La periodista de Europa Press Baleares afectada por el caso Móviles, Blanca Pou, ha relatado este martes en su declaración como testigo en el Tribunal Superior de Justicia Baleares (TSJIB) que los agentes que participaron en el registro de la sede de la agencia el pasado 11 de diciembre accedieron a su correo electrónico.

Según ha declarado, los agentes pidieron ver su correo electrónico y uno de ellos utilizó en ese momento el equipo que la redactora tenía en la delegación –ordenador que ese mismo día fue incautado–, donde tenía abierta la sesión de su correo personal, el corporativo y el oficial de la delegación.

La redactora también ha revelado que, tras mostrarle la orden del juez, le exigieron la entrega del móvil y de las claves de éste. Así, para comprobar las claves en el mismo acto de incautación, accedieron al teléfono y a la caja fuerte de Android del terminal.

En la declaración de este martes, Pou ha sido preguntada por los motivos por los cuales aportó a la Policía estas claves y ha recordado que los mismos agentes le dijeron que, se las diera o no, las iban "a sacar igual".

Asimismo, la periodista ha declarado que en todo momento entendió que la Policía se llevaría "por las buenas o por las malas" todo el material profesional y personal que se le requirió, por lo que llego a sentirse, según ha dicho, "acorralada". Pou ha reiterado este martes que no dio su dispositivo de manera voluntaria a la Policía Nacional

En los equipos tenía archivos sobre otras investigaciones

Pou ha contado que el viernes anterior a la incautación recibió una llamada de la Policía en la que le anunciaban que vendrían a tomarle declaración para ratificar por escrito una conversación anterior mantenida en agosto, en la que la periodista se había acogido a su derecho a no revelar las fuentes y los policías no habían planteado ninguna objeción.

La redactora ha relatado también que en los equipos incautados disponía de más investigaciones relacionadas con su actividad periodística, así como datos o documentos sobre su vida privada, y ha hecho hincapié en que en el momento de la incautación no se le dejó hablar con los servicios jurídicos de la empresa.