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Cumbre de Santiago de Compostela Ocho presidentes autonómicos piden otro modelo de financiación con criterios demográficos

En una declaración institucional, los y las dirigentes de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura señalan la urgencia de un nuevo reparto del dinero entre los diferentes territorios.

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Los ocho presidentes autonómicos reunidos en Santiago al inicio de su reunión. Álvaro Ballesteros / EUROPA PRESS

Ocho presidentes autonómicos han firmado este martes en la denominada cumbre de Santiago un documento, con 35 puntos, en el que reclaman otro modelo que subsane las deficiencias financieras del actual sistema de reparto entre los distintos territorios. 

En una declaración institucional, los ocho firmantes trasladan la necesidad de que España acometa, de manera pronta, el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de ciudadanos, vivan donde vivan.

La cumbre de Santiago ha reunido este martes en el parador de los Reyes Católicos a los presidentes del PP Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); al del Partido Regionalista de Cantabria Miguel Ángel Revilla; y a los socialistas Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias). Ocho territorios que suman el 64% del territorio pero sólo albergan al 22% de la población

En la declaración institucional, los ocho participantes ponen de relieve la trascendencia de este debate ya que afecta a la principal vía de ingresos de las comunidades, y por ello reivindican que el nuevo sistema solo pueda ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el cual se tengan en cuenta las posiciones de todas las administraciones afectadas.

Y, por tanto, las decisiones relativas a la financiación ordinaria –suscriben-– han de quedar al margen de los "legítimos espacios bilaterales" entre el Gobierno y cada comunidad autónoma.

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