Movilizar la vivienda vacía y limitar las subidas desorbitadas de los precios del alquiler son los principales objetivos del acuerdo de programa de Gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos en materia de vivienda. Un acuerdo que recupera algunas medidas que ya pactaron en 2018 y que no llegaron a ponerse en marcha ante la falta de presupuestos y la convocatoria anticipada de elecciones.

Un “buen punto de partida” o una lista “buenas intenciones”, según diversos colectivos por el derecho a la vivienda, que avanzan que estarán “vigilantes” debido a la falta de concreción de gran parte de las promesas que, de momento, “sólo están sobre el papel”.

El texto recoge gran parte de los problemas para el acceso a la vivienda que llevan años denunciando colectivos como los sindicatos de inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), aunque las soluciones propuestas siguen resultando “tímidas” a ojos de los movimientos sociales.

Sánchez e Iglesias acuerdan ampliar progresivamente el presupuesto para vivienda, aunque no hablan de porcentajes. Sí retoman la intervención pública para frenar las “subidas abusivas del alquiler”, aunque delegando esta posibilidad en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, a los que dará competencias para declarar “zonas de mercado tensionado” y regular estas subidas en base a unos índices de  referencia de precios que aún tienen que elaborarse. La medida ya se acordó entre ambas formaciones en 2018, aunque no llegó a incluirse en el decreto que reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La PAH echa en falta que en el índice de precios de referencia no se tengan en cuenta los ingresos de las familias y advierte de que “ir marcando aisladamente zonas tensionadas es ir provocando que la burbuja solo se vaya trasladando” en lugar de desaparecer.

El pacto también coloca el alquiler turístico en la diana, aunque sólo dotará a las comunidades de vecinos de potestad para limitar o prohibir esta actividad. Una medida cosmética, ya que no llega al fondo del asunto: los pisos turísticos que operan sin licencia y el efecto de las plataformas digitales de oferta de pisos vacacionales como Airbnb, apunta Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters de Barcelona.

Movilizar vivienda vacía

La puesta en el mercado del alquiler de vivienda vacía es otra prioridad del acuerdo, que hace hincapié en el “uso social” de la vivienda. Para ello, el nuevo Gobierno definirá legalmente términos puestos sobre la mesa desde hace años por el movimiento por la vivienda, como “gran tenedor” o “vivienda vacía”. El objetivo es promover medidas "fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo", para movilizar a "precios razonables" la vivienda vacía detectada, aunque siempre desde un marco autonómico o municipal. También pretenden sacar en alquiler social parte de los activos inmobiliarios de la Sareb, conocida como “banco malo”, mediante convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas.

Del mismo modo, se habla de destinar suelo público para la construcción de vivienda “en alquiler social o asequible”, con apoyo financiero del ICO y del BEI. La idea es “estimular” la oferta privada de alquiler, pero también aumentar la pública, ahora blindada ante futuras ventas a fondos buitre.

Las Socimis tributarán un 15%

Las Socimis, sociedades inmobiliarias dedicadas al mercado del alquiler, que gozan de grandes beneficios y exenciones fiscales, pasarán a tributar un 15% sobre los beneficios no distribuidos. Los sindicatos de inquilinos las hacen responsables del aumento de los precios del alquiler a nivel nacional. El PSOE no hablaba de ellas en su programa, mientras que Podemos prometía eliminarlas, ya que sirven de paraguas societario a los grandes fondos de inversión y a entidades financieras que han copado gran parte del mercado de la vivienda tras la crisis. El término medio entre socialistas y la formación morada ha sido este gravamen, que afectará el 20% de los beneficios de estas sociedad (están obligadas a distribuir el 80% entre sus miembros), aunque siguen exentas del impuesto de sociedades y bonificadas casi totalmente en el impuesto de trasmisiones patrimoniales.

Protección para hipotecados y desahuciados

El documento firmado por Sánchez e Iglesias también recoge alternativas habitacionales “inmediatas” para los afectados por desahucios derivados de impago del alquiler, aunque no lo desarrolla. También promete fomentar el alquiler social para desahucios hipotecarios de vivienda habitual y contempla “obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda”. Medidas que “suenan bien” para la PAH, aunque de difícil aplicación sin un parque público de vivienda social.

En cuanto al mercado hipotecario, el nuevo Gobierno se pone como objetivo una mayor protección del deudor, impulsando “mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad”. También reforzará la coordinación entre juzgados y servicios sociales para evitar situaciones de desamparo y convertirá en obligatorio un informe a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan garantizar una alternativa habitacional.

Son solo algunas de las medidas demandadas desde hace años por la PAH y otros colectivos, que siguen destacando una gran ausencia en esta hoja de ruta gubernamental: la dación en pago retroactiva de la vivienda hipotecada como mecanismo de defensa y de segunda oportunidad.