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Observatorios contra la LGTBIfobia denuncian los recortes impuestos por las administraciones

Las organizaciones que luchan contra el odio en Catalunya, A Coruña y Vitoria advierten sobre las dificultades que atraviesan a raíz de la disminución de partidas públicas y reclaman la intervención del Defensor del Pueblo.

Bandera LGTBI
Imagen de archivo de una movilización por los derechos de las personas LGTBI. EFE

La batalla contra la discriminación por razones de identidad sexual se ha convertido también en una pelea por la propia supervivencia de quienes realizan ese trabajo. Así lo han confirmado este jueves los Observatorios contra la LGTBIfobia de Catalunya, A Coruña y Vitoria mediante una carta formal presentada ante el Defensor del Pueblo. Allí denuncian precisamente los recortes económicos impuestos por las instituciones, lo que genera situaciones asfixiantes.

"Desde el activismo y la profesionalización de nuestros servicios específicos y especializados, intentamos contribuir al impacto político de la implementación de políticas públicas efectivas bajo el amparo de diferentes leyes autonómicas para garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales y para erradicar las violencias sufridas, siendo conscientes de las estructuras sociales que legitiman las situaciones discriminatorias en nuestra sociedad", destacan en la carta entregada esta mañana.

En esa línea, el Observatorio Contra la Homofobia de Catalunya, Ikusgune – Observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria-Gasteiz y el Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia reclaman al Defensor del Pueblo que realice una investigación ante lo que consideran "un recorte en la financiación que limita y/o imposibilita los diferentes servicios de acompañamiento, atención legal, jurídica y psicosocial a las víctimas por LGTBIfobia".

"Sin una financiación adecuada que nos nutra de recursos económicos, materiales, humanos y sociales, nos vemos en la obligación de denunciar ante su figura que el escenario que se dibuja es preocupante", advierten en la carta. Destacan precisamente que "la partida presupuestaria de Ikusgune – Observatorio LGTBI+ de Vitoria – Gasteiz, ha sido rebajada en un 66% del total para este año", mientras que "desde el Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña se viene denunciando la infrafinanciación por parte de las administraciones públicas (local, provincial, autonómica y estatal) al trabajo ingente que realiza la entidad prestando unos servicios específicos y especializados".

Respecto al Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia que coordina la asociación LGTBI ALAS A Coruña, las entidades firmantes denuncian que "sufrió a comienzos de 2020 un recorte de fondos públicos de casi un 30%, poniendo en peligro la continuidad del mismo, que se mantiene en activo gracias al trabajo voluntario de personas de la entidad". "Además, somos consciente por la red que tejemos las entidades LGTBI+ que esta preocupación es extensiva a otras comunidades del Estado, eliminando y cercenando subvenciones y/o convenios de colaboración", añaden.

"Falta de compromiso"

"No es de recibo que Observatorios que realizan un trabajo incuestionable en sus territorios y con un impacto social significativo no reciban por parte de la administración estatal ni un solo céntimo, en unos momentos en los que la atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad necesitan de una atención específica y especializada, que se debe nutrir de recursos económicos públicos dignos", señaló el presidente del Observatorio Contra la Homofobia de Cataluña, Eugeni Rodríguez.

Por su parte, Amets Martínez de Heredia, presidente de Lumagorri –entidad gestora del Observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria-Gasteiz– afirmó que "resulta inadmisible que en un contexto de ascenso de los delitos y discursos de odio, con el agravante de una crisis sanitaria como la que vivimos, los recursos a hacer frente a la LGTBI+fobia vayan mermándose", mientras que Carlos Emilio Mella, presidente de ALAS A Coruña, denunció la "falta de compromiso de todas las instituciones con los derechos de la población LGTB".

"Es urgente que las administraciones públicas tomen conciencia de que la defensa de los derechos de nuestra comunidad va más allá de izar la bandera LGTBI en el mes de junio, es un compromiso diario", añadió Mella.

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