El Partido Popular que preside Pablo Casado se ha quedado anclado en el año 2008. Sus recetas para salir de la actual crisis económica —desencadenada por la llegada de la pandemia a España en marzo de 2020— pasan por bajar los impuestos. El conservador asegura que si llega a la Moncloa impulsará un Gobierno de "salvación nacional" que en apenas tres meses rebaje el IRPF, el Impuesto de Sociedades, suprima el de Sucesiones, y "flexibilice" el mercado laboral (lo que en el año 2012 se tradujo en una reforma laboral que no contó con el apoyo de sindicatos ni sociedad civil y acabó abaratando el despido).

La política económica del PP choca con los consensos internacionales que se han producido tras la llegada de la pandemia y que ha provocado que incluso los organismos y gobiernos más ortodoxos, entre los que se encuentra el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos de Joe Biden apuesten por políticas expansivas para sanidad, educación y saneamiento público, lo que inevitablemente conlleva una subida de impuestos.

El último hito se ha producido con el histórico acuerdo de los ministros de finanzas que integran el G7 para impulsar un impuesto global de, como mínimo, el 15% a las grandes empresas, incluidas las multinacionales tecnológicas. Estados Unidos celebró el pacto "sin precedentes" y hasta Facebook señaló que la medida dará más "certeza a las empresas", a la vez que reconoce que implicara que las grandes tecnológicas "paguen más impuestos" en diferentes países. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que esta reforma "permitirá una mayor contribución de grandes compañías mundiales".

Lo que se quiere evitar es que países como Irlanda y Holanda, por citar dos ejemplos europeos, tengan un gravamen mucho menor que otros territorios, lo que provoca la deslocalización de grandes empresas. También se pone el acento en que las grandes corporaciones acaban pagando menos impuestos que las pequeñas aprovechando los resquicios que les dejan las leyes, es decir, alegando que los beneficios se van a utilizar para innovación y desarrollo, o que en vez de repartirse entre los accionistas se utilizan para mejorar la empresa.

Los organismos económicos apuestan por subir impuestos

Días antes del acuerdo del G7, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proclamaba la necesidad de recuperar los impuestos que gravan la riqueza, como herencia y donaciones, a fin de elevar la recaudación y censuraba la competencia fiscal entre regiones para atraer a las grandes fortunas llegando a convertir esos territorios en paraísos fiscales. El organismo citaba el caso de la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso siempre ha negado las acusaciones de dumping fiscal.

A principios de abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe de monotorización fiscal en el que planteaba, por segunda vez en pandemia, elevar de forma temporal los impuestos a grandes empresas que prosperaran con la crisis, como algunas farmacéuticas y tecnológicas, y a altas fortunas para sufragar la factura del covid-19, con el objetivo de reducir el déficit y la deuda. Un completo giro de guión para el mismo organismo que hace diez años apostaba por políticas de austeridad para salir de la crisis.

En el mismo sentido se pronunció recientemente el Banco de España al señalar al Ejecutivo que tras controlarse la pandemia debe subir impuestos para mejorar la eficiencia del gasto público para poder reducir progresivamente el déficit público y el nivel de deuda sobre PIB. Asimismo, el Banco Central Europeo dictaminó en un informe publicado en noviembre de 2020 que las medidas de ayudas públicas durante la pandemia como los ERTE en el caso español, salvaron del cierre al 36% de las empresas de nuestro país.

A pesar de este cambio de paradigma el principal partido de la oposición no ha cambiado un ápice su discurso y Casado reduce su programa económico al mito de la curva de Laffer, una teoría que señala que se pueden reducir los impuestos e incrementar la actividad económica pero que no ha dado resultados según exponen reputados economistas. Estas voces indican que siempre que se han reducido impuestos lo que ha ocurrido es un aumento del déficit y del endeudamiento público.

 Los gurús de Casado, en contra de los acuerdos del G7

En el PP evitan dar a conocer su posición con respecto al reciente acuerdo alcanzado en el G7 y que deberá negociarse entre las 20 economías más potentes, entre las que está España, en una cumbre el próximo mes en Venecia. "El G7 tiene libertad de alcanzar los acuerdos que quiera", es la única respuesta que dan desde la dirección económica del PP a las preguntas de Público.

Más explícito ha sido el actual gurú económico de Casado, José María Rotellar. La pasada semana la dirección del PP lo nombró "responsable de la asesoría económica" como parte de los cambios impulsados por el 'popular' para la convención del partido en otoño, pero Rotellar se limitó a asegurar que continuará asesorando externamente a la formación conservadora. El economista es muy crítico con estas políticas expansivas que ha desarrollado el actual gobierno de coalición, al que acusa de crear una "sociedad subsidiada" y, por ende, "pobre, débil y atrasada".

En un artículo de opinión en Libertad Digital, Rotellar también pone en duda el acuerdo entre los ministros de finanzas del G7. "Impone un tipo mínimo del 15% en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades, por no hablar de la tasa para transacciones financieras, que perjudicará a la financiación en los mercados, o las ya anteriormente anunciadas tasas digitales", señala. El economista se muestra también en contra del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el incremento de las pensiones y del gasto público en pandemia y el PER en Andalucía.

También se ha posicionado visiblemente en contra de este acuerdo global otro de los economistas de cabecera de Casado, Daniel Lacalle, que en las elecciones generales de abril del 2019 formó parte de las listas del PP en Madrid y fue elegido diputado pero acabó renunciando al acta. Lacalle tildó la medida de "cosmética y contraproducente" a través de su cuenta de Twitter.

Para el economista, el G7 "ignora todos los distintos impuestos que se pagan antes de Sociedades", "penaliza las empresas de mayor productividad, "desincentiva el crecimiento empresarial" y "no va a recaudar casi nada". "La propuesta, de EEUU, es sobre la base imponible del beneficio neto. Es una diferencia gigantesca y fundamental", señala en otro tuit.