La Mesa del Congreso ha admitido a trámite la propuesta de Más País y Compromís, con el apoyo de Nueva Canarias, para crear una comisión que investigue la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España después de que numerosos políticos y cargos públicos se han inoculado sin pertenecer a los grupos prioritarios, saltándose el protocolo del Ministerio de Sanidad.

El órgano de gobierno de la Cámara Baja ha aceptado este martes tramitar la solicitud de los grupos parlamentarios plural y mixto, según han informado a Público fuentes de la Mesa. El siguiente paso lo dará el Pleno, que tendrá que debatir sobre la creación de esta nueva comisión no permanente.

"Más allá de las responsabilidades y/o administrativas, el poder legislativo tiene la obligación de investigar los hechos para depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas de cara a las garantías de no repetición de estas prácticas irregulares en el restante proceso de vacunación contra la covid-19 en nuestro país", argumentan los partidos en la solicitud a la que ha tenido acceso este medio. 

El texto recuerda que España todavía se encuentra en la primera etapa de vacunación, que se espera que llegará hasta marzo. Los primeros grupos que delimitó Sanidad para recibir las vacunas en la primera fase fueron categorizados por criterios "claros y concisos", siendo los siguientes: residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias, personal de primer línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, así como el resto de personal; y personas consideradas como grandes dependientes. 

Sin embargo, tal como han publicado diferentes medios, decenas de miembros de gobiernos locales y autonómicos, así como altos cargos de la administración del Estado como el Ministerio de Defensa, se pusieron la vacuna sin que le correspondiera según el plan de Sanidad. Cabe recordar que algunos de estos cargos han dimitido, como el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya.

En este sentido, la comisión tendrá por objeto investigar la existencia de "estructuras de tráfico de influencias que hayan posibilitado prácticas irregulares de vacunación", los beneficiarios de dicha inoculación, así como la ausencia y los fallos de control que hayan dado en el protocolo. 

Asimismo, el órgano parlamentario indagará sobre las posibles "irregularidades, falta de transparencia, y cláusulas abusivas que hayan podido darse en relación con los contratos con las farmacéuticas y las actuaciones relativas a estos hechos por parte de la Unión Europea y de los Estados miembro".

Y es que, los partidos sostienen que, en plena tercera ola, existen otros "fallos" en el plan de vacunación. Esto es, "dosis echadas a perder, problemas con la distribución y de logística, falta de jeringuillas adecuadas para el máximo aprovechamiento, y ausencia de gestión y previsión". A esto se le suma la "incapacidad" de las farmacéuticas para respetar los compromisos adquiridos, visibilizando a su vez la "falta de transparencia y de garantías jurídicas" en los contratos con la UE. Es el caso de AstraZeneca, que finalmente entregará la mitad de las dosis comprometidas en el primer trimestre tras los problemas de entrega de su vacuna, incumpliendo el acuerdo firmado con la UE.