Podemos ha pedido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que dimita "por dignidad" al entender que lo que ha hecho el juez del Supremo Manuel Marchena como lo que ha "perpetrado" Batet al retirar el escaño al diputado morado Alberto Rodríguez" atenta contra la democracia y la separación de poderes".

Es algo "gravísimo", han coincidido en calificar los portavoces de Podemos, Isa Serra y Pablo Fernández, en una rueda de prensa en la sede de la formación en el marco del choque entre los dos socios del Gobierno a cuenta de la retirada del acta a Rodríguez y sobre quién debe pilotar el proceso para derogar la reforma laboral. 

Han cargado contra Batet por "colaborar" en los planes del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en esta "aberración" jurídica, contra el criterio de la Mesa del Congreso y los letrados de la cámara

"Lo que ha ocurrido Alberto Rodríguez es un ataque a la democracia. La Justicia ha arrebatado un representante de la ciudadanía con la colaboración de la presidencia del Congreso", ha dicho la portavoz de Podemos, Isa Serra.

En este sentido, la dirigente de la formación morada ha ahondado en que la sentencia del Supremo contra Rodríguez es "injusta", con "todas las pruebas en contra" y sustentada en "acusaciones falsas".

El PSOE defiende la decisión de Bater

La ministra de Justicia Pilar Llop ha defendido este lunes la decisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, de retirarle el escaño de diputado a Alberto Rodríguez, después de que el Tribunal Supremo le condenase a una pena que acarreaba inhabilitación, por estar "basada en la legalidad".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha señalado que se produjo una "controversia" entre los servicios jurídicos de la Cámara —contrarios a la retirada del escaño— y el Tribunal Supremo, aunque finalmente Batet decidió seguir el criterio del alto tribunal. "Estamos en una democracia y el Ejecutivo respeta al poder legislativo y judicial", ha indicado Llop.

Al ser preguntada por las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 que acusó de prevaricación al Supremo por esta sentencia contra Rodríguez, ha afirmado que cada poder debe "desenvolverse" en el marco que le asigna la Constitución.