"Este procedimiento está costando mucho dinero a las partes [Corinna y Juan Carlos] porque es muy complejo y, encima, acapara mucho tiempo a la Administración de la Justicia", espetó con hastío el pasado noviembre, a los abogados, la jueza Eleanor King, presidenta del Tribunal de Apelación que libró al rey emérito de ser juzgado de acusaciones de Corinna mientras era jefe de Estado, hasta su abdicación el 18 de junio de 2014. Tendrá que responder de las alegaciones ocurridas desde 2014 hasta la primavera de 2020.

La jueza añadió: "Es un caso serio e importante, que tiene gran repercusión pública y está costando una fortuna, así que no lo tomen como un folletín". El tono enojado de la magistrada se ha visto justificado con las cifras de dinero en costes hechas públicas por el tribunal. Cuando tratan de caudales, de forma pública, el tema se ventila en un pispás. La parte perdedora debe pagar los costes que incluyen a los abogados del bando contrario, o una aproximación a los honorarios reales.

El pasado marzo, el juez Matthew Nicklin sentenció que el rey no tenía dispensa para ser juzgado, perdía el caso, y, por consiguiente, tenía que abonar los costes del procedimiento: 235.000 libras (270.250 euros). Sus abogados asintieron con la cabeza y no dijeron ni mu. En la última sentencia sobre inmunidad, el pasado 6 de diciembre, ganada por Juan Carlos, a Corinna le ordenaron a pagar 320.000 euros. Ninguna de las partes disputa las cifras. El dinero no parece ser problema ni obstáculo en esta causa.

Estas cifras de costes aproximados son públicas porque las plantea el juez en sus intervenciones. Sin embargo, resulta más opaco calcular cuánto cuesta la totalidad del proceso, que lleva dos años empleando a una veintena de abogados o procuradores de los bufetes más caros de Gran Bretaña o Abu Dabi con ramificaciones en España y en paraísos fiscales en más de un continente. La factura empezó a sumar en diciembre de 2020 cuando Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Syan presentó una demanda civil (excluye pena de prisión y exige retribución económica) contra Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, tal como figuran los nombres en la documentación oficial. La demanda le acusaba de tres delitos: acoso, vigilancia ilegal y difamación. Y le pide compensación económica por ocho razones, desde la instalación de sistemas de seguridad en las viviendas o gastos médicos por no poder dormir hasta la pérdida de ingresos, en comisiones, por la presunta difamación.

Para iniciar el pleito, Corinna contrató un equipo de abogados encabezado por James Lewis y Jonathan Caplan, y seguidos de Adam Chichester-Clark, Andrew Legg, Michael Kim y Robin Rathmell, además de una empresa de comunicación (Tancredi Group) que atiende su imagen y los enlaces con los medios. En sus apariciones en las vistas presenciales, a las que solo ha faltado a la del pasado noviembre que le fue adversa, Corinna asistía rodeada de hasta siete personas contratadas. Abogados y procuradores cobran de 300 a 2.500 euros por hora de trabajo. Los de Kobre & Kim, representantes de Corinna, son de los más cotizados de Londres.

Por su parte, el emérito se armó para su defensa de la firma de abogados Clifford Chance, de las más caras y antiguas de la City, de la que prescindió tras perder la inmunidad en marzo. En julio contaba con otros. El primer equipo estaba encabezado por Daniel Bethlehem e integrado por Philippa Webb, Belinda McRae, Ben Silverstone, Jeremy Kosky, Sarah Macdonald, Laura Hasson, y de enlace en España Javier Sánchez-Junco.

Para la vista del pasado julio, en la que un tribunal de dos jueces sentenció que Juan Carlos I podía apelar su inmunidad hasta junio de 2014, el rey emérito estuvo representado por el nuevo equipo de abogados de la firma Carter-Ruck, encabezado por Guy Martin y Timothy Otty, y seguido de Paul Luckurst, Lawrence Northmore-Ball, Charles Enderbysmith y Katharine Silverleaf. Letrados que salieron vencedores por librar al monarca de juicio por alegaciones de 2012 a 2014. La sentencia que puede juzgar a Juan Carlos por cargos posteriores a junio de 2014 es firme e inapelable.

En la jerarquía judicial de Inglaterra y Gales, la máxima instancia es el Tribunal Supremo, al que llegan pocos casos. El sumario de Corinna contra el emérito se libra en el Alto Tribunal o Superior de Londres.

Fuentes de la abogacía inglesa manifiestan a Público que "la duración y complejidad de este pleito conlleva muchos asesores, especialmente, por la jurisprudencia en inmunidad del ex jefe de Estado, sin entrar en temas de jurisdicción o en la naturaleza de las acusaciones". Según esta opinión, la causa de Corinna "está generando mucho interés en la abogacía, porque normalmente el demandado pierde. Sin embargo, en la última vista el rey ha ganado; un caso poco frecuente porque a los jueces no les gusta contradecirse". El abogado, con varias décadas de trabajo en los tribunales de Londres, cree que "a cada parte les cuesta varios millones de libras lo que están haciendo; el nombre de los bufetes son legendarios en remuneraciones y la documentación que manejan exige mucho trabajo".

Otra fuente de la abogacía, con menos experiencia que la anterior, pero familiar con temas de inmunidad, manifiesta a Público que "una causa como esta, con cuatro vistas presenciales de uno o dos días [diciembre 2021, marzo, julio y noviembre] y el número de abogados y procuradores implicados, más los requerimientos administrativos, no baja de los dos millones, como cálculo conservador, para cada parte, y más aún si se tienen en cuenta las cifras aproximadas marcadas por el juez de cientos de miles en costes".

Todo rezuma a dinero en la demanda de Corinna contra el emérito, quien le pide 65 millones de euros, procedentes de Arabia Saudí y otorgados a ella, como testaferro, y amante, para depositar en una cuenta de Nassau (Bahamas). En la demanda, Corinna no fija cifra exacta de compensación por pérdida de ingresos a raíz de la presunta difamación, si bien calculó estas pérdidas en Financial Times en torno a "decenas de millones de euros". Según ella, Juan Carlos la tachó de ladrona ante la realeza árabe y potentados como Pepe Fanjul, Allen Sanguines-Krauzea o Wafiq Said dejaron de contratarla como comisionista porque el monarca la acusaba del robo de 30 millones de euros.

Mientras la judicatura inglesa continúa con las pesquisas de cómo o cuándo juzgar a Juan Carlos por la causa posterior a 2014, Corinna Larsen entretiene al personal con sus podcasts en los que, ofuscada por la realeza, ignora los cinco millones de dólares (4,5 millones de euros) obtenidos del Banco Nacional de Kwait o los dos millones de dólares (1,8 millones de euros) otorgados por el Gobierno de Baréin tras un viaje del ex jefe del Estado español a esos países, y depositados por ella en cuentas de Suiza. Tampoco identifica "las compañías" con las que "trabajaba" o "los contratos" que le generaban ingresos procedentes de países árabes. Términos genéricos para cifras millonarias exactas. En el podcast todo es de color de rosa: los millones para el piso de Juan Carlos en Londres, igualito al de ella; los menús que ella le guisaba; o lo mucho que sabe de armas y tiro y viajes por el mundo.

En España, Juan Carlos I ha quedado libre de culpas con la Justicia y Hacienda por prescripción, inmunidad o regularización de los presuntos delitos financieros. En Suiza, la Fiscalía archivó en diciembre pasado la investigación sobre el origen de su dinero, entre otras razones, por falta de colaboración de los países de origen de las transferencias, aunque Corinna Larsen y los dos representantes del emérito fueron multados con 50.000 euros por los costes de la investigación.