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14F Catalunya¿Qué proponen los partidos para la reconstrucción económica en Catalunya?
Con una tasa de paro del 13,9%, las formaciones políticas se comprometen a abordar los estragos de la crisis, apostando por la recuperación de la industria y por una economía verde y digital.
Barcelona-
Catalunya cerró el año 2020, el primero de la pandemia, con 538.000 parados, lo que representa un 13,9% de la población activa, según los datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA). A esta cifra hay que añadir los 172.000 que se encuentran inmersos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Con este escenario, el reto inminente de los partidos políticos que se presentan a las elecciones al Parlament de Catalunya parece claro: reconstruir los destrozos que la covid-19 ha dejado en la economía y evitar que estos se cronifiquen en el ámbito social.
Aunque las recetas económicas varían en función de la ideología de cada formación, todas coinciden en un denominador común: reimpulsar la industria y apostar por una producción verde y digitalizada. A continuación, repasamos las propuestas de los ocho partidos con representación parlamentaria actualmente.
Junts per Catalunya: La creación de un Banco Nacional
Como medida inmediata para afrontar la crisis pandémica, el partido liderado por Carles Puigdemont plantea un plan de choque para mantener la ocupación y luchar contra las necesidades sociales derivadas de la pandemia. Apuesta por crear el Banc Nacional de Catalunya y seguir potenciando la Agencia Tributaria catalana.
ERC: La apuesta por la economía del valor
Pasar de la economía del volumen a la del valor. Es el objetivo de los republicanos, que apuestan por un sistema que busque rendimientos sólidos y sostenibles, que generen más estabilidad. Para logar este propósito, ERC se centra en sectores económicos emergentes como la biotecnología, el ámbito digital, la industria de la movilidad y la economía circular. La previsión es crear un ecosistema emprendedor y competitivo a 10 años vista a través de la reconversión.
PSC: La Agenda por el Buen Trabajo
Durante los seis primeros meses de gobierno, el PSC se compromete, a través de un acuerdo con los agentes económicos y el mundo local, a impulsar una Agenda por el Buen Trabajo y las nuevas oportunidades como salida a la crisis de la covid-19. Para mejorar la ocupación, los socialistas catalanes garantizan el fomento y la protección de la economía social y solidaria. Asimismo, se comprometen a promover un plan de promoción de las ocupaciones verdes. Este se pactaría con el sector empresarial y los sindicatos.
Ciudadanos: Un plan contra la precariedad económica
La formación de derechas, que culpa al Procés de la marcha de más de 7.000 empresas de Catalunya, propone un plan contra la precariedad, basado en el trabajo de calidad, la vivienda asequible y el apoyo a las empresas y a los autónomos. Para garantizar la igualdad de oportunidades, Cs plantea un pacto contra la despoblación para asentar la justicia social. En las pensiones, promete presionar al Gobierno espanyol para recuperar el consenso alcanzado con el Pacto de Toledo.
En Comú Podem: Creación de una banca pública
Para superar la presión de los mercados financieros, los comuns plantean la creación de una banca pública desde la que se impulsen líneas de créditos especiales para pymes, emprendedores, entidades sociales y proyectos de investigación, innovación y desarrollo. Paralelamente, En Comú Podem planea una ley para garantizar el derecho a un trabajo digno. Para ejecutarla, detalla que sustituirá la norma actual por otra que impulse un marco de relaciones laborales y un sistema garantista del trabajo digno.
CUP: Implantación de una Renta Básica Universal
Garantizar un ingreso mínimo del 60% de la renta media de la población. La medida, que supondría unos 735 euros mensuales por adulto, es una de las propuestas de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Para financiarla, precisa que la modificación del IRPF gravaría más a las rentas más elevadas, pero beneficiaría a la mayoría de la población. De hecho, los anticapitalistas consideran que con la iniciativa un 80% de los trabajadores verían incrementados sus ingresos. También plantean una renta máxima, para gravar con el 100% determinado nivel de fortuna.
PP de Catalunya: Poner en marcha una línea de préstamos
Los populares catalanes plantean poner en marcha una línea de préstamos y avales, a través del Institut Català de Finances (ICF), de menos de 100.000 euros para microempresas y autónomos a tipos de interés 0 y hasta 10 años de retorno para garantizar la liquidez de las actividades. Con el objetivo de apoyar a las empresas catalanas, el PPC quiere incrementar en 10 millones de euros las ayudas a la internacionalización. Actualmente, asegura, la Generalitat solo destina 18 millones de euros.
PDeCAT: Aspiración de gestionar los fondos euroepeos
Para afrontar la recuperación económica, una de las claves es la gestión de los fondos europeos, Next Generation. En este contexto, el PDeCAT reivindica que la distribución de estos incorpore una reserva relevante para las pymes y que la Generalitat participe en la selección de los proyectos. Cree que para financiar la recuperación en los diferentes sectores económicos es necesario que el Govern que surja de las urnas negocie un nuevo sistema de financiación.
Superávit de 728 millones de euros
Hasta el noviembre del año pasado, Catalunya generó un superávit de 728 millones de euros, cifra que supone el 0,34% del PIB. Los datos del Ministerio de Hacienda muestran que hace un año, el valor estaba casi un 50% por debajo, ya que se situó en los 386 millones (un 0,16% del PIB). Hacienda justifica la estadística positiva en el caso de las autonomías por las medidas para garantizar los recursos económicos por la pandemia. El impacto de estas iniciativas sobre las cuentas públicas en Catalunya ha sido de 1.375 millones de euros. En el total estatal, el importe supera los 7.000.
La gestión de los impuestos resurge otra vez en campaña
Cada campaña electoral resucita el debate sobre la gestión fiscal y la conveniencia de subir los impuestos. En caso de que se concrete, la duda está en donde colocar el límite para aplicarla. Para las elecciones al Parlament de Catalunya del 14 de febrero, las iniciativas son diversas, pero todas abordan modificaciones fiscales. Desde Cs, se apuesta por reducir la burocracia y bajar los impuestos. La fórmula de la formación neoliberal implica suprimir el Impuesto de Sucesiones, como hecho en otras comunidades autónomas donde gobierna, y combatir el fraude fiscal y la corrupción para evitar los incrementos impositivos.
En cambio, Junts per Catalunya aboga por moderar la fiscalidad del trabajador, beneficiar a las pymes y a los autónomos, profundizando en la tributación ambiental. En relación al tema salarial, ofrece la concertación con los agentes sociales y económicos para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional por encima de los 1.200 euros mensuales. ERC, socio de gobierno de JxCat, apela a la soberanía fiscal. Más allá del sempiterno debate sobre si subir o bajar los impuestos, los republicanos plantean desplegar una Agencia Tributaria de Catalunya con capacidad propia para gestionar los tributos.
En el caso del PSC, la propuesta se centra cambiar determinadas partidas. Así, los socialistas quieren profundizar en la modificación del Impuestos de Sucesiones y el de Patrimonio, recuperando el impuestos sobre los depósitos bancarios. Mientras, En Comú Podem se concentra en el IPRF para introducir un tipo marginal del 50% para rentas superiores a los 100.000 euros anuales. La acción forma parte del objetivo de implantar un sistema fiscal más equitativo. En la misma línea, la CUP quiere impulsar una reforma fiscal progresiva, que grave las rentas del capital y penalice a quién más tenga.
Por su parte, el Partido Popular de Catalunya proyecta una reforma fiscal que pregona la bajada de los impuestos. Una rebaja de la escala autonómica del IRPF, bonificar al 99% el Impuesto de Sucesiones y derogar algunos de los impuestos del actual Govern son algunas de sus opciones. El Impuesto de Sucesiones también es el caballo de batalla del PDeCAT, que sugiere una bonificación del 99% y recoge la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Para mejorar la competitividad, promete eliminar el impuesto que grava las actividades de extensión de cable telemático.
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