Tanto el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, reiteraron este lunes en la presentación del su proyecto de Gobierno que era un acuerdo marcadamente “progresista”. Lo cierto es que el acuerdo incluye medidas claramente de orientación de izquierdas, y que engloban en líneas generales los programas políticos con los que ambos partidos se presentaron a las elecciones.

Sin embargo, hay cesiones por las dos partes. Las medidas fiscales no son tan ambiciosas como quería Unidas Podemos y se marca el equilibrio presupuestario como objetivo del Gobierno. Pero el PSOE también abre la puerta al mínimo vital de carácter universal -en su programa solo lo vinculaba a familias con hijos/as- o asume la derogación de la reforma laboral y no sólo sus aspectos más lesivos.

Sobre Catalunya y el modelo territorial el acuerdo pasa de puntillas, y sobre vivienda o migraciones hay poca concreción en las medidas que apuntan, pero el acuerdo sí incluye compromisos firmes en materia educativa, en políticas de igualdad o en pensiones.

Estos son los principales compromisos adquiridos por la futura "Coalición progresista", como la han denominado PSOE y Unidas Podemos, con sus promesas y sus inconcreciones, en un documento de más de 50 páginas que no incluye memoria económica pese a las medidas de gasto social que contiene.

Reforma laboral y empleo

El acuerdo firmado entre los dos partidos incluye, expresamente, la derogación de "la reforma laboral de 2012”, pero no la elaborada durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, y cuya anulación también pedían los sindicatos.

Aunque se menciona la derogación de la reforma, se fijan como principales objetivos y más urgentes los que solicitaban los sindicatos: derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y eliminar las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. También se contempla derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Pero la principal medida que contempla este apartado es la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores "del siglo XXI", previo diálogo con los agentes sociales. A tal efecto, "se podrá constituir un grupo de trabajo para su redacción, integrado por expertos y expertas de reconocido prestigio, del ámbito académico y profesional".

Antes de esa reforma global, el acuerdo contempla también modificar el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

También se incluye en el acuerdo la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea.

En otro amplio apartado, se plantean medidas para mejorar y reforzar las políticas activas de empleo, la revisión de las causas por despidos o la elaboración de un plan nacional de emprendimiento social. También hay numerosas medidas para potenciar la Formación Profesional. Las líneas generales de los programas de ambos partidos están recogidas.

Medidas fiscales

En materia fiscal, el preámbulo del acuerdo ya indica la necesidad del equilibrio presupuestario, pero se incluyen numerosas medidas fiscales que han supuesto cesiones tanto por parte del programa de Unidas Podemos, como por parte del PSOE.

Así, el pacto contempla subir el IRPF dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros -Unidas Podemos pedía un umbral más bajo- y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros. Además, el tipo estatal sobre las rentas del capital subirá en cuatro puntos a partir de 140.00 euros.

El PSOE, de esta forma, accede a la subida de impuestos a las rentas más altas, algo que había eliminado en su último programa electoral de cara a las elecciones del 10 de noviembre.

También se fijará un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, que subirá hasta el 18% para los bancos y empresas energéticas.

Todas estas medidas, por tanto, no afectarán a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles.

Asimismo, se contempla la creación de un Impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar aquellas operaciones de la economía digital que actualmente no tributan; y otro impuesto sobre las transacciones financieras, consistente en gravar las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. No se especifica más.

Pensiones

En este apartado se recogen los compromisos adquiridos por los dos partidos en esta materia. Así, se plantea un acuerdo para un nuevo Pacto de
Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones.

También aparece el compromiso de actualizar las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente, así como aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. En este apartado, no se habla de llevarlo al texto constitucional, como proponían los socialistas en su programa.

De igual manera, se plasma un compromiso para reformar el sistema de la Seguridad Social para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo. Entre otras medidas, se apunta garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios.

También aparece el compromiso de eliminar el Factor de Sostenibilidad y el
Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la ley.

Una de las novedades que incluye el acuerdo es el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social. Se dice que se comenzará en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos. Es decir, la primera piedra para el Ingreso Mínimo Vital universal, que no se contemplaba en el programa socialista.

Educación

Como se recogía en el programa de los dos partidos, el acuerdo se compromete a aprobar una Ley Básica de Educación que derogue la LOMCE y "sus consecuencias negativas", y que "blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa en estos años", se afirma.

Además, se dice que la nueva Ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión, por un lado, y por otro, la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, sea por sus necesidades educativas especiales o por sexo.

En este sentido se añade que se impedirá "la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos". "Igualmente se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias de que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo", explicita el texto.

Asimismo, la nueva ley recogerá que la asignatura de religión será de carácter voluntario para los estudiantes, "sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos".

Vivienda

La vivienda ocupa parte importante del acuerdo con diversas medidas encaminadas a frenar el alza de precios del alquiler, aunque sin concretar la mayoría de ellas. Se promete aumentar el presupuesto estatal para vivienda aunque no especifica cuánto, según informa Jairo Vargas.

También abre la puerta a que comunidades autónomas y ayuntamientos puedan regular las subidas abusivas de los precios en determinadas zonas, siempre basándose en índices de precios públicos. Identifica el uso turístico de vivienda como uno de los problemas causantes del encarecimiento en determinadas ciudades y dará a las comunidades de vecinos la posibilidad de limitar este negocio en las fincas, aunque es una medida que ya opera de forma incipiente.

Fomentar el alquiler asequible es el principal objetivo, y para ello se pondrá en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas para ofrecer alquileres a "precios asequibles". Será un plan de cuatro años con subvenciones a propietarios para mejoras en eficiencia energética y accesibilidad. También prometen movilizar el mercado la vivienda vacía. Para ello, identificarán legalmente las figuras de "gran tenedor" de vivienda, la de "vivienda vacía" y promoverán medidas fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizarlas a "precios razonables".

Asimismo, prometen alternativas para los afectados por desahucios derivados de impago del alquiler, más protección para las personas hipotecadas y se reforzará el alquiler social mediante convenios con la Sareb, movilizando suelo público para la construcción de viviendas sociales y se blindará la vivienda social ante la venta a fondos buitre. También se fija un impuesto del 15% sobre los beneficios no distribuidos de las Socimis, la sociedad preferida por los fondos buitre para gestionar su gran patrimonio inmobiliario y, ahora, exenta de impuestos.

Migración

El nuevo Gobierno se propone hacer dos reformas de calado relacionadas con la protección internacional y el derecho de asilo, aunque no detalla hacia dónde van encaminadas ni qué aspectos concretos va a modificar.

PSOE y Unidas Podemos se comprometen a elaborar una nueva Ley de Asilo "que se adapte a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales". La actual ley es de 1984 y fue revisada diez años después. La incógnita es si esta nueva ley será más garantista o más restrictiva, a tenor del drástico aumento de solicitudes de asilo registrado en España en los últimos años. En ese sentido, también prometen modificar el sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de Protección Internacional "para hacerlo más eficiente y solidario". Un anuncio que llega cuando han saltado las costuras del actual, totalmente desbordado ante el aumento de solicitantes. Para ello, se habilitará un "Fondo estatal de integración" para colaboración entre Estado, autonomías y ayuntamientos.

También habla el documento de implementar "vías legales y seguras para una inmigración "justa y solidaria", desarrollando el Pacto Global para las Migraciones (Acuerdos de Marrakech) y del Pacto Mundial sobre los Refugiados de la ONU. Del mismo modo, se reforzará la ayuda para la cooperación al desarrollo.

Memoria histórica

Las principales novedades del acuerdo en materia de Memoria Democrática son la “recuperación inmediata” del Pazo de Meirás, actualmente en manos de la familia Franco, para el patrimonio público, y la auditoría de “bienes expoliados por el franquismo para devolverlo a sus legítimos titulares”, según informa Alejandro Torrús.

El futuro Gobierno también se compromete a estudiar “las vías legales” para retirar honores a las personas que cometieron actos criminales durante el franquismo y que no fueron juzgados entonces, como es el caso del expolicía Billy el Niño.

Cabe destacar también que el Estado se hará cargo de las exhumaciones y declarará nulas las condenas de los tribunales franquistas. La principal ausencia entre estas medidas, no obstante, es la falta de toda referencia a la Justicia, hasta ahora pilar imprescindible de Unidas Podemos en sus propuestas de Memoria Democrática.

Feminismo

El acuerdo presenta las políticas feministas que quieren desarrollar desde el Gobierno, entre las que se encuentra la lucha contra la violencia machista, contra las agencias de vientes de alquiler, la abolición de la tasa rosa o medidas para acabar con la brecha de género en ciencia y tecnología, según informa Erly Quizphe.

Para garantizar la igualdad, dice el acuerdo, se impulsará “la equiparación por ley de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles” de forma progresiva para 2021. (Actualmente las mujeres cuentan con 16 semanas de baja y, a partir de enero, los padres tendrán 12 semanas).

El acuerdo para el nuevo Gobierno también busca que se cumpla el Convenio de Estambul a través de una ley que proteja la libertad sexual y por la que se reforme “la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales”. De esta manera se busca "blindar" que sólo “sí es sí”.

El Gobierno también quiere garantizar “los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual y estado civil”, así como “la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas de IVE, su integridad física y moral”.

Ley mordaza

El acuerdo contempla aprobar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya a la “ley Mordaza” para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Esta nueva legislación, que ambos partidos se comprometen a que verá la luz en el menor tiempo posible, estará basada en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía.

En particular, regulará entre otros, el derecho de reunión, la identificación y el registro corporal, la identificación de los agentes y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal.

Política territorial

El acuerdo pasa de puntillas sobre el conflicto de Catalunya, al que le dedica sólo una frase: “Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”.

Eso sí, el acuerdo compromete al Gobierno a dar cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional y traspasar a la Generalitat de Catalunya aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut en materias como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional. Este compromiso ya lo había adquirido el PSOE.

En el resto de este apartado del acuerdo se apuesta por propuestas ya conocidas: la convocatoria de una conferencia anual de presidentes, buscar mecanismos de mejora de coordinación entre el Gobierno y las comunidades, y entre las propias comunidades autónomas; o la mejora y clarificación de la distribución competencial entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

También se recoge el compromiso de fortalecer la participación de las comunidades autónomas en las instituciones comunitarias de la Unión Europea y un nuevo sistema de financiación, sin demasiadas precisiones.