La Policía peruana utilizó proyectiles vendidos por España en la salvaje represión de las protestas

La represión policial contra las protestas en Perú ha dejado ya más de medio centenar de víctimas y un alarmante registro de graves vulneraciones a los derechos humanos contra la población indígena. Según ha podido documentar Amnistía Internacional (AI), entre el material utilizado para cargar contra manifestantes ha habido proyectiles de fabricación española.

En un informe dado a conocer este jueves, el organismo de derechos humanos señala que "el Laboratorio de Evidencia de AI concluyó que en la represión de las manifestaciones se hizo uso de proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados por la empresa española Maxam Outdoor", por lo que "seguirá investigando si se ha utilizado para cometer violaciones graves de derechos humanos".

Según consta en los informes elaborados por la Secretaría de Estado de Comercio, entre 2012 y 2021 las autoridades españolas han autorizado 24 licencias de exportación de material antidisturbios a Perú por un valor de 70.429.599 euros.

No en vano, la base de datos que elabora el Centro Delàs de Estudios por la Paz ubica a Perú como el principal destinatario de las exportaciones de ese tipo de material autorizadas durante los últimos diez años. Las compras han estado dirigidas tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía.

Estas operaciones fueron aprobadas por la Junta Interministerial que tiene a su cargo la concesión de las licencias de exportación de armamento y que cuenta entre sus miembros con representantes del CNI, del Ministerio de Defensa y de la Secretaría de Estado de Comercio. Sus actas cuentan con carácter secreto gracias a un decreto aprobado por el Gobierno de Felipe González en 1987.

Como medida cautelar, la sección española de AI ha insistido en su petición al Gobierno para que suspenda de forma inmediata las exportaciones de armas y material antidisturbios a Perú. En tal sentido, ha pedido al Ejecutivo que aplique el protocolo vigente desde 2020 para verificar el uso de las armas exportadas a ese país.

"A pesar de que las normas internacionales de derechos humanos prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para el control de protestas, la información recopilada apunta a que en múltiples casos la Policía y el Ejército recurrieron a ésta como uno de los principales métodos para dispersar las manifestaciones, incluso cuando no existía riesgo aparente para la vida de otras personas", afirma AI.

Según los datos disponibles, "la Policía y el Ejército dispararon balas de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas".

Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones del país en diciembre del 2022, el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas, en el contexto de la represión de protestas, lo que han supuesto ataques generalizados, señala AI.

Durante la investigación en Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima entre el 29 de enero y el 11 de febrero, los expertos de este organismo recibieron información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentaron otros 12 casos de muertes por uso de armas de fuego. "Asimismo, la organización recibió información sobre graves carencias en la investigación de violaciones de derechos humanos y la impartición de justicia", apuntó.

"Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos", afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

"Sesgo racista"

De acuerdo al análisis realizado en base a los datos de la Defensoría del Pueblo de Perú, "el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se encuentra concentrado de manera desproporcionada en regiones con población mayoritariamente de pueblos indígenas".

"Mientras que los departamentos con población mayoritariamente indígena sólo representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis. Los datos apuntan a que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas", agregó AI.