El Ministerio de Justicia y las autonomías han aprobado este viernes que las oficinas de asistencia a las víctimas puedan acreditar casos de violencia de género en calidad de servicios especializados. 

De esta manera, se busca que las víctimas no se vean en la obligación de recurrir a otros medios y, además, que no sufran episodios de victimización secundaria. 

La victimización secundaria, o revictimización, se da en personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso y, al denunciarlo, deben declarar en varias ocasiones. Esto puede ocasionar que la persona reviva el episodio traumático asumiendo su papel de víctima y la incomprensión del sistema. 

Esta es una de las medidas que se han aprobado en la Conferencia Sectorial de Justicia, que se ha celebrado este viernes, y para la que se han reunido las comunidades autónomas con competencias transferidas con el Ministerio de Justicia. 

La reunión, que ha estado presidida por la ministra Pilar Llop, ha tenido lugar en el Senado. En ella se han abordado temas como la implantación de un nuevo modelo organizativo, asuntos que permitirán la tramitación del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital o la necesidad de trabajar en un esquema común de seguridad laboral, entre otras cuestiones. 

Un nuevo modelo organizativo

Uno de los temas que se ha tratado en el encuentro ha sido el programa para la implantación del nuevo modelo organizativo del servicio público de Justicia. Está contemplado en la ley de eficiencia organizativa y se divide en diez pequeños proyectos. 

Estos proyectos "abarcan desde la identificación y preparación de todas las normas y directrices necesarias para la implantación de estas nuevas estructuras, pasando por el diseño organizativo y elaboración de relaciones de puestos de trabajo, la adecuación de espacios y configuración tecnológica, la reorganización y acoplamiento de todo el personal, hasta todo lo concerniente a la gestión del cambio asociada al proceso.", según la nota del ministerio de Justicia.

En este sentido, cuenta con la participación de las dos partes reunidas —autonomías con competencias y Ministerio de Justicia—, así como otros departamentos, incluidos los municipales. 

Además, se prevé crear una oficina que supervisará el proceso de implantación y para la que se precisarán 125 personas. 

Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital

Esta idea que están tramitando "permitirá reforzar las inversiones para la digitalización de la Justicia, en la que España goza de una buena posición de partida", ha asegurado la vicepresidenta de la Comisión Europea en Valores y Transparencia, Věra Jourová —que ha estado presente por videoconferencia—.

Esta posible futura ley velaría por un acceso a los servicios digitales al alcance de toda la ciudadanía española, "reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia". 

Además, durante el encuentro, se llegó a un segundo acuerdo sobre los criterios, objetivos e indicadores de distribución de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el desarrollo del programa conjunto de reformas estructurales del servicio público de Justicia.