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Piden la reprobación del alcalde de Ourol (Lugo) por justificar que se cuelgue una oveja muerta de un puente en protesta

Para la organización animalista, esta postura "agita un miedo inexistente contra la fauna silvestre" y recuerda que "en las últimas décadas no se ha documentado incidente alguno con este mamífero".

Una oveja.
Una oveja. Pixabay

La Asociación Animalista Libera ha pedido este jueves al PSdeG que desautorice al alcalde de Ourol (Lugo) por considerar que justificó que se colgara el cadáver de una oveja muerta de un puente que cruza la carretera LU-540 como reivindicación del trabajo del ganadero y en protesta por los ataques que sufre el ganado por parte del lobo.

Para la organización animalista, esta postura "agita un miedo inexistente contra la fauna silvestre" y recuerda que "en las últimas décadas no se ha documentado incidente alguno con este mamífero". Al respecto, defiende que los daños provocados al sector productivo "responden en muchas ocasiones a la carencia absoluta de medidas preventivas".

Libera considera que las declaraciones del alcalde contravienen la estrategia de protección de especies amenazadas que está elaborando el Ministerio de Transición Ecológica y subraya que colgar a un animal muerto de un puente "podría constituir un peligro sanitario", ya que "el cadáver es un foco de putrefacción y se desconoce si portaba alguna enfermedad".

Añade que es "un peligro para la seguridad vial", ya que podría desprenderse de las ataduras y caer sobre el asfalto o sobre un vehículo en tránsito. "Esta supuesta protesta no es más que la pataleta de una minoría del sector primario que defiende exterminar a la fauna silvestre y seguir cobrando ayudas públicas sin responsabilizarse de su papel en los ecosistemas", afirman los animalistas.

Toros

Por su parte, la organización abolicionista Galicia, Mellor Sen Touradas propone que las administraciones públicas adquieran la plaza de toros de Pontevedra, ante la carencia de actividades durante casi dos años en el coso de San Roque.

Al estar infrautilizado por los actuales propietarios, plantean que un consorcio de administraciones públicas, con la Xunta, la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento, pudiesen asumir la adquisición. Incluso proponen la vía de la expropiación. 

Al respecto, defienden que una instalación pública gestionada por un ente multiadministrativo permitiría generar una triple agenda de actividades, combinando gestión local en la cesión del espacio a asociaciones y clubes para sus actividades ordinarias, convocatoria de eventos multitudinarios una vez que el contexto sanitario lo posibilite y actos puntuales que permitan atraer visitantes.

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