PSOE y Unidas Podemos han asumido públicamente este martes que deberán "adaptar" el acuerdo que sostiene al Gobierno de coalición tras el impacto de la pandemia del coronavirus, que ha sumido al país en una profunda crisis. O, al menos, que deberán ser "flexibles" con su aplicación, también con el objetivo de sumar apoyos para los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Los dos partidos lo han reconocido en genérico, sin especificar ninguna renuncia concreta, si bien el Gobierno que vertebran tiene la vista puesta en el plan anticrisis de la UE, y esperará a que esté más desarrollado antes de dar nuevos pasos.

El Consejo Europeo comenzará a negociar este viernes los detalles de este plan, aunque difícilmente habrá un acuerdo hasta el mes de julio, como reconoció el martes el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba. Antes de estudiar nuevos escenarios, primero toca conocer hacia dónde se encarrilarán las negociaciones europeas, como afirmó en la misma jornada el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique.

"Tendremos que esperar a las decisiones de las instituciones europeas", decía, ya que el nuevo cuadro macroeconómico dependerá de "los paquetes de estímulo", de "préstamo y de transferencia directa". Una vez explorado este escenario, conocidas las partidas concretas, la "clave" estará en el plan fiscal que lo acompañe, y por tanto en los recursos con los que contará el Gobierno, y en las reglas sobre cómo utilizarlos.

No obstante, y más allá de aceptar esta "adaptación" del acuerdo, siempre en genérico, en Unidas Podemos mantienen su rechazo a recortes o a subidas masivas de impuestos. Nadie contempla hoy por hoy retrasar el cumplimiento de promesas tan importantes como la derogación de nuevos artículos de la reforma laboral, cuestión que previsiblemente retomará el Ministerio de Trabajo y Economía Social con patronal y sindicatos en las próximas semanas.

De hecho, en Unidas Podemos ponen el acento en la reforma fiscal para recaudar más entre las grandes empresas y fortunas, en la modernización de la actividad industrial o en el mantenimiento de las medidas desplegadas en el paraguas del escudo social contra el virus que, según indican, han venido para quedarse, así como en el necesario aumento en la inversión sanitaria.

Como resumía el propio Echenique, la situación "exige que tengamos flexibilidad", pero el pacto de coalición, "como todos los acuerdos", "exige su cumplimiento". Echenique no forma parte del Gobierno, pero es el fundamental portavoz de Unidas Podemos.

Montero ve el pacto como "hoja de ruta", pero insiste en poner "los pies en el suelo"

El martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, insistió en que el Gobierno "tiene que adaptar el marco de prioridades", "repriorizar sobre lo priorizado", dada la "ola" que ha azotado al país. El acuerdo "impregna la totalidad" de las acciones del Ejecutivo, es su "pegamento de cohesión" y su "hoja de ruta", y no se contempla modificarlo, sino "adaptarlo, modularlo", en base "al entorno y al momento concreto", con "los pies en el suelo", siempre según Montero.

Esto es: habrá que seleccionar qué medidas pueden llevarse a cabo en los próximos meses, y cuáles deberán esperar hasta una etapa posterior en esta legislatura. "Es obvio que, tras la peor epidemia en 100 años, uno tiene que analizar lo que había acordado previamente", respondía poco después Echenique. 

Desde el Gobierno, además, siguen acentuando sus gestos hacia Ciudadanos, partido que ha apoyado las últimas tres prórrogas del estado de alarma, y al que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, reconocía este martes su "actitud constructiva". Calvo fue quien lideró la representación del Ejecutivo en su reunión del viernes con Ciudadanos, en Moncloa, que sirvió para constatar ese "diálogo constructivo" con el partido de Inés Arrimadas.

De vuelta al martes, la propia Montero incidía en el hecho de que el Ejecutivo no cuenta con mayoría parlamentaria para llamar a todas las fuerzas a participar en la elaboración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2021, que el Gobierno quiere presentar en tiempo y forma, a más tardar el 30 de septiembre.

Montero destacaba el peso que debe tener la comisión de reconstrucción en el Congreso para componer las nuevas cuentas, y urgía una vez más a fuerzas como ERC y Ciudadanos, que son antitéticas, a entenderse: "Es ahora o nunca"; "No es momento de vetos cruzados", toca poner el foco en las propuestas a discutir, más que en "quién las ha puesto encima de la mesa", argumentaba.

Sin embargo, el problema de ERC con Ciudadanos, y de Unidas Podemos con el mismo partido, no sólo tiene que ver con estos "vetos", sino con sus diferencias en lo económico, fiscal y social -por más que Montero presuma de la "sintonía de todos los departamentos" en el Ejecutivo-.

Así, la formación de Pablo Iglesias sigue celebrando que Cs se haya comportado como un partido de derechas "responsable" en lo que respecta a las prórrogas del estado de alarma, y le invita a apoyar unos Presupuestos sociales. También tiene claro que el partido de Arrimadas difícilmente respaldará unas cuentas públicas que incluyan medidas con el sello morado. No es cuestión de vetos, sino de las recetas a aplicar para salir de esta crisis, sostienen.