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Una nueva ley turística del Gobierno andaluz permite a los hoteles de lujo aumentar su tamaño hasta en un 20%

Para CCOO, supone un "cheque en blanco al empresariado, y, en especial, a los de mayor capital para modificar de hecho los planes urbanísticos y los paisajes urbanos, obviándose el necesario equilibrio social y medioambiental".

Bañistas y turistas disfrutan de un día en la playa de La Malagueta, este pasado mes de agosto.
Bañistas y turistas disfrutan de un día en la playa de La Malagueta, este pasado mes de agosto. Álex Zea / Europa Press

Una reforma de la normativa turística impulsada por el Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, faculta a los establecimientos turísticos a aumentar de forma "excepcional", solo durante los próximos tres años, hasta en un 20% su tamaño en determinados supuestos.

De este modo se explica en la exposición de motivos del texto: "[El objetivo es que] los establecimientos de alojamiento turístico que se hallen legalmente edificados en suelo urbano y que requieren realizar obras de ampliación o reforma para su renovación y modernización [lo puedan hacer]. Para este tipo de obras, se establece un margen de flexibilidad en la aplicación de los parámetros urbanísticos de edificabilidad, ocupación y altura, como medida de carácter excepcional y transitoria de aplicación a las licencias de obras que con esta finalidad se soliciten en el plazo de tres años desde la entrada en vigor del decreto-ley".

Además, la ley permitirá que se acojan a ella a los hoteles que han quedado fuera de la ordenación urbanística como consecuencia de "una modificación de planeamiento". La Junta no da cifras, pero afirma: "Un número importante de establecimientos hoteleros de la región, en ocasiones debido a que su inauguración tuvo lugar hace décadas, se encuentra en esta situación".

La norma, que fue aprobada por decreto-ley antes del verano con la excusa de la pandemia, y ahora se tramita como un nuevo proyecto de Ley, fue elaborada sin consenso con los sindicatos, en una nueva quiebra de la concertación social, y viene avalada por las asociaciones empresariales del sector.

Para CCOO, supone un "cheque en blanco al empresariado, y, en especial, a los de mayor capital [los de lujo y de las grandes cadenas] para modificar de facto los planes urbanísticos y los paisajes urbanos, obviándose el necesario equilibrio social y medioambiental".

Para el Gobierno andaluz, el sector turístico que durante la pandemia se cayó con todo el equipo, es estratégico: supone un 13% del PIB de la Comunidad. Uno de los ejes de las políticas del Ejecutivo de Juanma Moreno y Juan Marín ha sido dar todas las facilidades posibles a los empresarios del sector. La idea es que la ley "contribuya a la recuperación económica de un sector de la actividad productiva estratégico para la Comunidad Autónoma".

Yolanda Carrasco, secretaria de Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, manifestó el pasado martes en el Parlamento de Andalucía que el "proyecto de Ley que pretende eliminar la aplicación de los parámetros urbanísticos de edificabilidad, ocupación y altura de aplicación en las licencias de obras que se soliciten en los próximos tres años en las parcelas donde se encuentre un establecimiento turístico".

"[La norma] ata de pie y manos a ayuntamientos y entes locales, dejándoles como actores pasivos de un mercado urbanístico que el Gobierno andaluz pretende desregular", agregó Carrasco. 

Sin un estudio

Carrasco lamentó la ausencia de un estudio previo que evalúe el impacto que va a tener "la aplicación y desarrollo de esta Ley, en términos económicos, sociales, de empleo, y de sostenibilidad".

En la exposición de motivos de la ley se hace referencia a una ley de las islas baleares del año 2012. Dice así la norma: "Así por ejemplo, según diferentes publicaciones, la entrada en vigor de la disposición adicional cuarta de la Ley 8/2012, de 19 de junio, de Turismo de las Islas Baleares, generó una inversión total superior a los 1.800 millones de euros y la creación de más de 7.500 puestos de trabajo sólo en el sector del alojamiento. Con arreglo a esta norma, además, más de 200 establecimientos hoteleros subieron de categoría. Es de prever, por tanto, que la entrada en vigor del presente decreto-ley tenga un impacto en la economía andaluza, en términos de inversión, igualmente notable".

Para CCOO, por el contrario, lo que se consigue es lo siguiente: "Se deja a merced de las posibilidades de capital de las empresas la modificación medioambiental y del propio sector, al estar basada en los viejos criterios de especulación inmobiliaria y de un modelo urbanístico insostenible y socialmente irresponsable" y "se olvida igualmente de la calidad del empleo en un sector altamente precarizado". "El Gobierno andaluz actúa de forma irresponsable al dejar como único criterio para subir de categoría los establecimientos hoteleros, la ampliación de los mismos", argumenta Carrasco.

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