Operación ‘Derribar a Sánchez’: la derecha alinea a jueces, políticos y medios con protestas callejeras contra la investidura

En el año 2019 el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, publicó un libro titulado Manual de resistencia. En él contaba principalmente cómo fue el proceso que le llevó a ganar, contra muchos elementos, las primarias de su partido. Aquella épica ha sido evocada en muchos momentos posteriores de su trayectoria política. El actual proceso de investidura, todavía por concretarse, puede ser uno más.

PSOE y Junts todavía no han llegado al esperado pacto. La novedad de este martes es que no ha habido novedades reseñables respecto al lunes. En todo caso, que la inminente llegada del acuerdo se enfría. Así lo transmitieron diferentes fuentes socialistas tanto en Bruselas como en Madrid. Los equipos negociadores, en todo caso, todavía no se han levantado de la mesa. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, seguirá en Bruselas este miércoles.

“Tenemos tiempo hasta el 27 de noviembre. Lo de la fecha no lo hemos dicho nosotros”, transmitían por la mañana fuentes cercanas a Cerdán. Un mensaje que se repetía por la tarde en Madrid. “¿Qué son cinco días para formar Gobierno. En Alemania estuvieron seis meses. ¿Quién ha hablado de fechas?”, se preguntaban fuentes socialistas de alto nivel. Lo importante, insisten en el PSOE, “es llegar a un acuerdo”. Ahora, “es el momento de callar“, añadían con el ya habitual mantra de la discreción y al tiempo que reclaman un poco de paciencia.

Lo cierto es que la pasada semana desde las filas del PSOE se anhelaba que la investidura de Sánchez se produjera esta misma semana. Primero, que llegara el acuerdo con Junts, que se rozó ya el pasado jueves. Luego, que se registrara la ley de amnistía en el Congreso y que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, pusiera la fecha. Ahora, salvo un giro de guión inesperado, ese calendario se complica y hay fuentes socialistas que apuntan ya a la próxima semana.

El partido que lidera Carles Puigdemont está estirando las negociaciones. En parte por su pugna eterna con ERC, según destacan en las filas socialistas. Algo que algunas fuentes reconocen que no les pilla de sorpresa. “Tienen que preparar el relato para los suyos, los virajes cuestan”, señalan en la cúpula de Ferraz.

Más allá de los detalles concretos de las negociaciones, sean jurídicos, técnicos o políticos, a Sánchez se le han abierto otros importantes frentes en relación a la investidura. Y en concreto al pacto con Junts y ERC sobre la ley de amnistía. Una iniciativa que desde la derecha política y judicial están tratando de tumbar por tierra, mar, aire. Es decir, con presión desde la calle, los juzgados o las tribunas políticas.

CGPJ y García Castellón

Desde el ámbito jurídico, dos actores se han erigido en protagonistas durante las últimas horas. En primer lugar, los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En una decisión con pocos precedentes, estos magistrados nombrados por el PP, con su mandato caducado desde hace cinco años, aprobaron una declaración contra una futuro ley de amnistía que todavía no está ni registrada en el Congreso.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no perdió la ocasión de cargar contra su actuación. “No deja de ser inaudito que en un órgano en el que están sentadas personas con estos conocimientos se emita un pronunciamiento acerca de una norma que no existe. Se califica por sí solo. Hubiera estado bien que actuaran con la misma celeridad sobre su mandato caducado”, señaló en rueda de prensa.

Más cauta fue con la decisión del juez Manuel García Castellón de dirigir su investigación sobre Tsunami Democratic hacia Marta Rovira, secretaria general de ERC, y el propio Puigdemont. El perfil de este juez está marcado por su afinidad al PP o por instruir causas falsas contra Podemos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha recurrido su auto y en eso basó sus declaraciones la portavoz de Moncloa. “Ahí están los hechos, es una causa que se lleva instruyendo 4 años. Vemos otros operadores jurídicos que tienen criterios distintos como la Fiscalía”, dijo.

Los ataques a las sedes socialistas

Otro de los frentes que tiene abiertos Sánchez es la proliferación de protestas delante de sus sedes. Una convocatorias que están manejando desde la ultraderecha, tanto de Vox como de otros grupúsculos neofascistas o falangistas. El propio Santiago Abascal ha acudido personalmente y además ha llamado a los policías a desobedecer lo que él considera órdenes ilegales del Ministerio del Interior.

Mientras, el PP, también ha agitado la calle. Cierto es que con convocatorias diferenciadas, como las que tendrán lugar el próximo domingo. Los socialistas han puesto el foco en Alberto Núñez Feijóo, que todavía no ha condenado los actos violentos sufridos en Ferraz y otras sedes del PSOE. Aparte, se han movilizado de forma institucional para buscar el retrato de los populares, una vez más, junto a Vox.

La organización juvenil del PSOE, Juventudes Socialistas, ha lanzado también una campaña específica para hacer frente a la ultraderecha y de afiliación a la misma. La organización socialista defiende “una España en la que tú sí que cabes” según su secretario general, Víctor Camino, y “combatir a los fascistas que pisotean aquellas ideas con las que no están de acuerdo”.

El cóctel se completa con algunas declaraciones realizadas por sindicatos policiales habituales en sus críticas al Gobierno como Jupol. Estos han cargado directamente contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska. Otros sindicatos como CEP o SUP también se han pronunciado frente a lo que consideran directrices políticas del Gobierno.

Sánchez, que siempre ha presumido de tener “paz social” durante toda su legislatura, también deberá enfrentar la protesta de todos los sindicatos ferroviarios de Renfe y Adif. En su caso, han convocado cinco días de huelga ante la falta de información respecto a las condiciones laborales de las plantillas tras el acuerdo entre el Gobierno central y ERC sobre el traspaso de Rodalies.

El PSOE también ha denunciado estos últimos cuatro años, especialmente hacia el final de la legislatura, el papel de la “derecha mediática” y los bulos o manipulaciones que se vierten sobre Sánchez.

La hoja de ruta para la investidura y su defensa de la necesidad de una ley como la de amnistía no tiene visos de cambiar. Los socialistas apelan a su historia, la de un partido con más de 140 años de historia. Y lanzan estos días un mensaje claro que ya difundió el propio Sánchez: “No nos van a amedrentar”.