Multa de 44 millones a las empresas que formaron un cártel ilegal de sobres electorales

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto multas por un importe total de 44 millones de euros a un grupo de quince empresas por formar y mantener un cártel en el sector de sobres de papel durante más de treinta años.

Competencia ha constatado que el pacto de reparto de sobres se originó en 1977, coincidiendo con la convocatoria de las primeras elecciones democráticas en España, y se reiteró en los siguientes procesos electorales.

En un comunicado, la CNC indicó no obstante que una de las empresas sancionadas, Adveo Group, ha quedado eximida de pagar la multa que le corresponde en aplicación del "programa de clemencia" para las firmas que ayuden a detectar un cártel que reconoce la Ley de Competencia. La multa que le correspondía Adveo era la mayor y copa casi la mitad de toda la sanción, dado que asciende a 20,49 millones de euros.

Además, otras dos compañías multadas, Antalis Envelopes Manufacturing y Manufacturas Tompla, tendrán descuentos del 40% y el 30%, respectivamente, en sus sanciones, que también son de las más altas (7,82 y 11,26 millones de euros, respectivamente) por hacer aportado "información con valor añadido".

En su resolución, Competencia ha constatado asimismo que también formaron parte del cártel otras 16 empresas y la asociación del sector, pero que no se incluyen en el expediente porque su participación habría quedado prescrita.

La multa contra este cártel es fruto de la investigación que la CNC abrió en marzo de 2011, tras realizar inspecciones en las sede de algunas de las empresas, y que amplió a más sociedades en mayo de 2012.

En su resolución del expediente, con fecha del pasado 25 de marzo, Competencia considera "acreditado" que las empresas acordaron repartirse el mercado español de sobres entre los años 1977 y 2010.

De hecho, el organismo que preside Joaquín García Bernaldo de Quirós indica que el cártel se originó en 1977, coincidiendo con la convocatoria de las primeras elecciones democráticas.

Entonces, catorce empresas acordaron repartirse la fabricación y suministro de los sobres electorales, acuerdo de reparto que fue reiterado en las siguientes licitaciones de sobres con ocasión de los nuevos procesos electorales tanto generales, como municipales y autonómicos, además de los referendos de la OTAN y la Comisión Europea.

Según la resolución de Competencia, en virtud del acuerdo, las empresas también se repartieron el suministro de sobres a un total de 223 grandes clientes, tanto públicos, como son la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la DGT, la Policía, y privados, como entidades financieros y empresas eléctricas y de telefonía.

Además, las empresas multadas "extendieron su alianza a la a fabricación y comercialización del sobre blanco y a la limitación del desarrollo tecnológico en el mercado español del sobre de papel".