Las múltiples injerencias del Tribunal Constitucional sobre el Parlament de Catalunya

La histórica injerencia del Tribunal Constitucional (TC) en el Senado –al impedir la votación de la ley sobre su renovación– no tiene precedentes en las Cortes españolas, pero en ningún caso es un hecho inédito en la democracia estatal. Solo hace falta echar un vistazo a la hemeroteca de los últimos años para encontrar constantes intromisiones del tribunal de garantías sobre el Parlament de Catalunya, en una etapa marcada por el procés. Suspensión de plenos, prohibición de debates, impedir votaciones o anular resoluciones o leyes son algunas de las actuaciones que el TC ha protagonizado desde el 2015 en Catalunya.

El momento álgido de estas injerencias se vivió entre los años 2017 y 2018, coincidiendo con la etapa más intensa del procés, en la que se celebró el referéndum del 1 de octubre, se aprobó la simbólica declaración de independencia de Catalunya, se suspendió la autonomía a través de la aplicación del artículo 155 y se mandó a prisión a los miembros del Govern que declinaron salir del Estado. La actuación del TC casi siempre respondía a recursos del Gobierno -entonces en manos del PP-, que a menudo contaban con el apoyo del PSOE.

Vayamos por orden. En el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017 la cámara catalana aprobó la ley del referéndum del 1-O y la ley de transitoriedad jurídica -también conocida como la ley de desconexión-. A instancias del Gobierno –que presidía Mariano Rajoy–, el TC tardó 24 horas en suspender la normativa que permitía la consulta independentista, mientras que la ley de transitoriedad corrió la misma suerte el 12 de septiembre. Estas suspensiones facilitarían el posterior ingreso a prisión y la condena por sedición de la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Previamente, en diciembre de 2016 el Constitucional ya había suspendido las tras ponencias preparatorias para redactar una ley de la Hacienda catalana, una ley para la Seguridad Social y la ley de transitoriedad.

Pese a las advertencias del mismo TC y a la represión policial, el 1 de octubre de aquel año más de dos millones de catalanes decidieron votar sobre la independencia. Cuatro días más tarde, a instancias del PSC el Constitucional decidió suspender el pleno del Parlament convocado para el día 9, en el que el entonces president, Carles Puigdemont, tenía que valorar "los resultados del 1 de octubre y sus efectos". Forcadell optó por esquivar el título del pleno y, finalmente, se pudo celebrar el día 10, en una jornada recordada porque Puigdemont dejó en suspensión la declaración de independencia. Finalmente, se aprobaría el día 27 y aunque no iría más allá del mero simbolismo, provocaría la aprobación en las Cortes de la ejecución del 155 y la posterior detención -o exilio- de los miembros del Govern.

La no investidura telemática de Puigdemont

Todavía bajo la aplicación del 155, Catalunya celebró elecciones al Parlament el 21 de diciembre de 2017, en las que se impuso Ciudadanos, pero que permitieron al independentismo conservar la mayoría absoluta en la cámara. Tras los comicios, a finales de enero de 2018 se intentó investir a Puigdemont como president, pero lo impidió el TC. A raíz de un recurso del Gobierno, el tribunal de garantías dictaminó que el líder de Junts solo podía ser elegido para el cargo de manera presencial, algo imposible en aquel momento, porque se encontraba exilio belga y sabía que si volvía a Catalunya sería detenido inmediatamente.

Quien acabaría llegando al frente del Govern sería Torra

Por tanto, el TC impidió que se votara una investidura telemática de Puigdemont y dos días más tarde, el president del Parlament, Roger Torrent, optó por suspender el pleno. Meses más tarde, en mayo, el Constitucional tumbó la reforma de la Ley de presidencia, que justamente se había hecho para permitir una investidura a distancia. Finalmente, quien acabaría llegando al frente del Govern sería un candidato inesperado: Quim Torra.

Antes de llegar a los meses más intensos de la política catalana contemporánea, el tribunal de garantías ya había jugado su papel en el procés. El 9 de noviembre de 2015, el pleno del Parlament aprobó –con los votos de Junts pel Sí, que era la coalición de la antigua CDC y ERC, y la CUP– la resolución que quería marcar el inicio del proceso de "desconexión democrática" de Catalunya del Estado. Ciudadanos, PSC y PP habían presentado conjuntamente un recurso ante el TC para impedir el pleno, pero en aquella ocasión el tribunal lo rechazó. Posteriormente, sí que declaró inconstitucional la resolución aprobada por los grupos independentistas.

Veto a una comisión sobre la monarquía

Las intromisiones del tribunal de garantías sobre la actuación del legislativo catalán no se han limitado a cuestiones vinculas al procés. En octubre de 2019, el TC consideró inconstitucional la creación en el Parlament de una comisión de investigación sobre la monarquía española, que pretendía profundizar en sus escándalos de corrupción. La comisión, que había sido aprobada con los votos de Junts, ERC, En Comú Podem y la CUP, no llegó a ponerse en marcha y el argumento fue que investigar la monarquía excedía las competencias de la cámara autonómica. En julio ya había anulado la reprobación al rey, Felipe VI, aprobada por el Parlament.

El TSJC decidió absolver a Torrent

Solo unas semanas más tarde, en noviembre de aquel año, el Constitucional advirtió a la Mesa del Parlament para que no tramitara dos mociones -una sobre la autodeterminación de Catalunya y la otra sobre la monarquía-, pero el organismo rector de la Cámara optó por permitir su debate y aprobación. La decisión tuvo consecuencias, porque los miembros independentistas de aquella Mesa, que presidía el ahora conseller Roger Torrent (ERC), fueron llevados a juicio por supuesta "desobediencia grave" al TC, lo que les podría comportar una condena de inhabilitación. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), finalmente, decidió hace solo un mes absolver a Torrent y al resto de acusados –Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado– con el argumento que las instrucciones del TC no habían sido suficientemente claras.

Paralelamente, el Constitucional también ha suspendido total o parcialmente varias leyes aprobadas los últimos años por el Parlament, como por ejemplo sucesivas normativas para garantizar el derecho a la vivienda. Y si vamos casi a la prehistoria política, en una época previa al procés pero que explica su estallido, en junio de 2010 recortó el Estatut de Catalunya, que en 2005 había aprobado el Parlament, que después habían validado las Cortes españolas -previo recorte o cepillado del texto, en terminología de Alfonso Guerra- y que, finalmente, había avalado la ciudadanía catalana en referéndum.