La amnistía se encuentra, aún, en el inicio de su periplo por el Senado. Hay, eso sí, una fecha límite para que la Cámara Baja se pronuncie aprobando, vetando o enmendando la ley. 16 de mayo. No hay misterio en ese sentido. La mayoría que ostenta el Partido Popular (PP) la vetará. Después, volverá al Congreso, donde el bloque de investidura levantará el veto y, salvo giro de los acontecimientos, la aprobará de forma definitiva. Antes, la amnistía transitará un particular vía crucis en la Cámara Alta plagado de informes en su contra.

El Senado no tiene capacidad para tumbar ninguna ley que apruebe el Congreso de los Diputados, toda vez que la última palabra la tiene la Cámara Baja. De todas formas, el PP está multiplicando sus balas de fogueo contra la amnistía —porque, al menos de forma directa, no puede torpedearla— en el marco de la estrategia que definió Alberto Núñez Feijóo desde el primer día: atacar la amnistía por tierra, mar y aire. Conscientes de que la aprobación de la ley en el Parlamento es inevitable, los populares pretenden, con el amontonamiento de informes, abonar el terreno judicial y europeo.

No en vano, es en el Tribunal Constitucional (TC) y en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) donde el Partido Popular espera que colapse la Ley de Amnistía. Fuentes de otros grupos parlamentarios entienden que la extrema producción de informes en contra de la misma es, para el PP, parte del camino.

El próximo frente que tiene la amnistía en el horizonte es el informe sobre sus eventuales efectos en las autonomías y el debate con el que la Comisión General de Comunidades Autónomas lo culminará. Como ha avanzado Público, el PP ya ha remitido una propuesta de informe al resto de grupos parlamentarios, en el que carga duramente sobre la ley. Este mismo jueves, los votos de la mayoría popular serán suficientes para aprobar el escrito de la ponencia y el lunes, 8 de abril, se aprobará de forma definitiva el informe.

Es de esperar que la última versión varíe poco o nada con respecto a la propuesta inicial del PP. Según ha podido saber Público, algunas fuerzas, como Esquerra Republicana, se plantean presentar un voto particular. Casi un informe paralelo y alternativo al que presenta el PP. En cualquier caso, la mayoría popular no da ningún margen.

Entre otras cosas, el escrito que presenta el PP dice que para que la amnistía fuera "constitucionalmente admisible" debería estar "expresamente" prevista en la Constitución española, como ocurre —se apostilla en el propio texto— en Francia o Portugal. En ambos países se han aprobado varias amnistías. La última francesa, en el año 2002, cubrió los delitos relacionados con conflictos sindicales o industriales siempre y cuando las penas fueran inferiores a los diez años.

En la Carta Magna española, en todo caso, no aparece ninguna mención —ni reconociéndola ni prohibiéndola— de la amnistía. Sí se dice que el rey "no podrá autorizar indultos generales".

En cuanto a los efectos de la amnistía en las comunidades autónomas, el objeto principal del informe que se votará en comisión próximamente, los populares inciden en la "deslegitimación del Estado en su conjunto, también como Estado Autonómico, y del Senado" que produciría la amnistía y tacha su futura aprobación de "golpe mortal" para el vigente Estado constitucional y autonómico. Uno de los argumentos que da es que la ley de olvido penal puede sentar un precedente y alentar futuros movimientos independentistas.

También denuncia que se ha privado al Senado de su papel decisivo en la aprobación de la ley porque se ha tramitado como una ley orgánica, también se desposee a las comunidades autónomas de su influencia, en tanto que el Senado es la Cámara de representación territorial.

Antes de este informe, ya llegaron otros. A los letrados del Senado se les pidió que se pronunciaran sobre la constitucionalidad de la amnistía y emitieron un informe negativo. A la Comisión de Venecia se le solicitó uno que le salió rana al Partido Popular, toda vez que el órgano europeo avaló la ley, aunque con mejoras. El CGPJ también se posicionó en otro estudio que le encargó la Mesa del Senado y abundó en la inconstitucionalidad de la amnistía. En cualquier caso, ninguno de los informes citados es vinculante. Tampoco el que se aprobará el lunes que viene en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Otro frente que ha abierto el Partido Popular es el del conflicto de competencias entre el Congreso y el Senado. El PP aprobará, el miércoles día 10 de abril, solicitar a la Cámara Baja que retire la ley porque entiende que invade competencias del Senado. Lo que dice el Partido Popular es que se trata de una reforma encubierta de la Constitución. A partir del miércoles, el Congreso tendrá un mes para pronunciarse o no hacerlo. Fuentes del Congreso lo consideran "ruido" y explican que pondrán el asunto en manos de los letrados del Senado.

En cualquier caso, dicho proceso no paraliza la tramitación de la ley, con lo que la fecha del 16 de mayo para que salga del Senado no debería de verse afectada. En principio, el propio texto de la ley descarta que se puedan solicitar medidas cautelares.

Desembarco de barones y... ¿Aragonès?

El 8 de abril, en todo caso, el PP tiene prevista otra demostración de fuerza. La sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas acogerá el debate para aprobar el informe de la ponencia sobre los eventuales efectos de la amnistía en las autonomías y el PP prepara un desembarco de sus barones en la Cámara para que participen en el debate. No en vano, las sesiones de esta comisión contemplan la participación de los presidentes de las autonomías. Está por ver si, además de los populares, también acudirá alguno otro. 

El PP coloca la sesión en plena precampaña de las elecciones catalanas y ofrece todos sus barones enzarzarse en un debate sobre la ley que defienden a capa y espada tanto ERC, como Junts. Tienta, así, al catalán Pere Aragonès a acudir de nuevo (ya ocurrió en octubre) para defender la postura de Esquerra y de todo el bloque independentista. Fuentes de ERC califican de "ruido" la estrategia del PP, a quien acusan de no querer hacer un "debate serio" sobre la amnistía. Por otro lado, ni confirman ni desmienten que Aragonès vaya a coger el AVE Barcrlona-Madrid. De todas formas, es imposible, a estas alturas, leer ningún gesto al margen de la precampaña para las elecciones catalanas. Cualquier movimiento se puede leer como una oportunidad.