica.

La ministra de Hacienda aboga por una "armonización" del impuesto de patrimonio, para evitar el dumping fiscal

El movimiento del presidente andaluz ha sido tildado de dumping fiscal, que podría traducirse como competencia fiscal a la baja. En este sentido, el Ejecutivo español se plantea actuar para evitar situaciones de este tipo. Según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno "explora" que haya una mayor aportación fiscal de las "grandes fortunas", además de abogar por "armonizar" impuestos cedidos a las comunidades para evitar que continúe una "competencia fiscal a la baja". Según la ministra, una de las opciones sería, por ejemplo, fijar una horquilla en la bonificación de un impuesto como el de patrimonio, que ahora puede llegar al 100% -caso de Madrid- para impedir que haya una "práctica eliminación de figuras fiscales".

En estos momentos, según la normativa estatal el mínimo exento del impuesto de patrimonio es de 700.000 euros, si bien las autonomías pueden bonificar el tributo para que no se pague o reducir ese mínimo. Es lo que ha hecho Catalunya, donde el mínimo exento es de 500.000 euros, el mismo importe que en el País Valencià y en Extremadura, mientras que en Aragón se sitúa en 400.000. Antes de las elecciones al Parlament del pasado año, la Plataforma per una Fiscalitat Justa pidió que en el caso de Catalunya el mínimo exento se fijara en 350.000 euros.

El escenario en Europa

Los defensores de la eliminación del impuesto de patrimonio argumentan que no se paga en ninguna parte más de Europa, pero la realidad no es exactamente esta. Al fin y al cabo, no deja de ser un impuesto a la fortuna y en numerosos estados existe algún tipo de figura fiscal que grava la riqueza. Noruega y Suiza, por ejemplo, tienen impuestos equivalentes al patrimonio, mientras que Francia cuenta con el impuesto a la riqueza inmobiliaria, después de que en 2018 Emmanuel Macron decidiera suprimir el impuesto de solidaridad a las fortunas, que existió durante tres décadas.

Italia grava los activos financieros y las propiedades inmobiliarias que sus ciudadanos tienen en el exterior, mientras que Luxemburgo tiene un impuesto estatal para las compañías que superan un determinado patrimonio. Desde el pasado año, Bélgica cuenta con un tributo a la solidaridad, que grava con el 0,15% el capital de las personas que superan el millón de euros. Y así podríamos seguir. Y, como se han encargado de señalar economistas como Eduardo Garzón, en otros países el patrimonio se paga a través del impuesto de la renta, por lo que "los que tienen mayor patrimonio pagan proporcionalmente mucho más que la resto".

Sin embargo, en las últimas décadas la presión fiscal a los potentados se ha reducido. Según un informe del Parlamento Europeo, en el conjunto de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los ingresos a través de los impuestos al capital han pasado del 47% al 24% desde 1980, algo que ha provocado un incremento de la desigualdad. El cambio coincide con el inicio de la revolución neoliberal de hace más de cuatro décadas, liderada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que entre sus consecuencias tiene justamente la disminución de impuestos a ricos y grandes empresas.

Para Martínez-Gil esto ha supuesto que el sistema fiscal "se haya vuelto más regresivo", porque han ganado peso los impuestos indirectos, que todo el mundo paga, y han perdido los directos. Para él, la clave es entender que "con el nivel de gasto público que tenemos, lo que no pagamos vía impuestos lo hacemos con deuda, por lo que tendrán que pagarlo nuestros hijos y nietos a través de los tributos. Por tanto, el debate sobre cómo repartimos la carga tributaria sigue vivo". El célebre economista francés Thomas Piketty lleva varios años defendiendo la implantación de un impuesto global a la riqueza, mientras ONG Oxfam plantea un tributo a los grandes oligopolios para incrementar la recaudación y reducir las desigualdades.

Quien lo defiende y quien quiere suprimirlo

Una de las consecuencias del anuncio del presidente andaluz ha sido que varios actores políticos y económicos se han posicionado en torno al impuesto de patrimonio. El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha dejado claro que la Generalitat no se plantea suprimirlo y ha defendido que es un tributo que contribuye a financiar servicios públicos y que apenas lo paga el 1% de los catalanes. En cuanto a Junts, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha comentado que "solo" un modelo de financiación "justo" permitiría plantear una reforma del impuesto de patrimonio en Catalunya.

En todo caso, los dos socios de gobierno se tendrán que posicionar nuevamente la próxima semana, ya que tendrán que votar una propuesta de resolución de En Comú Podem en defensa del impuesto de patrimonio. Históricamente el espacio de Junts ha sido partidario de la reducción de tributos como patrimonio o sucesiones y donaciones, pero en el actual contexto económico y con un déficit fiscal del Estado con Catalunya que sigue desbocado, Giró opta por el pragmatismo.

Los Comuns, como la CUP, defienden el tributo por su cierta capacidad de redistribución y por una cuestión de "justicia social". Entre los sectores que quieren su eliminación se encuentra la patronal Foment del Treball y partidos con un programa económicamente marcadamente neoliberal, como el PDeCAT o el PP.